Carolina Sánchez.-
Cada año en Venezuela aumenta el reporte de animales domésticos que resultan víctimas de maltrato, abandono, mutilación, descuido de las necesidades básicas y negligencia en la alimentación y en la atención veterinaria.
La Ley para la Protección de la Fauna Doméstica Libre y en Cautiverio establece, en su artículo 34, que la autoridad municipal debe ejercer la competencia en materia de fauna doméstica a través de una unidad de gestión creada para tales efectos, sin menoscabo de las competencias de otros órganos.
Gabriela Molina, consultora jurídica de Misión Nevado, enfatizó que todas las autoridades municipales tienen la obligación de emitir una ordenanza y gestionar una unidad de gestión y un refugio.
“De 334 municipios solamente 33 o 34 tienen ordenanza. Entonces, imagínate: 300 municipios que están en deuda con la ciudadanía y con los animales”, subrayó.
Todo ciudadano tiene el derecho de solicitar ante su municipio una ordenanza que se ejecute al pie de la letra. “Hay un recurso administrativo que se llama recurso de abstención o carencia. Cualquier ciudadano cuando le es lesionado sus derechos puede presentar un recurso administrativo”, explicó la abogada.
Basándose sobre la ley, el municipio Libertador de Caracas y el municipio Tomas Lander de Miranda han trabajado constantemente en la modificación de su propia ordenanza. “De hecho tenemos un proyecto listo que se trabajó junto a la Vicepresidencia y el Ministerio Público. Se iba impulsar y luego ocurrió lo de la Asamblea Nacional”, acotó.
La experta aseguró que cada municipio debería tener una unidad de gestión. El 13 de junio del 2013 el municipio Baruta instauró el Centro de Protección y Control Animal (Ceprocan), que tiene como misión el promover y proteger la salud, la seguridad y el bienestar de los animales en esa localidad.
Sin embargo, Molina aseveró “se supone que ellos deben recibir denuncias y no lo hacen, se dirimen solo en la parte asistencial. Ellos sólo atienden animales y tienen un pequeño refugio”.
“En el caso de El Hatillo ni hablar de eso, ellos no cumplen nada. En Libertador tiene unidad de gestión más no tienen albergue. Tenían en algún momento pero ya no existe y tienen atención médico veterinario, sólo eso. Chacao tiene médico veterinario y a veces reciben denuncias, si aplican sanciones pero jamás he visto un acta administrativo donde le impongan una sanción a alguien”, añadió.
Actualmente un refugio es una política pública que no es sustentable en un país donde el hacinamiento es cada vez mayor. “No voy a dar cifras pero la cantidad de perros que nos dejan abandonados ahorita es abismal y no solamente nosotros sino a las organizaciones de protección animal”, señaló.
* Carolina Sánchez es estudiante de Comunicación Social de la Universidad Monteávila.
* Cristina Ortiz es estudiante de Comunicación Social de la Universidad Monteávila.
