Andrea Doval.-
En vísperas del 1° de mayo, Día Internacional del Trabajador, el presidente Nicolás Maduro anunció el incremento del salario mínimo integral, el cual ascenderá a 200.021 bolívares. Sin embargo, no todo forma parte del sueldo básico, ya que la mayor parte de ese ingreso, 135.000 bolívares, corresponden al bono de alimentación.
Este anuncio representa un incremento de 65% con respecto al anterior sueldo, que el pasado 18 de febrero había sido decretado por el primer mandatario. Sin embargo, este ajuste no es suficiente para que un trabajador pueda satisfacer sus necesidades elementales, ya que, según estimó el Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros, para el mes de marzo la canasta básica familiar 1.068.643,25 bolívares, mientras que la alimentaria se ubicó en 772.614,30 bolívares.
El economista y profesor del IESA, Richard Obuchi‚ explica que con el aumento del bono de alimentación persiste la sensación de que el ingreso es insuficiente. Explica que no hay una metodología conocida que permita explicar los criterios que se aplican para incrementar la cantidad de dinero que se otorga a través de los cestaticket.
“Se compra menos que antes, lo que es clara evidencia de la altísima inflación que experimentamos en Venezuela, la más alta de nuestra historia y del mundo”, agrega.
El secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, Froilán Barrios, advierte que el trabajador está consumiendo apenas un 30% de lo que requiere para poder tener una vida alimenticia sana.
“Eso desemboca en enfermedades, una condición de vida que ha desmejorado y también se habla de que ha habido una disminución en la de talla de los venezolanos por el hambruna esta que están pasando”, expresa.
Obuchi recalca que, en la práctica, el bono de alimentación es un mecanismo que se utiliza fundamentalmente para evitar los pasivos laborales, es decir, obligaciones por ley que se derivan de los salarios. Destaca que cuando se aumenta el cestaticket más del 70% del ingreso del trabajador no tiene incidencias salariales.
Barrios, quien también lidera el Movimiento Laborista, explica que la bonificación salarial resulta insuficiente para el trabajador porque se calculan los beneficios relacionados con el aguinaldo, utilidades, jornada extra y prestaciones sociales sobre 65.021 bolívares y no sobre 200.021 bolívares.
El sindicalista asegura que los trabajadores están descontento por esta política laboral, ya que entienden que la gran parte del incremento no entra dentro del salario base. “El principal perjudicado es el trabajador que siempre espera sus vacaciones, aguinaldos y utilidades para poder completar su ingreso anual y ya sabe que no lo va a percibir”, sostiene.
Obuchi explica que el Ejecutivo Nacional no decreta un aumenta el salario mínimo porque genera pasivos laborales, es decir, las obligaciones que se derivan según la ley, las cuales se evaden a través del bono de alimentación.
“Siendo el sector público el principal empleador del país y el gobierno el principal empleador, reduce el impacto económico de la medida sobre su presupuesto” agrega.
El sindicalista apunta que el gobierno tiene que frenar la inflación, eliminar de la economía de puertos, suspender las expropiaciones y fortalecer el bolívar a través de un Banco Central autónomo.
Para Obuchi el problema fundamental radica en que los aumentos por decreto terminan generando precios más altos que van a destruir el poder adquisitivo de la población, generando más inflación.
“La única forma de que mejore el ingreso real de las personas o su poder adquisitivo, es que haya una economía que esté creciendo, avanzando, que sea más productiva, donde el trabajo sea más valorado y apreciado porque hay algo que genera valor para la economía” concluye el economista.
* Andrea Doval es estudiante de Comunicación Social de la Universidad Monteávila.
