Según el criminólogo Mármol García la eficacia de la alcabala policial como medida de seguridad preventiva es muy baja. Las denuncias por situaciones irregulares en los puntos de control son cada vez más frecuentes
Andrea Medina.–
En todas partes a lo largo y ancho del país se ha vuelto algo común y corriente pagar “un fresco” al pasar por una alcabala y el “matraqueo”, como se le conoce coloquialmente a la extorsión, la cual ha pasado de ser un crimen inexcusable a algo recurrente y casi similar a un pago de un impuesto o peaje que no responde a ninguna regulación o ley.
Una estrategia por parte de los cuerpos policiales que desde marzo de 2020 ha crecido exponencialmente debido al estado de alarma y las medidas tomadas por el gobernante Nicolás Maduro para prevenir la propagación del coronavirus, medida que ha sido catalogada múltiples veces como inútil y deficiente por los medios al ser poco efectiva.
Durante este año de cuarentena, las redes sociales se han atiborrado de historias, relatos y denuncias de cómo los ciudadanos han tenido que lidiar con los extorsionistas vestidos de uniforme, de cómo han tenido que pagar o incluso las consecuencias de no hacerlo.
Sin embargo, aunque se sabe que el matraqueo no es algo nuevo en la realidad del país, los expertos aseguran que ha evolucionado hasta el punto en el que ha llegado a establecerse en las calles venezolanas como un modus operandi común y corriente.
¿Qué pasa en las alcabalas?
Antonio D’Agosto vive en Guarenas, a 15 minutos de Caracas. Él realiza su viaje por la autopista Gran Mariscal de Ayacucho todos los días para ir a su lugar de trabajo en la California Sur, pero hay días en que esos 15 minutos se vuelven eternos. ¿La culpa? El embotellamiento que generan las numerosas alcabalas a lo largo de la autopista.
Mencionó que a veces lo dejan pasar fácilmente y que otras veces no tiene tanta suerte, pero que entre los puntos de control que más fastidian está la de la Policía Nacional, quienes siempre lo paran.
“Lo que hacen es pedir dinero, piden dinero para la comida, o piden que les compres un refresco”. Estos comentarios junto al matraqueo incesante son la misma cosa de la que también se quejan otros ciudadanos.
De igual manera, D’Agosto contó que es fácil ver cómo detienen a los camiones que transportan alimentos y les quitan la mercancía. “Igualito tengan permiso o no tengan permiso ellos le quitan, hacen su mercado. Tú los ves que agarran bolsas y les bajan comida”. Él, al igual que muchos otros venezolanos considera que las alcabalas son “una pérdida de tiempo, de dinero y se prestan para la matraca”.
Efectividad en dudas
Según Fermín Mármol García, abogado criminalista y director del Instituto de Ciencias Penales, Criminológica y Criminalística de la Universidad Santa María, las alcabalas como políticas preventivas permanentes tienen una eficacia muy baja para detener y reprimir crímenes en flagrancia, tan baja que estadísticamente hablando es solo del 2%.
Las alcabalas son funcionales y cumplen un papel esencial únicamente en circunstancias muy específicas bajo causas extraordinarias, como en situaciones en las que se intente frustrar un secuestro, robos a entidades bancarias, fugas de prisioneros, etcétera, comentó.
La desconfianza de la población en las alcabalas no es reciente. Casos como el de los hermanos Faddoul en 2006, de los estudiantes de la Universidad Santa María asesinados en Kennedy, Caricuao; el secuestro del empresario Filippo Sindoni son antecedentes marcados en la memoria colectiva y las reiteradas denuncias a través de las redes sociales de abusos o situaciones irregulares vinculadas con el uso de las alcabalas solo avisa este temor.
Defensiva del gobierno
Estas situaciones irregulares junto a sus respectivas quejas y demandas han llegado a tal escala que son difíciles sino hasta imposibles de ignorar, por lo que algunos personajes del gobierno han hablado públicamente al respecto.
Ese es el caso de Freddy Bernal, llamado Protector del estado Táchira y Coordinador Nacional de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, quien en una entrevista el pasado 19 de marzo le certificó a los alcaldes andinos y a los jefes de los cuerpos de seguridad que podían contar con todo su apoyo para combatir las mafias y la corrupción causada por funcionarios policía-militares.
Bernal los catalogó como “funcionarios inescrupulosos, que matraquean a los transportistas” al expresar su repudio a esta situación en una reunión con el í“rgano Superior de Transporte del Táchira. “El presidente Nicolás Maduro ha ordenado una lucha frontal contra la corrupción. Sea quien sea, se llame como se llame, tenga el uniforme del color que tenga. Eso no podemos permitirlo”, expresó.
Posición similar asumió el gobernador del Zulia, Omar Prieto, al denunciar el continuo matraqueo “en dólares” en los puestos de vigilancia de la entidad.
“Le informé al general Eliezer Pereira, comandante del Cuerpo de Policía del Zulia, que las alcabalas están prohibidas. Todas las operaciones de seguridad deben coordinarlas con el General Castillo Rengifo, comandante de la ZODI 11 Zulia”, dijo el mandatario regional el 20 de enero de este año.
Sin embargo, y a pesar de esta situación, la alcabala policial sigue siendo un punto seguro de control en cada esquina, sobre todo en las semanas no flexibles, la orden es emitida por el propio presidente Nicolás Maduro y coordinada por el ministerio de Interior y Justicia. La matraca y la corrupción parecieran endémicas en el país.
*Andrea Medina es estudiante de la Universidad Monteávila
Buenos dÃas excelente explicación. Pero quisiera saber, sobre la inspección en el interior de los vehÃculos en los puntos de control diseminados en nuestro paÃs Venezuela, creo que hay un artÃculo del COPP que prohÃbe esto me pueden aclarar.