El seguimiento a las organizaciones no gubernamentales (ONG) y defensores de los derechos humanos por parte del gobierno ha sido persistente en Venezuela durante los últimos años
A Rodríguez / A Solórzano / O Vargas
Luego de generar rechazo entre los representantes de las organizaciones no gubernamentales que hacen vida en el país, con la publicación de una providencia con la que se les pretende obligar a compartir información sensible sobre las personas atendidas por ellos e instituciones aliadas, esta semana el gobierno publica nuevamente la normativa expresando un mea culpa y relajando los criterios iníciales.
En la publicación de la Gaceta Oficial, No. 42.118, del 3 de mayo, se explica de forma más sencilla los requisitos generales de inscripción de las ONG y conserva la imposición de entregar el listado de organizaciones o entes de quienes reciben cooperación internacional o nacional, así como la emisión del certificado de registro.
Sin embargo, elimina el deber de aportar el listado de organizaciones sin fines de lucro aliadas y de personas beneficiarias de los programas y actividades desarrolladas por las asociaciones y las sanciones en caso de no cumplir con este apartado.
A pesar de las modificaciones sigue latente la preocupación en torno a la Providencia Administrativa para el registro unificado de personas naturales y jurídicas obligadas bajo la Ley Orgánica contra la Delincuencia y el Terrorismo, al considerar que pone en riesgo las acciones de las organizaciones que prestan apoyo a los sectores más vulnerables del país, en un momento en que miles de familias requieren asistencia y protección.
“Entre organizaciones hemos estado conversando que hay puntos que no son negociables y por tanto se asumen cómo debe ser, va más allá de la ética es una responsabilidad proteger a todos los individuos implicados”, indicó Marino Alvarado, miembro de Provea.
Presión internacional
El trabajo que llevan las distintas ONG de “documentar, investigar, perseverar y denunciar, pese a las amenazas que el gobierno ha hecho, va dando sus frutos, ya que algunos están preocupados por las acciones que pueda tomar la Corte Penal Internacional (CPI)”, expresó Alvarado.
No es casualidad que esta modificación se dé luego de que el 1 de mayo el fiscal general, Tarek William Saab, cambiara la información oficial sobre la muerte del concejal Fernando Albán, el joven Juan Pablo Pernalete y el capitán Rafael Acosta Arévalo, al señalar como presuntos responsables a funcionarios del Sebin, de la GNB y de la Digcim.
En varias oportunidades Michelle Bachelet se ha pronunciado sobre el hostigamiento contra las organizaciones no gubernamentales, para que cesen los ataques, intimidaciones, amenazas, acusaciones y difamaciones contra los miembros de las ong en el país. Entre enero y marzo de este año, el Centro de Justicia y Paz (CEPAZ) registró 215 casos de persecución por parte del gobierno.
“El gobierno es indolente y más cuando se trata de esconder la realidad del país, el cual ha sido señalado por los organismos internacionales de cometer crímenes de lesa humanidad y además con un largo historial de discriminación por motivos políticos de programas sociales”, aseguró el representante de Provea.
Larga lista
En días recientes, se ha vivido la detención de varios defensores de derechos humanos, como la de Orlando Moreno, quien estuvo privado de su libertad en Delta Amacuro por cinco días. En enero de este año seis defensores de la ONG Azul Positivo, del Zulia, fueron detenidos por casi un mes.
La sede de Convite también recibió la visita de los funcionarios del estado y su director estuvo retenido por varias horas. El año pasado le correspondió a Prepara Familia que fue allanada y varios de sus trabajadores detenidos.
Otra ley que preocupa a los representantes de las ong es de Cooperación internacional que ya fue aprobada en primera discusión por la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración el 15 de abril. Preocupa la imposición de nuevas restricciones y bloquear los accesos a financiamiento internacional, lo que afectaría su labor.
Ante la situación que vive el país Juan Guaidó hizo una invitación a seguir denunciando cada delito y cada violación de derechos humanos. Declaración que hizo al entregar a la Organización de Estados Americanos (OEA) el Informe anual 2020:
“De manera descarada cambian las versiones que durante años sostuvieron las mentiras que denunciamos; pero también queda clara la impunidad que ha reinado en el país ante estos delitos sistemáticos”, afirmó.
A Rodríguez / A Solórzano / O Vargas son estudiantes de la Universidad Monteávila
