Experto: Las criptomonedas operan en una zona gris de legalidad

Félix Alberto Allueva.- 

Las criptomonedas han irrumpido como una potencial revolución del sistema financiero. La minerí­a digital ha brindado un respaldo sólido para que éstas puedan proyectarse. Lo que hoy se discute en el mundo es si debe o no existir un marco legal que regule dicha actividad y bajo cuáles condiciones.

Para el abogado consultor en derecho penal económico, Fernando Fernández, en Venezuela hay un “territorio gris” en torno a la legalidad de la minerí­a digital.

“En el paí­s no hay una ley especial que permita y facilite su uso pero tampoco está prohibida. Entonces, todo aquello que no está prohibido de manera expresa es porque está permitido para los particulares”, indicó Fernández, especializado en el área de gerencia del Iesa y experto en materia anticorrupción.

El especialista sostiene que la falta de claridad en la naturaleza legal de las criptomonedas complica el asunto. Fernández las define como una “moneda digital descentralizada”. El problema radica en que “la moneda, como se entiende en sentido estricto, es aquella cosa que un banco central dice que es moneda”.

“La criptomoneda, en su filosofí­a, va en contra de lo que es una moneda pero quiere fungir como si fuera una moneda: que sirva de cambio, de medio de pago, medio de complemento de activaciones… en fin”, sentenció el fundador del departamento penal de Baker&McKenzie, de Caracas.

En este sentido, el presidente Maduro ya ha abierto una gama de actividades vinculadas con la compra y venta que pueden utilizar el Petro como divisa de transacción, como la compra de pasajes aéreos. Además ordenó que proveedores y acreedores de empresas del Estado como Pequiven, CVG y Pdvsa deberán realizar sus transacciones con esta moneda, al igual que el cobro de servicios turí­sticos y para el combustible aéreo y terrestre.

En función del lanzamiento de la criptomoneda venezolana el gobierno ha realizado continuos llamados a los mineros para que apoyen el desarrollo del Petro. Incluso Nicolás Maduro señaló que ya hay más de 50 mil mineros que han acudido a incorporarse a este sistema de minerí­a.

Por tal motivo, Pluma entrevistó a dos fuentes dedicadas a la minerí­a digital que optaron por mantenerse bajo anonimato, por lo cual serán identificadas para el presente trabajo como Carlos Bite y Henrique Lite, debido al continuo acecho de algunos cuerpos de seguridad.

“Como ya conocen lo fructí­fero que puede ser la actividad de la minerí­a, se roban las máquinas para ponerlas a minar ellos a beneficio del que sea que haya comandado la operación”, aseguró Lite, quien tiene ya dos años en esta actividad, minando bitcoin.

En el mundo de la minerí­a los procedimientos más comunes están relacionados con contrabando de máquinas, hurto de fluido eléctrico y lavado de dinero. Sobre este último Fernández indica que para tener éxito legal en el caso es imperativo determinar cuál es el delito fuente, porque “minar como tal no es un delito, intercambiar como tal no es un delito”.

Para Bite la minerí­a “consiste en poner máquinas procesadoras o CPU para descifrar algoritmos, hashes, que serí­a el mecanismo de seguridad de la red. Al final de todo esto lo que haces es validar transferencias en la red”.

“En la medida en que tu computadora va resolviendo algoritmos tú vas ganando comisiones por eso, que las ganas en criptomonedas. Más que una comisión es que tú generas criptomonedas con el proceso”, agregó Henrique Lite, quien ya tiene dos años en esta actividad.

Ambos tienen posturas distintas sobre la regulación de la minerí­a digital.

Lite se opone rotundamente a esta propuesta, sostiene que la minerí­a no afecta en nada a la sociedad. “Tener regulación serí­a, pues, más de lo mismo que estamos viviendo: ponerle regulaciones a cosas que no deberí­a tener regulación. Ahí­ no hay forma de que tú abuses de la minerí­a de ninguna manera”, argumentó.

Por su parte, Bite, quien es economista, está a favor de la iniciativa siempre y cuando se aclare el tipo de marco legal. Utiliza como ejemplo a Alemania e Inglaterra, paí­ses que han buscado adaptar el uso de las criptomonedas dentro de sus respectivos sistemas.

“Por lo menos Alemania está buscando la manera de que se pueda cobrar, facturar y establecer impuestos a través de la criptomoneda, dando como base la facilidad de transacción”, señaló.

Además de ello, Bite advierte que “las mismas criptomonedas tienen una filosofí­a de ser” y, a su juicio, un proyecto de marco legal debe respetar esas ideas.

Desde otra perspectiva, el abogado Fernández considera necesaria la creación de una ley que regule la minerí­a digital para despejar las dudas. Afirma que basándose en los principios de libertad económica establecidos en la Constitución (art 112) puede promoverse una ley que proteja la producción y el intercambio de criptomonedas.

“Son cosas muy novedosas pero la gente no tiene una protección legal frente a fraudes, frente a lavado de dinero, frente a una cantidad de cosas que podrí­an ocurrir como ocurren en el mundo material”, adicionó Fernández.

Asimismo, el jurista instó a la comunidad de mineros a hacer lobby (cabildeo) ante la Asamblea Nacional para que se debata una ley “que proteja el negocio, que proteja el oficio, porque hay mucha gente que está metida en eso y es casi que su oficio, y que facilite el comercio electrónico”.

En este sentido, el superintendente nacional de la criptomoneda, Carlos Vargas, pidió prudencia el pasado fin de semana a los mineros en relación con las máquinas a emplear durante este proceso, ya que el gobierno central está evaluando a empresas especializadas en equipos de minerí­a digital, para autorizar la venta de sus productos en el paí­s, con el fin de garantizar la mayor operatividad en torno a la creación de la petromoneda.

En torno a la legalidad de esta moneda, el propio Luis Brito Garcí­a señaló algunas aristas que deben ser evaluadas y vigiladas en pro del desarrollo del Petro, en su participación en un programa televisivo.

Para Garcí­a, el Petro debe tener todos los elementos de seguridad de las operaciones del crédito público, ya que al ser la emisión de un signo monetario deberí­a estar bajo el control del Banco Central de Venezuela (BCV). Al mismo tiempo, señaló que al ser una moneda respaldada en barriles de petróleo se debe evitar que la riqueza de hidrocarburos del paí­s quede en manos de negociantes foráneos.

*Félix Alberto Allueva es estudiante de Comunicación Social