Andrea Doval.-
El miércoles 18 de enero periodistas de Venezolana de Televisión registraron durante una movilización de la oposición a personas comiendo de la basura, hecho que luego fue reseñado por el periódico El Nacional. Tres días antes el presidente de la República Nicolás Maduro, en su discurso de memoria y cuenta realizado en el Tribunal Supremo de Justicia, había anunciado que, a pesar de la crisis económica del 2016, se logró reducir la pobreza general de 19,7% a 18,3% y la extrema del 4,9% al 4,4%.
La realidad expuesta por el jefe de Estado contrasta con las alertas que han hechos algunas agrupaciones, como la organización no gubernamental Provea, que, luego de advertir sobre un estancamiento en la lucha contra la pobreza, ahora habla de un incremento de este indicador.
De acuerdo con el informe anual 2016 publicado por la asociación, en el 2013 el Instituto Nacional de Estadísticas indicó que la pobreza se incrementó en 6,1%, situándose en 27,3% en el segundo semestre de ese año. En términos de personas esa estadística significaba que 9.174.142 se encuentran en situación de pobreza, de los cuales 2.791.292 están en extrema pobreza.
“Al registrarse ese aumento el INE decidió no publicar más cifras oficiales”, apunta Provea en su estudio.
Durante su alocución Maduro exigió reforzar las políticas sociales en los sectores más humildes, entre ellas la misión Barrio Adentro y la misión Negra Hipólita, que ofrecen atención médica gratuita y amparo a las personas con problemas médicos o psiquiátricos en situación de calle.
Desde el gobierno del presidente Hugo Chávez hasta el de su sucesor Nicolás Maduro las misiones han constituido el mecanismo del Estado para erradicar la pobreza, cuya efectividad es debatida por organismos nacionales e internacionales, políticos y medios de comunicación.
“Las estadísticas oficiales del gobierno de Venezuela están entre las más opacas que existen en el mundo”, advierte el economista Guillermo Rodríguez González al momento de analizar la efectividad de los planes sociales diseñados por el Ejecutivo.
El especialista señala que los organismos públicos no solo han dejado de publicar cifras, sino que a veces se contradicen. “El Instituto Nacional de Estadística presenta resultados que no coinciden con los del BCV o con los ministerios”, apunta.
El economista duda de la fiabilidad de los números oficiales, ya que, a su juicio, es patente el incremento de la pobreza y la miseria en Venezuela.
“El resumen general de lo que está sucediendo con la estadística del gobierno venezolano es que está funcionando aproximadamente como funcionaba la estadística del gobierno soviético. Básicamente es propaganda”, agrega.
Rodríguez explica que el “boom” del gobierno venezolano ocurrió entre el 2003 y el 2011, cuando, financiado por el elevado precio del barril de petróleo, diseñó e impulsó las políticas sociales configuradas como misiones. Asegura que a partir del 2012 comenzó una contracción económica, consecuencia de la caída del precio del petróleo y la reducción de la  capacidad de gasto.
“Al caer, sobre todo, la capacidad de importación, comienzan a verse los efectos de la destrucción del aparato económico por el crecimiento del Estado, que es normal en una economía socialista”, explica.
El economista señala que las misiones están llenas de contradicciones porque el Estado no tiene un sistema que responda de forma general al conjunto de necesidades, lo que, a su juicio, se refleja en que hay aspectos, bien dotados de recursos, que cumplen objetivos específicos y generan resultados numéricos, mientras que otros, que requieren mayor inversión, se descuidan y no materializan sus metas.
“El problema es que todo eso lo tiene que soportar una producción económica y, lamentablemente, los sistemas socialistas son sumamente improductivos porque no tienen capacidad de coordinación, destruyen el sistema de precios, descoordinan todo el aparato productivo y tienden, naturalmente, a desperdiciar recursos. Entonces al tener un sistema con esas características, y con unos gobernantes que pretenden ser populares, la única solución es poner los recursos en áreas de bajo costo y de alto impacto y descoordinar todavía más lo que incluso sí estaría en sus capacidades de planificar”, agrega.
Rodríguez ilustra este punto explicando un ejemplo en el sector salud: “se pueden operar a muchos viejitos de cataratas al ser relativamente barato, hay existencia de recursos y se cuenta con médicos traídos de Cuba; pero si alguno de ellos tiene otra necesidad de salud, como encontrar un medicamento o requerir una intervención quirúrgica, se encuentra con que no existe ninguna capacidad para cubrirla”.
El economista afirma que el sistema de misiones se inició con un objetivo electoral que evitarse al presidente Chávez perder el referendo revocatorio del 2004. Recuerda que las primeras en ser lanzadas fueron la Misión Barrio Adentro y la Misión Identidad.
“Visto que funcionaba de ahí en adelante comenzaron a desarrollar misiones con esa misma filosofía, es decir, identificar un problema que pueda tener alto impacto sobre la imagen del gobierno, sobre resultados electorales, y concentrar un conjunto de recursos en un problema específico, que, por supuesto, no se concentró con el resto de los sistemas que atiende esa área. Soluciona muy bien un problema inmediato pero abre otra serie de huecos en el sistema”, comenta.
Según Rodríguez, la otra parte del problema radica en que estas políticas sociales tienen una intención fundamentalmente política, por lo que, al tener menos recursos, el gobierno se centra en atender a los que le sean leales.
“El sistema de misiones está creado como un sistema de privilegio para lealtades políticas. Mientras más destruida está la economía, menos economía privada existe y más dependen las personas del Estado, más eficientes son con ese sistema de privilegios”, apunta.
El especialista plantea que para erradicar la pobreza lo primero a considerar es que el soporte de cualquier actividad pública o privada sea una economía sana y productiva. Afirma que para esto se necesita estabilizar la moneda y controlar el gasto.
“Con ese nivel de reducción del gasto daría al Estado una capacidad de utilizar mecanismos de mercado para subsidiar la demanda y hacer pequeñas transferencias puntuales a los sectores que están en situaciones de miseria extrema, tratando no convertir esos mecanismos en un sistema permanente, sino combinarlos con el propio crecimiento económico para que esas personas integren el crecimiento económico y no se queden atrasadas”, concluye.
* Andrea Doval es estudiante de Comunicación Social de la Universidad Monteávila.
