Economía para la gente | Lo visible vs. lo invisible (II)

Rafael J. Ávila D.-

La inflación golpea al sector de los trabajadores. Foto: photopin (license)

En el artículo anterior tratamos el terrible efecto que la inflación tiene sobre el bienestar del ciudadano de a pie en cuanto a la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, y quedamos en revisar unos efectos que tal vez no se ven muy claramente: las consecuencias causadas por las formas en que el gobierno trata de resolver la inflación, y que podrían resumirse en un corregir errores con errores.

Por esta razón creo que vale la pena analizarlas con detalle, y lo haremos, iniciando con este artículo, y en los sucesivos.

Formas en que el gobierno trata de resolver la inflación: corregir errores con errores

El constante encarecimiento de la vida de las personas pone el foco de la atención del público en el gobierno. Es decir, el malestar general que se desencadena producto de la inflación comienza a buscar culpables poniendo el foco en la responsabilidad del gobierno, presionando para que este actúe y resuelva el problema. Además, el gobierno sabe que los sectores políticamente opositores a él blandirán la espada anti-inflacionaria en su contra, señalándolo como el responsable de controlarla, aunque no muy convencidos de que sea el verdadero culpable, mas sí el llamado a resolver el problema.

Esto hace que el gobierno se vea presionado a actuar, tratando de resolver el políticamente inconveniente problema inflacionario, pero lo que muy probablemente nunca hará será reconocerse como el verdadero culpable, y menos hará un mea culpa, sino que se erigirá como el defensor del pueblo en contra de esos “oscuros intereses” que han encarecido la vida del ciudadano de a pie, afectando su bienestar.

En esta búsqueda de culpables, el gobierno señala a terceros: los empresarios, industriales, comerciantes e importadores, principalmente, y en segundo plano a los factores de oposición y a los medios de comunicación por alimentar el clima de opinión negativo al gobierno.

Para resolver el problema inflacionario los gobiernos así acuden a controles de precios, con el argumento que si la inflación es el alza de los precios, entonces la solución es sencilla: controla el precio.

Los precios en la economía que el gobierno comienza a controlar suelen ser:

Salarios: en aras de defender al «débil» de la relación laboral entre empresa y empleado, que se entiende comúnmente al trabajador, el gobierno fija el pago mínimo que debe recibir un empleado en su relación laboral. Esta política se conoce como fijación del salario mínimo. De hecho, hay organizaciones de seguimiento de políticas públicas que con frecuencia emiten indicadores como cuántos salarios mínimos se requieren para cubrir lo que cuesta la cesta básica de una familia, valor que emite a su vez el banco central, y que los medios de comunicación informan masivamente. Y como las políticas inflacionarias son práctica recurrente del gobierno, siempre ocurrirá que este indicador señalará que el salario mínimo es cada vez más insuficiente para cubrir la cesta básica, presionando al gobierno y motivando a un nuevo aumento del salario mínimo. Siempre el salario mínimo irá detrás de la inflación y nunca cubrirá lo indispensable para que una familia «promedio» viva. Y no quiero entrar en el tema de lo absurdo que puede ser medir a todas las familias según la familia «promedio». Pregunto: si es tan fácil la solución del problema que no alcanza el salario para subsistir, con tan simplemente subir el salario mínimo, entonces, ¿por qué los gobiernos no lo duplican o triplican de una vez? Creo que porque no es la solución. ¿No es suficiente muestra de que esa no es la solución del problema el hecho de que tengan que incrementar el salario mínimo con frecuencia? Creo que sí.

La imposición de controles afecta el comercio. Foto: photopin (license)

