Estefanía Montero.-
En Venezuela los periodistas venezolanos enfrentan numerosos obstáculos para llevar a cabo su trabajo, las cuales van desde dificultades para acceder a las fuentes de información hasta amenazas y agresiones físicas infringidas por simpatizantes de alguna tolda política e incluso por autoridades policiales y militares.
A esta situación se une las presiones que se han ejercicio sobre medios de comunicación, audiovisuales o impresos, muchos de los cuales se han visto obligados a cerrar sus puertas o a cambiar de propietarios, lo que en algunos casos ha significado también un viraje en la línea editorial.
Este panorama ha sido analizado por organizaciones no gubernamentales como Reporteros Sin Fronteras, que en un reciente estudio ubicó a Venezuela en el puesto 137° de 180 países en la calificación mundial de libertad de prensa.
El informe anual de la organización no gubernamental Espacio Público indicó que entre enero y diciembre del 2016 se registraron 366 violaciones a la libertad de expresión, lo que representa un incremento de 28% en comparación con el 2015.
“Las prácticas intimidatorias, la violencia institucional y física que criminaliza la búsqueda y difusión de información en Venezuela, motivada por un discurso oficial hostil hacia la prensa, se agravaron en 2016, paralelo a un escalamiento de la crisis política y económica que alcanzó niveles inéditos en la historia contemporánea del país”, denunció el estudio.
Espacio Público apuntó que el 44%Â de las violaciones a la libre expresión se registró en el contexto de manifestaciones públicas, entre ellas las de carácter político en el marco de la exigencia del referendo revocatorio.
El impedimento de cobertura producto de la represión ejercida sobre las protestas por comida a inicios de junio del 2016 en el centro de Caracas, elevó la incidencia de violaciones en el primer semestre del año. La demanda por venta regular de productos y el derecho a la alimentación se ubicó ente los principales motivos de protesta, después de las demandas laborales. En 2016 se registraron 3536 manifestaciones, un incremento de 32% respecto al 2015.
“La arremetida de diversas instancias del Estado contra cualquier expresión de descontento se extiende a todos los sectores y, particularmente se focaliza en periodistas y reporteros gráficos a fin de impedir la cobertura de los hechos, ocultar la realidad e impedir las críticas”, añadió el informe.
“El desalojo de reporteros de las zonas de protesta y la exigencia ilegítima de permisos para la cobertura de hechos públicos escala algunas veces en violencia a fin de impedir el registro tanto de la demanda ciudadana como de la represión por parte de los cuerpos de seguridad. De allí que la intimidación esté en el primer lugar con 123 ocurrencias. La agresión, por su parte, se ubica en el tercer lugar de ocurrencia, con 54 violaciones”, agregó.
Sin libertad de expresión
La directora general del portal Caraota Digital, Francia Sánchez, aseguró que en Venezuela no hay plena libertad de expresión, la cual, según señaló, se ha visto afectada por las prácticas de censura y de autocensura. Advirtió que en muchos casos el hostigamiento ha afectado también a los propietarios de medios de comunicación.
El secretario de organización de la seccional Caracas del Colegio Nacional de Periodistas, Édgar Cárdenas, indicó que la libertad de expresión tampoco se puede ejercer si los medios impresos no tienen la posibilidad de contar con el suministro de papel periódico. Precisó que los medios audiovisuales se ven afectados por las trabas impuestos por el gobierno a la aprobación y renovación de licencias de radiodifusión, tal como ocurrió con RCTV en el 2007, o recientemente con CNN en Español, que, por orden directa del Ejecutivo Nacional, fue retirada de la oferta de la televisión por suscripción.
El director de Espacio Público, Carlos Correa, afirmó que para recuperar parte de la libertad de expresión hay que observar la situación desde la perspectiva del acceso a la información pública, debido a que Venezuela es un país muy opaco que ofrece poca información. Enfatizó que es necesario cesar las descalificaciones públicas a periodistas y derogar normativas que limitan el ejercicio de la prensa y que incluso castigan la opinión.
* Estefanía Montero es estudiante de Comunicación Social de la Universidad Monteávila.
