Alicia ílamo Bartolomé.-
íšnico poder legítimo que tenemos en Venezuela: la Asamblea Nacional, electa por el pueblo en ejercicio de su soberanía por voto universal y secreto. Ni la perversión del Consejo Nacional Electoral compuesto por 5 rectores, 4 de ellos pertenecientes al partido del gobierno –algo absolutamente ilegítimo- pudo hacer las trampas acostumbradas para restar votos a la oposición que constituye la indudable mayoría popular. Los otros dos poderes, ejecutivo y judicial, carecen de legitimidad. El primero, en la figura de su máxima representación, el presidente de la República, fue elegido a dedo incluso cuando no era elegible por extranjero y porque no estaba en la posición correspondiente. El segundo es completamente írrito: no fue electo por vía legal, varios miembros carecen autoridad moral, tienen hasta prontuarios policiales en algunos estados, son de manifiesta incompetencia y están sometidos cual vasallos incondicionales a poder ejecutivo. Mejor dicho, aquí no hay poder judicial sino un mamotreto con el rimbombante nombre de Tribunal Supremo de Justicia que la voz popular llama más bien, y muy adecuadamente, de Injusticia.
El único poder legítimo, queda muy claro, es la Asamblea Nacional. Debemos defenderla a toda costa. No podemos dejar que nos la arrebaten. Es la abanderada en la defensa de la Constitución actual que, si bien no es la más perfecta, por lo contrario, bastante deficiente, porque fue redactada por personas con marcada tendencia política, no por constitucionalistas verdaderos y expertos, es la que tenemos hoy y a la cual debemos remitirnos. Habría sido más lógico y mejor que la asamblea constituyente de fines del siglo pasado hubiera tomado la de 1961, indudablemente la mejor que hemos tenido porque fue redactada por verdaderos conocedores del tema como Rafael Caldera y Jóvito Villalba -por ejemplo- y le hiciera las reformas y enmiendas de actualización según su tiempo. Se cometió, una vez más, el error de las mentalidades en los países subdesarrollados: cambiarlo todo, siempre volver a empezar. Y salió esa constitución cuya principal “virtud” es una redacción larga, repetitiva y fatigante, empeñada en ponerlo todo en masculino y femenino, como si fuera una gran y lograda novedad, cuando sólo es un atentado grotesco a la gramática.
Es de urgente necesidad la legitimación de los poderes para lograr una verdadera democracia. Mientras esto no sea, viviremos un remedo de la misma o una franca dictadura. La Asamblea Nacional es la llamada a restaurar este orden: declarar ilegítimos tanto el poder ejecutivo como el judicial actuales y proceder inmediatamente a reestructurarlos, estos es, convocar a elecciones presidenciales y de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Otro punto es quitar el derecho al voto a los miembros activos de las fuerzas armadas. Estas, para cumplir su papel de defensa y resguardo del pueblo, deben ser neutrales. Si personalmente tienen simpatía por alguna tendencia política, no les toca manifestarla en las urnas. Finalmente, en cuanto al llamado poder electoral, bajarlo de esa categoría que no le compete y ha provocado tanto malestar político, como si un réferi de fútbol sentencia un penalti y lo cobrara él. El Consejo Nacional Electoral es sólo un árbitro, su función es organizar las elecciones, hacer los escrutinios, señalar los ganadores y punto. No le toca hacer la proclamación de estos. Eso corresponde a la Asamblea Nacional.
*Alicia ílamo Bartolomé es decana fundadora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación e Información de la UMA.