Pero la historia no termina allí: el aumento del salario mínimo genera desempleo, porque lo que ocurre es que el trabajador como factor productivo se encarece, y al encarecerse hay menos demanda de sus servicios por parte de las empresas. También ocurre que las empresas tratan de seguir produciendo lo mismo con la misma plantilla de empleados tendiendo a incrementar la exigencia sobre cada uno de estos. Aunque tiene consecuencias negativas, ¿por qué sigue existiendo el salario mínimo? Una respuesta puede estar en la economía política: en la lógica de la acción colectiva. La política del salario mínimo es defendida por las organizaciones sindicales, y es vista generalmente por la sociedad como positiva. En esta política hay ganadores y perdedores: ganan los que están trabajando, las personas que gozan de un empleo, y pierden los que buscan trabajo, los desempleados. Las personas que gozan de un empleo, defendidas por las organizaciones sindicales, menos dispersos y más similarmente sofisticados, pueden organizarse mejor y así presionar e influir en los medios de comunicación para que el gobierno se vea motivado a decretar aumentos salariales; mientras que a los desempleados, más dispersos, menos similarmente sofisticados, nadie los defiende, y les cuesta más comunicarse y organizarse. Es más probable ver una marcha o manifestación de empleados exigiendo mayores salarios y reivindicaciones laborales, que una marcha de desempleados exigiéndole al gobierno que elimine el salario mínimo porque desestimula el empleo. De nuevo lo visible vs. lo invisible: el mayor salario mínimo vs. el desempleo y la reducción en las contrataciones, que genera; y la persona con empleo vs. la persona que está buscando empleo. La realidad es que en mayor o menor medida cada vez habrá más personas buscando empleo: las familias se forman, tienen hijos, estos crecen, y salen a buscar trabajo; la población sigue creciendo.

Pero dado que el salario mínimo genera desempleo, los gobiernos emprenden la huida hacia adelante, y para evitar lo políticamente incómodo del desempleo, se erigen en “paladines de la justicia” y defensores del pueblo, del débil, y decretan inamovilidad laboral, para que el “desalmado patrón” no pueda despedir personas a conveniencia. Esta política, en lugar de resolver el problema, es un maquillaje, lo empeora, pues menos incentivos habrá de contratar y emplear a una persona a la que luego se hará prácticamente imposible despedir, si no resultase un empleado conveniente a la empresa. De esta forma se desincentiva la oferta de empleos sostenibles y de calidad, y se estimula la contratación de personas destajo. Así los gobiernos tratan de resolver el problema con otro error, dándole las espalda al verdadero origen del problema, que está en las políticas que generan inflación.

El salario mínimo y la inamovilidad laboral, imprimen rigidez al mercado laboral, estimulando despidos, el desempleo y desincentivando la contratación de personas.

Tasas de interés: al haber expectativas de alta inflación, las instituciones financieras tenderán a elevar la tasa de interés que cobran por los créditos que otorgan, de modo que los ingresos que recibirían por concepto de intereses no pierdan valor, poder de compra, es decir, mantener la tasa real de interés, que es la diferencia de la tasa nominal de interés y la tasa de inflación, en positivo. Al incrementarse la tasa de interés, se desestimula la solicitud de financiamiento, afectando la inversión y el consumo, como por ejemplo, en temas muy sensibles social y políticamente como construcción y adquisición de viviendas, agricultura y alimentos, transporte, entre otros. Esta situación hace que los perdedores con el alza de las tasas de interés comiencen a quejarse y a presionar política y comunicacionalmente para que el gobierno intervenga.

En aras de defender al «débil» de la relación entre banca y ciudadano, que se entiende comúnmente al ciudadano, el gobierno fija la tasa máxima que el banco puede cobrar por un crédito y fija la tasa mínima que el banco debe pagar al ahorrista por este colocar su dinero en tal institución financiera. Esta política se conoce como fijación de tasas de interés. Entonces, si la tasa que se fija como máxima posible para ser cobrada por un crédito, es inferior a la que el banco tendería a cobrar para mantener la tasa real en positivo, el banco tendrá menos incentivos a prestar dinero. Pero tendrá que hacerlo por ser su propia naturaleza la intermediación de dinero, y es preferible prestar a tasas reales negativas, que no prestar dinero. Lo que ha pasado es que el gobierno ha restringido el margen financiero de la banca, al regular tanto el tope de la tasa activa como el piso de la tasa pasiva, ambas en tasas reales negativas. Lo que ocurrirá en la medida en que la tasa en la que el banco está obligado a prestar sea cada vez más negativa en términos reales, es que la rentabilidad del negocio bancario será cada vez menor, desestimulando el emprendimiento en este sector, lo que a su vez se traduce en menos opciones para el ahorrista, y en más poder oligopólico de los bancos existentes.

Bueno amigos, dejémoslo en este punto por los momentos. Continuaremos revisando las consecuencias causadas por las formas en que el gobierno trata de resolver la inflación, y que podrían resumirse en un corregir errores con errores, en el próximo artículo: viendo lo que se ve y lo que no se ve, sus ganadores y sus perdedores.

*Rafael J. Ávila D. es decano de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas y director del Centro de Estudios para la Innovación y el Emprendimiento de la UMA.

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