Gianna Camporeale.-
Tras cumplirse 30 años de los sucesos que ocurrieron a partir del 27 de febrero y terminaron a principios de marzo del 89 en Caracas, y algunos sectores de Miranda, fundamentalmente, aun no se hace justicia, ya que no se han entregado los restos plenamente identificados de las víctimas a sus familiares, ni puesto en práctica las garantías de no repetición de estos sucesos, dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante sentencia.
Así lo afirma Liliana Ortega, abogada, fundadora y directora del Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (Cofavic), al señalar que “el Caracazo fue un punto de inflexión en la historia contemporánea de Venezuela y que se haya mantenido en impunidad es una muy mala señal para los derechos humanos”.
La abogada lamenta que tras tres décadas el sistema judicial no haya dictado una sola sentencia en este caso, lo que –a su parecer- repercute en el presente y el futuro del país.
Para Ortega muchas situaciones que se viven en la actualidad son producto de no haber “zanjado seriamente las deudas que tiene el Caracazo en materia de justicia”.
Hasta el presente se desconoce siquiera el número de víctimas mortales que dejaron las revueltas sociales escenificadas principalmente en Caracas y Guarenas, por la implementación de un paquete económico anunciado por el presidente de entonces Carlos Andrés Pérez, lo que condujo a un estallido social sin precedentes en la historia moderna del país.
En este sentido, para Ortega es fundamental que el Estado aprenda las lecciones que dieron origen a esos sucesos, pues “hoy en día están profundizadas en la desigualdad, corrupción, frustración, rabia y falta de apoyo institucional, especialmente para las personas vulnerables”, afirma al cuestionar que los planes operativos “siguen teniendo las mismas debilidades en cuanto al control del orden público y problemas en los que se comprometen los derechos humanos”.
En el mes de enero, tras una situación irregular presentada en la zona oeste de Cotiza, con un grupo importante de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, las protestas sociales dejaron al menos 40 muertos, según organizaciones no gubernamentales como el Foro Penal.
Poco antes de ser separada de su cargo por la Asamblea Nacional Constituyente, la exfiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, hizo serios señalamientos sobre el acompañamiento de grupos irregulares civiles, armados, con funcionarios de los distintos cuerpos de seguridad del estado, cuestionando la interacción de los dos sectores al momento de afrontar situaciones de orden público.
Denuncias que ya habían sido elevadas a distintas instancias por organizaciones no gubernamentales como Provea, que han afirmado reiteradamente el uso de los llamados grupos colectivos para amedrentar a los manifestantes o el uso de cuerpos como el Faes para reprimir, atemorizar e incluso ajusticiar.
Por tal motivo, Ortega reitera sus denuncias sobre el uso desproporcional de la fuerza pública, castigado en las leyes nacionales, que se da –a su parecer- por no tomar medidas adecuadas para que se ejerza el derecho a la manifestación sin violaciones de derechos humanos.
Esto se debe, de acuerdo con Ortega, a la manera deficiente en la que se ha desarrollado la reforma de los cuerpos policiales, recordando que la policía debe tener un carácter civil, tal como está establecido en la Constitución nacional.
Sin embargo, “todos los cuerpos policiales terminan siendo coordinados por fuerzas militares, sin dejar de mencionar la capacitación en materia de derechos humanos que éstos deben tener y los niveles de impunidad que les prestan seguridad a la hora de cometer violaciones”.
Con el espíritu de respetar y hacer respetar los derechos humanos de los venezolanos, la directora de Cofavic recordó que los crímenes de lesa humanidad y violaciones graves de derechos humanos no prescriben; por eso, espera que la Ley de Amnistía no sea un mecanismo que genere impunidad.
En relación con el anhelo de justicia de parte de los familiares de las víctimas del Caracazo, que todavía esperan por las decisiones judiciales correspondientes a sus casos, la jurista indicó que “las víctimas han prevalecido frente a la verdad oficial” y se mantienen firmes en sus convicciones.
Así pues, considera que la sentencia de la CIDH es un paso muy importante para la justicia, pues los crímenes expuestos no prescriben y con esto pueden ser investigados en condiciones de independencia y de autonomía plena para determinar los responsables, “no solo de los crímenes cometidos sino de quienes permitieron que estos permanezcan en la impunidad”.
Es por ello que la abogada considera que las distintas denuncias sobre violación de derechos humanos contra el gobierno de Nicolás Maduro podrán ser procesadas ante la CIDH, una vez que Venezuela regrese al sistema interamericano de justicia. Incluso no desestima otras instancias, como Naciones Unidas o la Corte Internacional de La Haya, para encontrar respuestas y castigo.
*Gianna Camporeale es estudiante de la Universidad Monteávila
*Fotografía:Â venezuelaawareness.com
