Félix Alberto Allueva.-
Luego de 28 años las heridas del Caracazo siguen abiertas. Aquel 27 de febrero de 1989, tras aplicarse el “paquete” de medidas económicas, se presentó un hecho que ha definido la historia contemporánea del país, protagonizado por: saqueos, protestas y represión.
El “paquetazo” consistió, principalmente, en la eliminación del control de cambio, liberación de las tasas de interés, liberación de los precios (exceptuando algunos artículos de primera necesidad), el aumento de la gasolina y otros servicios públicos y la disminución progresiva de aranceles. Todo ello adaptado al plan de ajustes económicos propuesto por el Fondo Monetario Internacional.
De todas las medidas anunciadas por el presidente Carlos Andrés Pérez la que detonó el malestar popular fue el incremento de la gasolina, ya que supuso el aumento en 30% del transporte público.
Los saqueos que habían iniciado en Guarenas se propagaron a Caracas. Pérez envió a la Guardia Nacional, la Policía Metropolitana y las Fuerzas Armadas a reprimir las manifestaciones. Al día siguiente se anunció la suspensión de las garantías constitucionales mediante el decreto de estado de emergencia.
No fue sino hasta el 8 de marzo cuando se normalizó la situación. El saldo oficial de víctimas fue 276, aunque cifras extraoficiales hablan de 3.000 desaparecidos.
El Comité de Familiares de las Víctimas del 27 de febrero (Cofavic) surgió a raíz de la violación a los derechos humanos perpetrada por las autoridades encargadas del control del orden público. Su objetivo es esclarecer la verdad y lograr justicia.
Tras cinco períodos presidenciales el Estado ha sido incapaz de determinar los culpables de dichas violaciones.
Fidel Orlando Romero, de 24 años de edad, salió ese 27 de febrero a hacer una llamada para avisar que no iría al trabajo. Pasadas las horas Maritza Romero, su hermana, salió a buscarlo luego de enterarse que había una persona herida en la avenida principal de la zona donde residían.
“Cuando llegamos allí había patrullas de la Guardia Nacional y la Policía Metropolitana tirando tiros a todo lo que se movía”, relató Maritza.
Al identificar a Fidel Orlando lo llevaron al hospital en el carro de un amigo dado que las ambulancias no estaban prestando servicio a los heridos. Se sometió a una operación de nueve horas pero murió a las 11 de la mañana del 1° de marzo.
Una vez cubiertos los servicios funerarios y después de cuatro días de espera Maritza, junto con su familia, acudió a la Medicatura Forense de Bello Monte donde, luego de reconocer el cadáver de su hermano, se le comunicó que debía retirarlo el día después debido al toque de queda. A la mañana siguiente la morgue estaba vacía. Los trabajadores alegaron que, por órdenes superiores, habían enterrado todos los cadáveres en las fosas comunes de La Peste.
“Son 28 años que cumplimos ahorita y todavía no sé dónde está el cadáver de mi hermano”, sentenció.
A las 5:30 de la tarde del martes 28 de febrero José Miguel Lizcano, de 21 años, fue a jugar baloncesto en el sector Villa Zoila, en la Cota 905. A las 9 de la noche Aura Lizcano junto con su madre intentó encontrar a su hermano pero la Guardia Nacional le prohibió bajar motivo del toque de queda.
Una vez desaparecido fue imposible encontrarlo. No fue sino hasta 12 años después cuando se enteró que su hermano había sido enterrado el mismo día que falleció.
Para el 2 de marzo Yris Medina se encontraba lavando la ropa de su hija de tres meses. Vivía en barrio El Guarataro, avenida San Martín. En horas de la tarde presenció cómo su esposo, Wolfgang Quintana, recibió un disparo en pecho mientras cargaba a su hija.
“El disparo le entró por el pecho y le salió por el costado. Colocó a la bebé en el cochecito, pero era un disparo de FAL y no lo resistió”, recordó.
Una vez declarado muerto el cuerpo de Wolfgang fue retenido por militares, quienes notificaron a los allegados que debían retirarlo al día siguiente.
Gracias a un hermano que pertenecía a la Armada lograron recuperar el cadáver y realizar el velorio correspondiente.
El joven Richard Páez, de 17 años, fue asesinado por la Policía Metropolitana. A su madre Hilda los funcionarios policiales le dijeron que su hijo había caído de la platabanda. Al hablar con familiares y ver al difunto se percató que Richard había recibido disparos.
Por no encontrar respuesta en la justicia venezolana los familiares de las víctimas tuvieron que recurrir a instancias internacionales. Tras un largo proceso judicial finalmente en el año 2002 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) dictó sentencia y condenó al Estado por los sucesos del Caracazo.
El fallo exigió la indemnización de las víctimas, recuperar, identificar y entregar los cuerpos a sus familiares, y concluir las investigaciones y sancionar a los culpables.
Hasta ahora las autoridades venezolanas solo han cumplido con el pago de las indemnizaciones pero todavía, 28 años después, no se ha hecho justicia.
“¿Qué se ha cumplido de la sentencia? Lo menos importante”, apuntó Medina.
En 2009 el Ministerio Público exhumó los restos situados en La Peste pero no publicó resultados al respecto. Tampoco aceptó las peticiones planteadas por los familiares, quienes pedían la presencia de expertos internacionales.
Medina criticó la politización de los sucesos y lamentó que hoy se utilicen como bandera política. “Vemos que la Fiscalía hace un proceso todos los años, pero es por aniversario. Hace un proceso pero nunca se llaga a nada”, añadió.
Medina, Lizcano, Romero y Páez lamentan que la búsqueda de justicia no tenga un fin y que el Estado no haya dado respuestas sobre el tema. Concuerdan en que actualmente trabajar con los poderes públicos es más complicado y aseveran que se siguen violando los derechos humanos.
Hoy estos crímenes siguen impunes y los asesinos permanecen en libertad. Luego de 28 años las heridas del Caracazo siguen abiertas.
* Félix Alberto Allueva es estudiante de Comunicación Social de la Universidad Monteávila.
