Grismar Hernández.-
 
El arco minero del Orinoco (AMO) se ha convertido en la mayor destrucción ambiental vista en la historia de Venezuela, llegándose a calificar como un ecocidio, porque su desarrollo está afectando la fauna y la flora de uno de los parques nacionales más grandes e importantes de Venezuela, como Canaima, declarado patrimonio de la humanidad por parte de la Unesco.
“Los grandes ríos, más importantes de Venezuela, se encuentran en riesgo de ser contaminados y desaparecer, como lo ocurrido con el río Yuruarí que atraviesa el Carrao y el Guasipati, que desapareció debido a la actividad minera ilegal. Entre otros ríos se encuentran el Caroní y el Amazonas que están amenazados por lo químicos y sedimentos que caen en estas fuentes fluviales”, aseguró el diputado por el estado Bolívar Américo de Grazia, antes de su asilo en la embajada de México.
De acuerdo con una investigación realizada por un grupo de científicos del Instituto de Zoología y Ecología Tropical de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela la contaminación de estos grandes ríos no solo afecta al país, ya que “todos los sedimentos y químicos producidos por la minería, desembocarían en el Océano Atlántico y el Mar Caribe a través del Delta del Orinoco y ocasionará importantes implicaciones en otros ecosistemas marino costero y oceánico,[…] , alcanzando la región del Caribe Sur”, según se lee en el documento.
Esta misma investigación afirma que el Arco Minero puede influir en la intensidad de desastres ambientales. “Las evidencias demuestran que la intensidad y duración de la mayoría de los huracanes más destructivos de la historia en la región, han sido influenciados por la interacción atmósfera-océano con la descarga de los ríos Orinoco y Amazonas justo antes de llegar al Caribe. Esto implica que al generar aguas aún más cálidas debido al incremento de la descargas del río Orinoco producto de la mega minería, se generarán período de huracanes más vigorosos a los observados en los últimos meses”.
La hidroeléctrica nacional tampoco se salva de las acciones del Arco Minero, ya que “por primera vez en su vida al Guri tienen que dragarlo por el alto contenido de sedimento por la explotación minera del oro y de los diamantes en la sede del lago, lo cual afecta las turbinas de la hidroeléctrica del Caroní”, explicó De Grazia.
El diputado también cuestionó las acciones irregulares que ha generado la explotación descontrolada en la zona sur del país, que ha dado pie a la acción de que “grupos terroristas como el ENL, Hezbolá y la Farc” controlen el territorio y la actividad económica de la región, a pesar que de acuerdo con la Gaceta Oficial, decreto N° 2.248, los objetivos principales de AMO es “el resguardo y defensa de la soberanía nacional”.
Otro de los puntos cuestionados por este desarrollo económico es el uso del mercurio en la zona, como agente químico para extraer el oro, hecho que está prohibido en la Gaceta Oficial 2.412.
Sin embargo, Juana Figueroa, químico y experta en contaminación ambiental, denuncia que en el Arco Minero “existe el peligro de dispersión del mercurio en los sistemas acuáticos contribuyendo a la contaminación por metilmercurio, el cual es mucho más tóxico que el mercurio elemental y las sales inorgánicas”.
De acuerdo con el artículo 129 de la Constitución de Venezuela “todas las actividades susceptibles de generar daños al ecosistema deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental (EIA) y socio cultural” y de acuerdo con una denuncia presentada por Provea el Estado venezolano aprobó el desarrollo de esta actividad sin realizar el respectivo EIA.
La legislación nacional también establece la protección a los pueblos y comunidades indígenas, sin embargo, estos asentamientos también se han visto afectados por el desarrollo minero promovido desde el propio gobierno.
Marino Alvarado, defensor de los derechos humanos, denunció que “el proyecto Arco Minero se hizo violando normas constitucionales y la ley de los pueblos indígenas, a los que se les debe consultar si están o no de acuerdo con el proyecto, porque puede afectar de manera positiva o negativa su hábitat, pero esta consulta no se hizo”
Informes de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ya dejan constancia de que entre los 3.7 millones de venezolanos que han abandonado su país en los últimos cuatro meses se encuentran cientos de indígenas.
“El alto comisionado de los derechos humanos, así como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en sus informes han expresado preocupación por la violación de los derechos de los pueblos indígenas con el proyecto de desarrollo minero”, recordó Alvarado.
En este sentido, distintas organizaciones de derechos humanos han realizado “acciones internas” como la entrega de un decreto de nulidad ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Hasta el momento no hay respuesta, indicó el exdirector de Provea.
Las controversias por el desarrollo minero en Bolívar han llegado a tales niveles que la propia exfiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, introdujo un recurso de nulidad ante el llamado Tribunal Supremo Legítimo contra el Arco Minero.
“Consigno recurso de nulidad contra el decreto del Arco minero ante magistrados del TSJ legitimo en Bogotá”, expreso en sus redes la abogada. De esta forma, el “TSJ legítimo” a partir de este recurso, ordenó una medida cautelar que suspende los efectos de AMO.
Para el diputado Américo de Grazia “el hecho de que hoy se conozca el tema del Arco Minero y su cara fea, su cara bruta criminal antiecológica, es justamente para elevar este caso alarmante, que constituye el crimen ecológico más horrendo que se haya cometido por la República Bolivariana de Venezuela en toda su historia”.
*Grismar Hernández es estudiante de la Universidad Monteávila
*Fotografías: Cortesía sunoticiero.com y notitotal.com
