Economía para la gente | Lo visible vs. lo invisible (V)

Rafael J. Ávila D.-

La inflación resta valor al bolívar. Foto: photopin (license)

En el artículo anterior continuamos revisando algunos efectos colaterales de la inflación, que tal vez no se ven muy claramente y no son muy evidentes: las consecuencias causadas por las formas en que el gobierno trata de resolver la inflación, y que podrían resumirse en un corregir errores con errores. Y por esta razón es que creo que ha valido la pena analizarlas con detalle, y lo seguiremos haciendo en este artículo y en los sucesivos.

Ya hemos revisado el caso de los salarios, las tasas de interés, las gavetas bancarias, el tipo de cambio, alquileres, aranceles y cuotas de importación, como regulaciones impuestas y precios que el gobierno comienza a controlar en su búsqueda de detener la inflación y que no resuelven el problema de fondo, sino que originan otros.

Sigamos ahora con otros controles que los gobiernos aplican y que terminan siendo un corregir errores con errores. Recordemos que para resolver el problema inflacionario, los gobiernos acuden a controles de precios, con el argumento que si la inflación es el alza de los precios, entonces la solución es sencilla: controla el precio.

Control de precios de bienes y servicios: también la inflación se refleja en el alza de los precios de bienes y servicios fundamentales, básicos y social y políticamente sensibles, como son los alimentos y bienes de primera necesidad, y los servicios de los sectores salud y educación. El encarecimiento de estos bienes y servicios genera malestar en la sociedad, opacando la gestión del gobierno, pero usualmente no la opaca ante los ojos de la gente porque éste aplique políticas inflacionarias, que es lo invisible, sino porque ha permitido que algunos comerciantes defendiendo su interés propio, coloquen precios elevados a los productos que comercializan, y no interviene para corregir el problema y castigar a los especuladores. Esta es la opinión más común. Y no se interprete como que se está desconociendo que alguien quiera aprovecharse de la distorsión. Por supuesto que puede aparecer quien se aproveche y especule y acapare, pero hay que identificar quién está originando la situación, cuál es la raíz del problema, y son las políticas inflacionarias del gobierno.

Pero una vez más la sociedad exige al gobierno que actúe y resuelva el problema, y aparece la regulación de precios como política que se pretende solucione el entuerto. Así el gobierno, haciendo gala de su pretendida omnisciencia, o de su pretendida cualidad de agente perfecto que siempre persigue el bien común, coloca un precio publicitado como «justo» para “defender” al débil de la relación comerciante-cliente, que es el cliente, el pueblo. Si el nuevo precio controlado, asignado desde el escritorio de un funcionario público, es inferior al precio que en su libre juego el mercado habría determinado, habrá un exceso de demanda ante una reducida oferta, es decir, más unidades queriendo ser compradas que las que son ofrecidas, lo que ocasionará escasez del bien.

Los bienes controlados durarán muy poco en los anaqueles de los comercios, y cada vez que aparezcan desaparecerán más rápido. Las personas al percibir este comportamiento del producto tenderán a comprar mayores cantidades en la oportunidad que tengan, para así abastecerse, pues por una parte saben que los precios podrán subir, y por otra, no saben cuándo tendrán nuevamente la oportunidad de adquirir el bien. Al operarse esta situación, como sociedad caemos en la «tragedia de los comunes», y los bienes escasean más aún. Entonces, el gobierno entra en escena nuevamente, y como suele ocurrir, impondrá lo que considera una solución: limitar la cantidad del bien que el comprador, el ciudadano, puede adquirir, pues desde la visión del mundo que tiene el gobierno, ahora los mismos ciudadanos con su “interés propio” atentan contra la sociedad queriendo adquirir mayores cantidades del bien. Una vez más, la «huida hacia adelante»: tratar de resolver un error con otro, no atendiendo a la verdadera causa del problema. Y ante la expectativa de escasez y alza del precio del producto, se generan incentivos a que existan vendedores que acaparen el bien, para aprovechar la situación y poder vender más adelante a un precio más elevado; pero de nuevo, esta situación negativa y por ello criticable, no es la causa del problema, es sólo un reflejo de la política inflacionaria del gobierno.

Hagamos un breve alto para recalcar lo visible: los culpables son los comerciantes, acaparadores y especuladores, y los ciudadanos abusadores, que persiguiendo su interés propio y sus ansias de riqueza, se aprovechan de la situación. Ahora destaquemos lo invisible: el origen del problema que es la política inflacionaria del gobierno.

Entonces, el control de precios que ha generado escasez, y luego un control en la cantidad que puede ser adquirida, no ha resuelto el problema de fondo. La demanda sobre los bienes seguirá existiendo y ante la imposibilidad de que el mercado regulado la satisfaga plenamente, aparecen los mercados paralelos en los que, por su opacidad, se mimetizan malos vendedores con los buenos. El mercado busca por donde salir, como el agua entre los dedos. A fin de cuentas, para poder conseguir el bien, el ciudadano va a pagar un mayor precio, lo que por lo tanto es una materialización de la inflación (aquella que se pretendía erradicar), a pesar del precio «justo» regulado, pero con el riesgo de que el vendedor incumpla en calidad o cantidad, pues el mercado es opaco.

