Claudia Buffi.-
La Ley de Bono de Alimentación y Medicamentos para Jubilados y Pensionados tiene como fin aliviar la situación económica de los adultos mayores a través de un pago equivalente a 67 unidades tributarias, es decir, 11.859 bolívares adicionales a los 15.051 bolívares otorgados como pensión.
Ante una alta inflación, que el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé supere el 700% en 2016, el monto de la pensión no basta para cubrir la canasta alimentaria que, según el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cenda), Â al mes de abril se ubicó en 115.738,04 bolívares, además de los medicamentos, cuya escasez alcanza 70%, según el informe sobre el Derecho a la Salud en Venezuela realizado por la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y a la Vida (Codevida) y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).
El parlamento aprobó esta ley el pasado 30 de marzo y a petición del presidente de Nicolás Maduro fue llevada al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que dictaminó su constitucionalidad y ordenó que el Ejecutivo Nacional y la Asamblea Nacional coordinen un plan de viabilidad financiera.
El diputado por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y presidente y fundador de la Organización Venezolana de Adultos Mayores (Ovam), Arnoldo Benítez, aseguró que el Legislativo propuso, para conseguir el dinero que permita materializar la ley, que los dólares que ingresen producto del petróleo sean cambiados según el Dicom, es decir a 520,50 bolívares por dólar.
El 31 de mayo se realizó una marcha de adultos mayores a nivel nacional para exigir que se ejecute la nueva ley, Â pues en junio el Ejecutivo debe empezar a pagar el bono a los jubilados y aun no se ha pronunciado al respecto. El parlamentario afirmó que si el gobierno no responde presionarán en la calle para exigir que se cumpla con este mandato.
La Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, creada y publicada en el 2002, Â define y garantiza el derecho a una asignación económica. “Hace 14 años que esa ley está aprobada y engavetada y ninguno de los gobiernos le ha dado el ejecútese y allí está contemplado todo eso que nosotros estamos exigiendo”, apuntó el diputado. En el 2011 se introdujo una demanda en el TSJ para que presione al Ejecutivo a cumplir esta normativa y hasta ahora la petición ni siquiera ha sido admitida.
El abogado laboral Rodrigo Pérez Bravo calificó como totalmente necesario este bono de alimentación y medicamentos ya que “los costos de vida se comieron la jubilación”, aunque consideró que esta ley es un “juego político sin ninguna duda”. Recalcó que aunque el TSJ viene negando todas las iniciativas desplegadas por la mayoría opositora que controla al parlamento, en esta oportunidad no lo podía hacer porque se achacaría al gobierno la negativa de garantizar un beneficio social.
Señaló que la decisión de la alta corte de responsabilizar a la Asamblea Nacional y al Ejecutivo de la viabilidad financiera de la ley “es una negación sutil”. Recordó que “en 17 años, desde el gobierno de Chávez y hasta Maduro, jamás en ninguna norma han realizado estudios de capital para aprobarlas”.
La propuesta planteada por la Asamblea Nacional para la viabilidad financiera de la ley es para el abogado “pura ficción”, ya que, a su juicio, se imprimirían billetes sin el respaldo necesario, además de que el gobierno necesita los petrodólares para importar alimentos y medicamentos que, según el informe realizado por Codevida y Provea para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), son importados en un 70%.
* Claudia Buffi es estudiante de Comunicación Social.
