En los primeros seis meses del año se registraron 2.611 ejecuciones extrajudiciales, según Marino Alvarado
Oriana Vargas Puchi-
Para el defensor de los derechos humanos, Marino Alvarado, los informes de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos y el de Michelle Bachelet contienen testimonios de víctimas, como una oportunidad de ser escuchadas y que, de alguna u otra forma, constituyen “la institucionalidad de un país que se encuentra de espaldas a la seguridad y el respeto”.
Al parecer de Alvarado, la Corte Penal Internacional siempre actuará por el bien de la ciudadanía cuando el “organismo que está investigando no tenga la voluntad o la capacidad de hacerlo”.
El exdirector de Provea aseguró que los cuerpos de seguridad transmiten desconfianza y miedo a la sociedad. “En algunos momentos, terror como las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) que actúan con mucha violencia en las zonas más vulnerables de Venezuela”.
¿Ha observado cambios después de los pronunciamientos de los organismos internacionales en materia de derechos humanos?
Una vez que se produjo el informe de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos, el 16 de septiembre de este año, hubo algunas situaciones que indican que el gobierno quedó muy preocupado y obligó a tomar medidas para aparentar que se está haciendo justicia y maquillar la grave situación de los derechos humanos.
La primera fue adoptada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al anular la sentencia que se había dictado en los casos del concejal Fernando Albán y del coronel Rafael Acosta Arévalo. En el caso de Arévalo hubo nuevas imputaciones y se aplicó la ley contra torturas. El fiscal impuesto por la Constituyente también indicó que el Faes debería reformarse.
No extrañaría que se pueda adoptar otro tipo de medidas, tomando en cuenta que la gran preocupación del gobierno de Maduro es que avance el proceso en la Corte Penal Internacional. En Venezuela se han cometido delitos de lesa humanidad y todos los miembros del gobierno son los responsables de haber perpetrado esos delitos.
¿Hay medidas puntuales que indiquen un cambio significativo?
No se han visto mayores medidas, porque este es un gobierno que desde el principio no tiene voluntad política para mejorar la situación de los derechos humanos en el país, eso queda reflejado en que no le han prestado atención a las recomendaciones hechas por Bachelet ni por la misión y mucho menos a los concejos que hizo la Comisión de encuesta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el cumplimiento de los convenios.
¿Entonces, de qué sirven los pronunciamientos si persiste la violación de los derechos humanos?
Los informes tienen un gran beneficio y el de Michelle Bachelet lo resaltó. En septiembre del año 2019 sirvió para activar la comunidad internacional, que conociera y se preocupara aún más por la situación de Venezuela. Contribuyó a que muchas organizaciones sociales del continente europeo no dudaran sobre lo que realmente pasaba y comprendieran la gravedad de las violaciones que se registran.
Todos los informes tienen una función, ahora se sabe que en Venezuela hay suficientes motivos para considerar que sí se han cometido delitos de lesa humanidad. Nadie puede esperar que los informes cambien la dinámica de un día para otro, pero sí se logra de inmediato un impacto mediático, hace presión en el gobierno y obliga a pensar qué medidas puede adoptar.
¿Qué opinión tiene sobre los cuerpos de seguridad del país?
Están bastante deteriorados, no solamente porque cometen abusos a diario, sino las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y robos de bienes a las personas.
Desde el punto de vista de la población sobre los organismos de seguridad, había una percepción que en el año 2006 se trató de mejorar, pero hoy la población tiene una opinión bastante despectiva, y con mucha razón, desconfianza sobre su actuación, miedo. En algunos momentos terror, como en el caso de la Faes que actúa con mucha violencia en las zonas pobres de Venezuela.
¿Esto se ha acentuado con el decreto de emergencia?
Este decreto vino a agravar un poco la situación pero no es consecuencia, ya los abusos policiales existían desde mucho antes y la emergencia le da mayor posibilidad de ampliar las prácticas abusivas e incorporar grupos colectivos que para el gobierno es el poder popular, pero en la práctica se traduce como paramilitares y tienen responsabilidad en el orden público, participando en el abuso contra la ciudadanía.
Provea ha denunciado en reiteradas ocasiones la impunidad en materia de derechos humanos, ¿qué cifra maneja en cuanto a la desaparición y ejecución extrajudicial?
Dentro de las investigaciones que se han realizado en los primeros seis meses de este año, hay 2.611 personas que presentaron ejecuciones extrajudiciales y de ellas se ha investigado muy poco, solo se les dio prioridad a aquellas que de una u otra forma tuvieron un impacto en la opinión pública, que estaban vinculadas a funcionarios del chavismo y, particularmente, a la masacre de El Limón, donde fueron asesinadas cinco personas, entre ellas un escolta de la ministra Iris Varela, ella misma denunció los abusos del Faes y obligó a Tarek William a actuar muy rápido.
También se produjo el asesinato de los trabajadores de la televisora Guacamaya TV, en Zulia, vinculada en el gobierno, lo cual demuestra que en cada investigación hay discriminación y que todos los casos que implican al gobierno tienen más posibilidad de ser atendidos.
¿Cómo se convence a la víctima de denunciar en medio del miedo que siente por la impunidad?
Tenemos tres tipos de victimas: la decidida, que denuncia su situación más allá de la intimidación a la cual está sometida, no solamente acude a las instituciones públicas sino que se hace notar de alguna manera. La segunda tiene disposición de hacer la denuncia pero le falta orientación, que alguien le brinde apoyo. La tercera son las que deciden no denunciar por temor o porque tienen una absoluta desconfianza en el sistema de justicia y consideran que hacer la denuncia es pérdida de tiempo.
¿Ve en algún momento a Nicolás Maduro preso?
No apostaría por una persona en particular, los responsables de los crímenes han tenido la más alta responsabilidad, lo importante es que sean juzgados no solo Nicolás Maduro, también está el director actual del Sebin, Gustavo González López, y todos los directores encargados de los cuerpos de seguridad del país, en primer lugar por los tribunales de la república y si no actúan las instituciones internas, le corresponderá a las instituciones internacionales.Â
¿Cree que la situación en Venezuela se agravará o algún día llegará a ser mejor de lo que fue?
La esperanza es lo último que se pierde, pero el trabajo que hacemos las organizaciones de derechos humanos y las de la sociedad civil seguro tendrá resultados positivos, aunado con el sistema internacional de protección. Somos optimistas porque trabajamos para que la situación cambie, mejore y aporte calidad de vida, pensando en la población, en un país donde abundan los abusos.
*Oriana Vargas Puchi es estudiante de la Universidad Monteávila
Fotografía: Cortesía