La inflación afecta al consumidor venezolano. Foto: photopin (license)

La escasez desbordada también le crea mala reputación al gobierno, y las facciones opositoras lo saben y explotan comunicacionalmente, así que comienza a darse algo bien curioso: el péndulo escasez-inflación. Se controlan los precios de una cesta de bienes básicos, pero la inflación y el elevarse del costo de la vida sigue, los empresarios no tienen incentivos a producir, pues no lo harán asumiendo pérdidas (sus costos suben por la inflación, como a todos en la sociedad, pero no pueden trasladarlo al precio), por ende, se reduce la oferta, que combinada con una mayor demanda, genera escasez del bien. Cuando la escasez se hace intolerable políticamente para el gobierno, este revisa la regulación y «ajusta» los precios, es decir, vuelve a hacer el imposible cálculo económico del nuevo precio «justo» y los incrementa, con eso y sin reconocerlo, acusa una rezagada inflación acumulada y contenida artificialmente. y se devuelve el péndulo: los ajustes hacen que los bienes aparezcan en los anaqueles, pero con alza de precios que acusan una inflación contenida; es decir, más caros.

Pero como no se liberaron los precios, sino que siguen controlados pero a un precio un poco más alto, además que sigue la inflación haciendo de las suyas, pues no se ha atendido la verdadera causa, paulatinamente comienzan a escasear nuevamente: se regresa el péndulo al otro extremo. Lo más curioso es que este movimiento pendular delata el fracaso de la medida de control de precios, sin embargo se sigue aplicando y justificando, no sólo por parte del gobierno, que lógicamente lo hará, sino ante la mirada impávida de toda la sociedad que termina siendo cómplice. Y si agregamos que las empresas productoras modifican aunque sea ligeramente el producto para eludir la regulación, y así poder vender a un mayor precio, pues más evidencia del fracaso del control es. Esta es una salida que consigue el mercado: la empresa para seguir subsistiendo, y el comprador para poder consumir el producto de alguna forma. Dado esto, el gobierno reacciona con más burocracia para vigilar, y la lista de artículos regulados se va extendiendo.

Una vez más, lo visible vs. lo invisible. Lo visible: comerciantes en apariencia especuladores y acaparadores, la escasez y mercados «negros»; vs. lo invisible: el origen de todo, que está en la inflación, cuyo responsable es el gobierno. De nuevo, ganadores vs. perdedores. Ganan: el gobierno, que además ahora para «vigilar» al “ávido de riqueza y salvaje” mercado debe crear más burocracia con organismos de control; el comerciante especulador y acaparador, y el que trabaja en la opacidad del mercado paralelo que se crea. Pierden: los ciudadanos de a pie, que deben pagar productos más caros y sortear obstáculos para superar la escasez de los bienes más básicos. A largo plazo pierde la sociedad como un todo: perdemos todos.

Como si no fuera ya suficientemente mala la situación descrita anteriormente, basado sobre el argumento de “luchar contra la especulación y el acaparamiento”, y como el más “noble defensor” del bien común y de los intereses del pueblo, el gobierno podría dar el paso a tomar control de empresas, amparado en mecanismos legales. Y ahora el gobierno, que ya es regulador, se hace empresario y productor de bienes, lo que constituye un clarísimo conflicto de intereses. Dado que el gobierno no tendría incentivos a ser un buen empresario, lo más probable es que sus decisiones sean tomadas bajo un cristal político y no de rentabilidad económico-financiera. Aparece de nuevo el riesgo moral y el problema entre el agente y el principal (Teoría de la Agencia), pues nosotros los ciudadanos no hemos elegido al gobierno (el agente) para que sea empresario, y con el dinero de los contribuyentes tome decisiones no alineadas al interés de la sociedad (el principal), como la de mantener una empresa ineficiente, que coloca en sus productos precios que no compensan los costos y gastos, para justificar un control de precios, y que por imagen política no tomaría la decisión de reducir salarios o personal, pues sería inconveniente y utilizado en su contra por factores opositores.

De esta forma se subsidian empresas, y cada vez mayor número de empresas, pues una vez que el gobierno emprende esta ruta, mientras no se resuelva el problema en su origen, que es la política inflacionaria, siempre habrá incentivos de tomar el control de otra empresa, para respaldar la política de control de precios y «garantizar» el suministro de bienes en la economía. Lo que curiosamente termina ocurriendo es que la escasez en el mercado «legalizado» se hace mayor. No desaparecen los mercados paralelos, sino que estas empresas estatales los alimentan. Particularmente en la industria de alimentos y productos agropecuarios, la prédica es que se toma control de las empresas para «garantizar» la soberanía y seguridad alimentarias, para ser verdaderamente «independientes». Lo que termina ocurriendo es que se deben importar más bienes y se va destruyendo el aparato industrial y agrícola doméstico.

Entender la economía política de los controles, identificar ganadores y perdedores, nos permite entender por qué es difícil cambiar el statu quo.

Bueno amigos, dejémoslo en este punto por los momentos. Continuaremos revisando las consecuencias causadas por las formas en que el gobierno trata de resolver la inflación, y que podrían resumirse en un corregir errores con errores, en el próximo artículo: viendo lo que se ve y lo que no se ve, sus ganadores y sus perdedores.

* Rafael J. Ávila D. es decano de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas y director del Centro de Estudios para la Innovación y el Emprendimiento de la UMA.

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