Carla J. Mendoza.-
Odebrecht es un conglomerado de negocios especializados en ingeniería, construcción y productos petroquímicos, fundado en 1944 en el Salvador de Bahía, Brasil. La compañía actualmente se extiende por más de 20 países a nivel mundial.
En junio de 2015 la policía brasileña arrestó a Marcelo Odebrecht, presidente de la compañía, por supuestos casos de corrupción y negociaciones clandestinas con distintos países principalmente de América Latina. Después de varios meses, el empresario accedió a confesar y delatar, a cambio de rebajar 10 años la condena de 19 años que le habían impuesto. Otros 77 altos cargos de la empresa se prestaron también a dar nombres, fechas y sumas a la policía.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó, el 21 de diciembre de 2016, una investigación sobre la constructora brasileña, en la que se detalló que la misma habría realizado coimas de dinero y sobornos, a funcionarios públicos del gobierno de 12 países (Angola, Mozambique, Colombia, México, Panamá, Guatemala, República Dominicana, Perú, Argentina, Venezuela, Ecuador y EEUU), con el fin de obtener beneficios en contrataciones públicas.
Sólo en Brasil la compañía desembolsó 349 millones de dólares en sobornos y logró ganancias por 1.900 millones; según cifras oficiales. Odebrecht obtuvo al menos unos 12 mil millones de dólares en beneficios en contratos en unos 100 proyectos con los países mencionados.
“La corrupción en América Latina es un flagelo que ha existido desde hace mucho tiempo. El caso Odebrecht es simplemente un reflejo del mismo,” apuntó el internacionalista Gustavo Paniz.
Además de Brasil el caso Odebrecht ha tenido repercusiones judiciales en otros países de la región. En Perú el juez Richard Concepción Carhuancho dictó 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente Alejandro Toledo.
Toledo es acusado de recibir 20 millones de dólares de la constructora para favorecerla en la licitación de la Carretera Interoceánica Sur, que une, a través de la selva amazónica, a Perú y Brasil. Se le imputan los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos.
El gobierno peruano, que ha añadido al expresidente a la lista de los delincuentes más buscados del Ministerio del Interior, dispuso una orden de captura nacional e internacional y ofreció una recompensa de 30.000 dólares por información sobre su paradero. El ministro de Interior, Carlos Basombrío, informó que Toledo se encuentra fuera del país y que no tiene intención de volver a Perú, puesto que alega ser víctima de una persecución política.
El juez aseguró que Odebrecht obtuvo la licitación de la Carretera Interoceánica gracias a un cambio en las reglas de juego de la concesión, y que Toledo no mantuvo su neutralidad como presidente de la República.
Paralelamente Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en Perú, recientemente confesó que la empresa también entregó 3 millones de dólares a la campaña del expresidente Ollanta Humala en 2011.
La Auditoría Superior de la Federación en México encontró irregularidades en dos contratos del 2014 entre Petróleos Mexicanos y la constructora brasileña. El pasado diciembre algunos representantes de la empresa confesaron haber pagado 10,5 millones de dólares en sobornos a altos funcionarios para ganar contratos con una compañía de la que no revelaron el nombre.
En el caso de Ecuador entre 2007 y 2016 la Odebrecht realizó pagos por 33,5 millones de dólares a funcionarios del gobierno, que le reportaron 116 millones en ganancias, según reveló el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
“El hecho de que un caso de corrupción con tales dimensiones haya explotado pone en entredicho los sistemas de fiscalización, contratación y los sistemas de apoyo político que se han dado en toda la red de gobiernos latinoamericanos. Desde esta perspectiva, tanto las asambleas nacionales como los parlamentos tienen que establecer puntos más rígidos de fiscalización, donde los criterios estén mucho más claros, para evitar que se generen este tipo de sistemas corruptos que sobre todo lo que están mellando es la credibilidad en el sistema democrático”, enfatizó Paniz.
En Panamá y República Dominicana la multinacional brasileña cerró un acuerdo con las autoridades para pagar una indemnización por la trama de sobornos y colaborar en la investigación de los mismos si es necesario. La firma se comprometió a pagar 184 millones de dólares en compensación al Estado dominicano y 59 millones a la república panameña.
Durante los 13 años en los que gobernaron los Kirchner en Argentina, Odebrecht hizo grandes negocios y aportó a “intermediarios” en Buenos Aires más de 35 millones de dólares que le permitieron acceder a muchos contratos. El actual presidente argentino, Mauricio Macri, también se ha visto señalado en acusaciones similares.
El director general de la Agencia Federal de Inteligencia de Argentina, Gustavo Arribas, íntimo amigo del presidente, ha tenido que declarar ante la justicia argentina por unas transferencias de casi 600.000 dólares que le hizo en 2013 Leonardo Meirelles, la persona que utilizaba habitualmente Odebrecht para pagar sus sobornos. Macri ha defendido a su amigo y denunció como falsas tales acusaciones.
La empresa confesó haber pagado en Colombia 11 millones de dólares en sobornos. La fiscalía colombiana aseguró que parte del dinero, recibido por un exsenador detenido a principios de año, había sido sido utilizado en la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014. Este hecho fue confesado por el exsenador detenido, pero aún no se obtienen pruebas físicas del mismo.
“¿Qué podría suceder de forma positiva? Pues que los estados y sus poblaciones tomen conciencia de esta situación y empiecen a generar sistemas de fiscalización y auditoría más estrictos y eficientes, para impedir que las mafias o cúpulas corruptas tengan la oportunidad de actuar sin ningún tipo de control. Por otro lado, de forma negativa, también podría suceder que se generen olas demagógicas, personas que tomen el poder alegando que van a acabar con los corruptos, aprovechándose de la gente que ha comenzado a perder la fe en la democracia”, apuntó Paniz.
En el caso específico de Venezuela, los datos aportados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos señalan que funcionarios del gobierno recibieron sobornos por más de 98 millones de dólares entre los años 2006 y 2015.
Se trata de la suma más elevada que pagó la compañía como soborno a un gobierno fuera de Brasil. El objetivo de Odebrecht era obtener información confidencial sobre proyectos y garantizarse concesiones.
“Era de esperar que en Venezuela ni los políticos ni el pueblo se pronunciaran de la manera en que se deberían pronunciar ante un caso tan escandaloso como este, dado que nosotros estamos sumergidos en una dinámica política mucho más compleja. Desde hace mucho tiempo estamos viviendo en los términos más grises de la democracia. “ afirmó Paniz.
Muchas de las obras asignadas a Odebrecht, iniciadas en el 2006 bajo la gestión de Hugo Chávez, se encuentran inconclusas hasta la fecha.
“Algún día habrá que levantar un monumento en homenaje a la compañía brasileña Odebrecht, porque ningún gobierno, empresa o partido político ha hecho tanto como ella en América Latina para revelar la corrupción que corroe a sus países ni, por supuesto, obrado con tanto empeño para fomentarla”, escribió el Premio Nobel Mario Vargas Llosa, en la columna de opinión que el 19 de febrero del 2017 publicó en el diario El País de España.
* Carla J. Mendoza es estudiante de Comunicación Social de la Universidad Monteávila.
