Luis Fernando Rosales.-
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dividió el poder en cinco ramas (Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral), las cuales tienen el mismo peso e importancia dentro de la estructura del Estado. Sin embargo, en los últimos meses, particularmente tras el triunfo opositor en las elecciones parlamentarias realizadas el pasado 6 de diciembre, dos cabezas de poderes, la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia, han mantenido un largo pulso enmarcado dentro de la actual crisis que atraviesa el país.
El parlamento está integrado por 167 diputados pertenecientes a los 23 estados del país, el Distrito Capital y la representación indígena. El artículo 187 de la Carta Magna le otorga competencia para legislar en materias de competencia nacional y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del poder nacional; proponer enmiendas y reformas constitucionales; organizar y promover la participación ciudadana; decretar amnistías; discutir y aprobar el presupuesto nacional; dar voto de censura el vicepresidente ejecutivo y a los ministros.
El máximo juzgado, conformado por 32 magistrados, está a la cabeza del sistema judicial. Tiene, según el artículo 266 del Texto Fundamental, la potestad para declarar si hay o no méritos para el enjuiciamiento del presiente, el vicepresidente, los ministros, el procurador general, el fiscal general, el contralor general, el defensor del pueblo, los gobernadores, los generales y almirantes de la Fuerza Armada Nacional, y de los integrantes de la alta corte; dirimir las controversias administrativas que se susciten entre la república, algún estado, municipio u otro entre público; estudiar recursos de interpretación sobre contenido y alcance de las leyes.
La diputada Marialbert Barrios aseguró que la mayoría opositora en el parlamento está intentando cumplir su función legislativa y contralora con “mucha humildad, sin dejar de lado a los que piensan distinto». Sin embargo, enfatizó que no existe separación de poderes en la actualidad, dado que, a su juicio, el gobierno, el TSJ Y el CNE “trabajan en conjunto para favorecer a un pequeño grupo que se encuentra al mando, aunque fue un gran logro para los venezolanos el haber conquistado una mayoría en la Asamblea durante el pasado 6 de diciembre”.
“El Poder Legislativo está discutiendo leyes para la Venezuela por la que luchamos y que todos queremos, trabajando de la mano con la gente”, agregó.
La ex presidente de la extinta Corte Suprema de Justicia, Cecilia Sosa Gómez, enfatizó que el gobierno no acepta el hecho de haber perdido el control absoluto que mantenía en el parlamento. Subrayó que el país atraviesa su peor crisis en materia de leyes debido a que, según señaló, desde el Ejecutivo se aprueban decretos sin contenido jurídico.
La jurista destacó que ni siquiera durante la hegemonía de AD y Copei se observó “semejante manipulación del Poder Judicial por parte del Ejecutivo”, el cual, a su juicio, «reiteradamente intenta entorpecer el trabajo de la Asamblea Nacional».
* Luis Fernando Rosales es estudiante de Comunicación Social.
