Marianella Cremi La Riva.-
El coordinador general de Provea y sociólogo, Rafael Uzcátegui, aseguró que el Ministerio Público es un garante de impunidad y que la ONG nunca estará conforme con sus actuaciones, razón por la cual se enfocan en llevar informes de las violaciones de derechos humanos a instancias internacionales, en busca de obtener justicia.
“Estamos trabajando en que los informes de violaciones sean tratados por organismos internacionales, para obtener resultados. No confiamos en el Ministerio Público”, indicó el sociólogo, quien ha trabajado en la documentación de casos de violaciones de derechos humanos, como la masacre de Ikabarú, ocurrida el pasado noviembre.
Uzcátegui explicó que en Venezuela la legalidad ya no existe y que a consecuencia de esto la principal herramienta que tiene la ciudadanía en el país es “el escándalo”, la exposición pública.
En este sentido, lamentó que solo el 10’% de las personas afectadas por las violaciones de los derechos humanos se atreve a interponer la denuncia correspondiente, por temor a represalias.
Acotó que, en el caso de los presos políticos, es normal que los familiares tengan miedo a visibilizar los abusos, porque los funcionarios de los cuerpos policiales los amenazan constantemente con arremeter en contra del privado de libertad si lo hacen.
“Lo primero que le dicen a los allegados de los presos en El Helicoide es: ‘Si vas a la prensa a tu familiar le va a ir peor’. Pero estas personas pierden el miedo cuando ven que las violaciones continúan, cuando se dan cuenta de que el silencio incluso agrava la situación de las víctimas”, enfatizó el coordinador.
En ese orden de ideas, explicó que hay dos sectores de la población que están siendo duramente castigados por Nicolás Maduro: las clases populares y las Fuerzas Armadas, “a través de violaciones sistemáticas y reiteradas a sus derechos humanos”.
En el caso de las clases populares no dudó en señalar la responsabilidad de la Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), cuerpo que la propia Alta Comisionada por los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió eliminar, solicitud a la que ellos se unen.
Uzcátegui aseguró que el fin último del Faes es ejercer el control social para mantener a raya las protestas populares. “Si la clase popular se une a la clase media este gobierno cae”, afirmó.
En el caso de los efectivos militares indicó que actualmente sufren muchos tratos inhumanos, crueles y degradantes. “Esto como un mensaje del gobierno para el resto de las Fuerzas Armadas, para que no estén conspirando en su contra; porque tienen mucho temor de una fragmentación en ese sector”, indicó Uzcátegui.
En el último informe Provea registró 554 víctimas de torturas en los primeros nueve meses del año, implicando un significativo aumento de más del 500% en comparación del 2018. Según esta investigación las principales víctimas de este delito son los presos comunes, seguidos de los funcionarios militares.
En este sentido, el Cicpc aparece como el principal cuerpo violador de los derechos humanos, secundado por la Digcim, especialmente la sede de Boleíta.
Finalmente, el coordinador general contó que Provea está dándole respaldo a organizaciones como la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia para así impedir que esas situaciones permanezcan ocultas y lograr que se conozcan a nivel internacional. Provea denunció en su último informe más de 100 militares víctimas de torturas.
*Marianella Cremi La Riva es estudiante de la Universidad Monteávila
