Fabiana Ordóñez.-
La pobreza es un grave problema que no desaparece de América Latina y que se da de forma desigual y por causas muy diversas.
En los últimos años se han producido grandes cambios en el territorio latinoamericano. Entre 1980 y 1990 la pobreza aumentó del 40,5% al 48,4%, lo que dejó a 204 millones de personas en la carencia. Durante la década de los 90 se produjo una reducción moderada debido a la apertura y el crecimiento económico. No obstante, al final de estos años hubo un estancamiento en algunos países. Es en el siglo XXI cuando se presenta una notable disminución, la cual se ha frenado en la actualidad, por lo que nuevamente la región se encuentra en un período de declive del crecimiento.
Desde 2012, afirma la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el índice de pobreza en Latinoamérica y el Caribe se ha estancado. En 2014 168 millones de personas vivían en situación de carencia, lo que supone el 28,2% de la población. La indigencia se dio en 70 millones de personas.
Según la Corporación Andina de Fomento – Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), la pobreza en América Latina pasó del 45% al 25% de la población en los últimos 15 años gracias a importantes logros sociales y a políticas públicas eficientes. Sin embargo, 1 de cada 5 latinoamericanos (o 130 millones de personas) son pobres crónicos, es decir, siempre fueron pobres y no tienen expectativas -a corto o medio plazo- de dejar de serlo. Generalmente heredan la situación de pobreza en que viven y no suelen tener acceso a sistemas de protección social ni a empleos estables que les garanticen un ingreso permanente.
La pobreza estructural no se distribuye de manera homogénea en los países de la región. Argentina, Chile y Uruguay, por ejemplo, son los países con tasas más bajas de pobreza estructural, según datos del Banco Mundial.
En la última década América Latina redujo la tasa de pobreza extrema a la mitad pasando del 24% en 2003 al 11,5% en 2013. El motor de esta reducción ha sido el ingreso laboral y las importantes ganancias sociales cosechadas en los últimos años, especialmente en las áreas de salud, educación o empleo, que han ofrecido más y mejores oportunidades a los ciudadanos tradicionalmente olvidados.
La desigualdad entre los distintos territorios de Latinoamérica es muy marcada ya que algunos de los países son diez veces más ricos que otros, por lo que la escasez no se reparte de forma homogénea. De acuerdo con los datos proporcionados por el Banco Mundial, los 10 países más pobres de América Latina son Honduras, Guatemala, Nicaragua, Colombia, Bolivia, Venezuela, Ecuador, El Salvador, Perú y México.
Los países en los que más ha aumentado la pobreza entre 2010 y 2014 son Uruguay, Perú y Chile, pero teniendo en cuenta el PIB (Producto Interior Bruto), los países más ricos del territorio son, no con cierta contradicción, Chile, Panamá y Uruguay.
Según el economista Pedro Soto la influencia de la pobreza en la estructura social de un país genera un aumento en la distribución de la riqueza, existiendo cada vez mayor desigualdad y por tanto incidiendo en los niveles de consumo de la población y en necesidades no cubiertas. El aumento de la pobreza impacta directamente en los niveles de aceptación en la población sobre el gobierno de turno y existe el peligro de caer en políticas públicas populistas con efectos negativos en la economía y que causan mayor daño a la ciudadanía, aumentando los niveles de pobreza y destruyendo las fuentes de generación de ingreso y superación de pobreza a futuro.
Con respecto al empleo, en América Latina los salarios de los trabajadores suelen ser bajos, produciendo precariedad laboral. Además, hay brechas a la hora de encontrar trabajo entre las personas de distinto sexo, edad, área, etnia y raza. En cuanto a la gestión pública, destaca la corrupción, la escasa inversión en capital humano y físico, y la insuficiencia de políticas económicas y sociales adecuadas a la situación.
En el libro Why Nations Fail, los economistas Daron Acemoglu y James A. Robinson hacen la distinción crucial entre dos tipos de instituciones que determinan la prosperidad de un país: las instituciones inclusivas y las instituciones extractivas.
Las instituciones inclusivas son aquéllas que “ofrecen seguridad de la propiedad privada, un sistema jurídico imparcial y servicios públicos que proporcionen igualdad de condiciones en los que las personas puedan realizar intercambios y firmar contratos; además de permitir la entrada de nuevas empresas y dejar que cada persona elija la profesión a la que se quiere dedicar”.
Las instituciones extractivas son aquellas “tienen como objetivo extraer rentas y riqueza de un subconjunto de la sociedad para beneficiar a un subconjunto distinto”.
En la historia de Latinoamérica muchos países han tendido a padecer gobiernos tiránicos, corruptos, extractivos. Una élite que toma el poder político, por la fuerza o por el voto, desde dentro o desde fuera, y lo emplea para extraer rentas y privilegios para ellos mismos y sus amigos. Las instituciones extractivas tienden a perpetuarse, y además, dicen los autores, “crean incentivos para las luchas internas por el control del poder y sus beneficios”, ya que “quien controla el Estado se convierte en beneficiario de este poder excesivo y de la riqueza que genera”.
De esta manera el gobierno tiene un papel importante, que es el de proveer las herramientas para que sus habitantes crezcan, ya que si no se garantizan insumos (infraestructura, servicios, proyectos) las oportunidades son más escasas. Sin embargo, es necesario identificar dónde están esas oportunidades y dónde están los obstáculos que impiden que esas oportunidades ocurran.
Las diferencias entre la riqueza y la pobreza no son solo entre los países sino también entre sus mismos estados debido a las diferencias de productividad. El economista Ricardo Hausmann explica que en México, por ejemplo, el estado menos productivo es el de Guerrero, que tiene una productividad similar a la de Honduras de US$5.281 por trabajador. Si se multiplica por seis la productividad del Guerrero, será equivalente a la productividad de Nuevo León de US$42.281 por trabajador, que es superior a la productividad de Corea. Es decir, dentro de México hay una Honduras y una Corea, siendo irónico ya que se habla un mismo idioma, se practica la misma cultura y se establecen las mismas instituciones y políticas macroeconómicas. Por lo tanto, los elementos que indican la diferencia entre países ricos y pobres son una serie de numerosas causas del subdesarrollo, que se relacionan, a la vez, con la desigualdad social en relación a los ingresos y el reparto de la pobreza.
* Fabiana Ordóñez es estudiante de Comunicación Social de la UMA.
