Miguel Teixeira.-
La Carta Democrática es un documento que fue aprobado el 11 de septiembre de 2001 y es, para algunos venezolanos que se identifican con la oposición, un brillo de luz que aparta la penumbra a la que se exponen día a día. Una ventana de posibilidades ante las puertas cerradas por las peripecias económicas, sociales y políticas.
En su primer artículo estipula que cada nación del continente americano tiene derecho a la democracia, y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. Para la activación de dicho instrumento es necesaria la presencia de factores que atenten en contra del buen funcionamiento de la democracia en un país. El abogado Mariano de Alba, especialista en asuntos internacionales, recalca que “esta resolución describe cuales son los elementos de una democracia, como el respeto de los derechos humanos, la separación de poderes, la libertad de expresión”.
Más allá de las condiciones que imperen en un país, la activación de este instrumento depende de la voluntad de los gobiernos, los cuales, según resalta el ex embajador Edmundo González, “tienen visiones estratégicas e intereses propios. Hay una pluralidad de visiones, de orientaciones ideológicas, todo esto sin perjuicio de que existe un conjunto de normas, principios y valores sobre la democracia que deben ser respetados. Los gobiernos, por lo general, son cautelosos en este tipos de decisiones”.
De Alba explica que este documento fue concebido especialmente para hacer frente a situaciones de golpe de Estado, pero, según recalca, esto no implica que no pueda utilizarse cuando un gobierno no cumpla con sus obligaciones democráticas, situación que, a su juicio, se registra en Venezuela. “La Carta no impone ni puede imponer nada. Si se verifica la situación de este tipo se harán los mayores esfuerzos diplomáticos para ejercer presión sobre el gobierno o sobre la situación para que se recupere la democracia”, subraya.
El abogado expone que la Carta no tiene mecanismos más allá del desconocimiento del país como democrático y la expulsión de este de la Organización de Estados Americanos (OEA), y considera esta segunda sanción poco efectiva para tratar con el gobierno de Nicolás Maduro.
Desde hace varias semanas el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha acusado al presidente venezolano de dirigir un régimen dictatorial e incluso ha pedido la aplicación de la Carta Democrática. González afirma que la posición del diplomático uruguayo “apunta a promover una discusión sobre el caso venezolano en el Consejo Permanente. Recordemos que en junio se realizará la Asamblea General de la organización. No son pocos los gobiernos, parlamentos, dirigentes mundiales, ONG, organismos de defensa de los derechos humanos, entre otros, que han manifestado la imperiosa necesidad de promover el diálogo como mecanismo para encontrar una solución a la grave situación del país”.
A pesar de la relevancia que puedan tener los mecanismos interamericanos desplegados a favor de la pervivencia democrática, de Alba resalta que, “al final, el cambio en Venezuela depende sobre todo de los venezolanos. Lo que sí es cierto es que el régimen necesita ser reconocido al nivel internacional por ser un país petrolero e importar prácticamente todo lo que consume”.
Almagro invocó el día 31 de mayo la convocatoria de una sesión urgente entre los 34 estados miembros de la OEA con la intención de accionar la Carta Democrática en Venezuela. Esta sesión tendrá lugar entre el 10 y 20 de junio de este año y se sostendrá como tema central la crisis venezolana, dando lugar así a la posible expulsión del país del organismo a través de dicha resolución si se obtiene una aprobación de las tres cuartas partes.
* Miguel Teixeira es estudiante de Comunicación Social.
