Eugenio Hernández-Bretón/María Verónica Torres Gianvittorio.-
Esta Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, ante el inconstitucional anuncio del presidente de la República de su iniciativa de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente Comunal, le recuerda al Poder Ejecutivo que, conforme a lo dispuesto en el artículo 347 de la Constitución Nacional, el pueblo es el único depositario del poder constituyente originario y advertimos que esta convocatoria se suma a los cada vez más sofisticados mecanismos de violación a la Carta Magna.
Es ilegal e ilegítima una convocatoria para la redacción de una nueva Constitución Nacional por el llamado poder comunal, que no está previsto en la Constitución y no puede tenerse como titular de poder público, ni como representante del pueblo.
El artículo 5 de la Constitución establece que la soberanía se ejerce directamente o a través de los representantes de los poderes públicos, constituidos conforme al Texto Fundamental. El pueblo debe expresarse mediante el sufragio en elecciones universales, directas y secretas, como lo hizo el 6 de diciembre de 2015 al elegir sus representantes a la Asamblea Nacional, que sí es un poder constituido.
En tal sentido, el Poder Electoral no debe dar curso a la inconstitucional iniciativa del Presidente a menos que reforme las bases anunciadas por el Ejecutivo a fin de permitir la expresión del soberano sin vinculación al inexistente poder comunal.
El Ejecutivo recurre al mecanismo de la Asamblea Nacional Constituyente para dar apariencia de democracia ante la comunidad internacional. Se pretende mostrar la voluntad de consultar al pueblo sin verdaderamente oírlo, tal como se ha evidenciado en el reiterado desconocimiento de la Asamblea Nacional y, de manera más arbitraria, en la brutal represión de las manifestaciones pacíficas, de las cuales participa activamente la comunidad estudiantil de la Universidad Monteávila con el apoyo de sus autoridades.
Desde esta facultad expresamos al pueblo de Venezuela nuestro apoyo y acompañamiento en la lucha por la recuperación de la democracia que es un derecho humano de los pueblos. En consecuencia, exigimos se nos reconozca el derecho legítimo a participar en los asuntos públicos en los términos previstos en la Constitución y desconocemos toda intención de derogatoria que se pretenda ejecutar por medios distintos al previsto en su artículo 333.
Al tiempo que exigimos a los diputados que hoy representan la mayoría parlamentaria en la Asamblea Nacional ejerzan su autoridad como legítimos representantes del pueblo y en esta coyuntura procedan a la designación del rector del Consejo Nacional Electoral postulado por las Facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas de las universidades nacionales, como debió hacerse en diciembre de 2016, desconociendo la inconstitucional usurpación de esa atribución por la Sala Constitucional, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138, 296 y 333 de la Constitución.
Con esta declaración rechazamos esta nueva pretensión de usurpar la soberanía que reside intransferiblemente en el pueblo, conformado por todos los venezolanos.
Texto de comunicado emitido por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Monteávila.
* Eugenio Hernández-Bretón es decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Monteávila.
* María Verónica Torres Gianvittorio es directora de la Escuela de Derecho de la Universidad Monteávila.
