Jennifer Suárez.-
En los últimos años diferentes organizaciones no gubernamentales e incluso organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han llamado la atención a las autoridades del Estado por no tomar las medidas necesarias para frenar la vulneración de las garantías ciudadanas del pueblo venezolano.
Recientemente saltó a la palestra el caso de los 12 jóvenes que fueron asesinados en Barlovento, presuntamente a manos de la Operación Liberación del Pueblo (OLP), quienes, de acuerdo con las investigaciones preliminares, arrestaron a estas personas sin una razón válida.
Durante el 2016 se han registrado otros casos que han sido denunciados por promotores de los derechos humanos, como la situación de los presos políticos y la decisión del gobierno nacional de no abrir canales para recibir medicamentos que ayuden a paliar las necesidades de salud de la población.
El presidente de la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida), Francisco Valencia, afirmó en entrevista con Pluma que “es un crimen la retención de los medicamentos enviados desde Chile que se encuentran en el puerto de La Guaira”. Manifestó su preocupación puesto que “varias de las medicinas que se encuentran allí son indispensables para la salud de muchos de los venezolanos y no se consiguen en el país”.
Resaltó la necesidad de que se active la solidaridad internacional para el envío de medicamentos pues “es la única ayuda que tienen aquellas personas que padecen enfermedades crónicas”.
El coordinador general del Programa Venezolano de Educación Acción (Provea), Rafael Uzcátegui, afirmó en entrevista con Pluma que “el orden constitucional de lo que está ocurriendo en el país no se soluciona sentándose en una mesa a dialogar”. Sin embargo, reconoció que dentro de las propuestas del diálogo se observaron aspectos positivos, como la voluntad de allanar el camino para solucionar la crisis alimentaria y de medicamentos que padece el país.
“No existían las condiciones mínimas para que el diálogo se diera y por eso todas las propuestas que realizaron, o en su mayoría, no dieron fruto”, indicó a Pluma el director del Foro Penal Venezolano, Gonzalo Himiob.
Expresó su preocupación por aquellas personas que continúan sometidos a procesos penales por razones políticas. ”Fue muy notoria la poca importancia que le otorgaron en el diálogo a la situación que padecen los presos, exiliados y perseguidos políticos en manos de gente que no conoce ni tiene experiencia en materia de derechos humanos”, acotó.
La situación de derechos humanos en Venezuela fue una de las razones por las cuales Mercosur suspendió a Venezuela como miembro pleno del organismo, tras aducir el incumplimiento de las obligaciones previstas en el Protocolo de Adhesión.
Todos los años se realiza una evaluación en la que se analiza el índice de Estado de Derecho para Venezuela, realizado por el grupo Proyecto Mundial de Justicia (WJP, por sus siglas en inglés), en el que se valoran ocho indicadores: poderes limitados del gobierno, ausencia de corrupción, transparencia en el gobierno, derechos fundamentales, orden y seguridad, reglamentación de la ley, justicia civil y justicia penal.
Durante el 2016 este estudio arrojó un empeoramiento de todos estos aspectos. La peor valoración la recibió Venezuela en justicia penal, en donde se posicionó en el lugar 108 de los 113 países; seguido de ausencia de corrupción, donde se ubicó en el 99° lugar; y en orden y seguridad, situándose en la casilla 94. En el factor de gobierno abierto ocupó el puesto 34; y en derechos fundamentales figuró en el escalón 75.
* Jennifer Suárez es estudiante de Comunicación Social de la UMA.
