Miguel Teixeira.-
La Organización de Estados Americanos (OEA) nació en 1948 para resguardar la continuidad democrática del continente americano y velar por el respeto de los derechos humanos. Sin embargo, esta premisa estipulada en el artículo número dos de la ley que constituye el manual interno del organismo multilateral, no permite, a diferencia de formaciones como la Organización de Naciones Unidos (ONU), interferir directamente en los asuntos internos de un país.
El abogado Mariano De Alba, experto en Derecho Internacional, asegura que la OEA posee ciertas herramientas diplomáticas que solo apelan a la presión internacional y a la persuasión de dirigentes del gobierno a buscar soluciones a los problemas que atañan al país.
Sin embargo, durante los años 60, en palabras del ex embajador Antonio Rodríguez Yturbe, el organismo multilateral se transformó en “un club de presidentes cuyas decisiones se daban para cubrir las espaldas de cada uno”, cuestión que se evidenció profundamente durante los años siguientes con el surgimiento de los regímenes producto de golpes de estado que atestaron el cono sur del continente.
Después de este período se puede encontrar el primer movimiento de la organización hacia un verdadero papel de monitoreo y ordenamiento sobre la región. En abril de 1992, en Perú, el entonces presidente Alberto Fujimori decidió disolver el Congreso de la República una vez le fue denegada la concesión de un mayor poder que dejaría prácticamente inservibles a los parlamentarios. Esta decisión fue tomada como un autogolpe que quebrantaba el espectro democrático y ponía en riesgo a los gobiernos vecinos.
Tras el fraude electoral que se registró en Perú en el 2000, que precipitó la caída de Fujimori, la OEA, en vista del limitado impacto que representó en el conflicto, decidió empezar la formulación de lo que sería la Carta Democrática. Esta, en primera instancia, representa un soporte y una suerte de seguro para la organización que permitía a la misma penalizar con la expulsión a algún país que presente una ruptura en el orden democrático.
En Venezuela se ha vuelto famoso el nombre de esta herramienta diplomática. Rodríguez Yturbe asegura que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, “ha hecho un buen trabajo al respecto y tiene muy claro lo que significa la democracia en un país así como la defensa de los derechos humanos”. En este sentido convendría tener en cuenta un antecedente relevante, además de reciente, como lo es el caso de Honduras en 2009. En aquel año el presidente Manuel Zelaya, violando la Constitución del país, inició un proceso para poder optar a la reelección. La situación, ya en principio apremiante, es agraviado por el hecho de que el apartado en la Carta Magna se encuentra “blindado”, lo que quiere decir que existe una ley aparte de la que compete a la reelección que prohíbe hacer modificaciones o posibilitar de cualquier manera se lleve a cabo tal proceso. En vista de esto, el Poder Judicial intentó actuar en contra de esto y la OEA, llegando a la mayoría calificada de 24 países a favor, activó la Carta Democrática, enviando primeramente una misión de apoyo y consecuentemente expulsando a Honduras de la OEA.
Para De Alba este tipo de acciones son las herramientas que tiene la OEA para poder ejercer su fuerza en el hemisferio, y bajo su opinión el organismo multinacional tiene buenas opciones para combatir los atentados en contra de la democracia con la Carta Democrática y los derechos humanos a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
A pesar de esto especifica que en el caso de Venezuela ambos instrumentos parecer ineficientes, el primero por la actitud de Venezuela al respecto de esta organización y el escudo contante que representa la interpretación del principio de soberanía nacional. Con respecto a la CIDH, Caracas se desprendió por voluntad propia del mismo. Sin embargo subraya “Hay que tener en cuenta que lo que está sucediendo en Venezuela tienen que solucionarlo los venezolanos y es irreal pensar que algún país se molestaría en hacerlo”, subraya De Alba.
Ambos expertos concuerdan en que es imperante recordar que las medidas que tome la OEA apelan a la presión internacional que pondría en una posición difícil el mantenimiento de los lazos comerciales con la región. De Alba especifica que también se mantendrían los contactos con dirigentes del gobierno para intentar recuperar, de una manera menos traumática, la democracia.
El caso de Venezuela es particular por dos hechos importantes. El primero de estos siendo el diálogo que sostuvo el gobierno con la oposición venezolana. A pesar de que el proceso ha sido calificado como un total fracaso por la Mesa de la Unidad Democrática, algunas instancias internacionales como por ejemplo el gobierno de España no han desechado la opción. Para el abogado, “si el dialogo fracasó la convivencia internacional necesitará por lo menos un mensaje del Vaticano comunicando que el diálogo fracasó para que se puedan tomar las medidas”.
El segundo factor que fluctúa es que las decisiones que se toman en los ámbitos internacionales refieren directamente a la potestad política de los gobiernos miembros de la OEA y siempre optarán por las opciones que no “molesten” a otros gobiernos.
Las reglas fundamentales comprendidas en los documentos de la OEA no son más que guías y no existe en realidad un policía que obligue a apegarse a esos. Sin embargo, para De Alba se trata realmente de “luchar para crear consciencia en los latinoamericanos para elegir gobiernos que sigan los lineamientos que se imponen”.
* Miguel Teixeira es estudiante de Comunicación Social de la Universidad Monteávila.
