Claudia Buffi.-
En el libro El TSJ al servicio de la Revolución Antonio Canova, junto con otros abogados, realizó una investigación sobre la labor del máximo juzgado, estudio que permitió detallar una serie de irregularidades que, según los autores del estudio, demuestran que el poder judicial venezolano no es independiente.
“Eso no es un tribunal, eso es un brazo del Gobierno”, sostiene el abogado.
La investigación sobre sentencias de la alta corte inicia en el 2004 debido a que fue el año en el cual se realizaron cambios en la ley del TSJ, que amplió el número de magistrados y permitió remover discrecionalmente a quienes ya habían sido asignados. “Todo este proceso violando la Constitución, violando los debates de la Asamblea y sin la mayoría necesaria, porque para remover magistrados hace falta las dos terceras partes de la Asamblea que no tenía el chavismo”, afirma Canova.
“En Venezuela, por la forma como en el poder judicial se elige a los jueces, el que tenga el control del TSJ tiene el control del resto de los tribunales, porque todos los jueces del país son nombrados por el TSJ”, enfatiza.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ha condenado a Venezuela en varias ocasiones por nombrar y remover discrecionalmente a los jueces. “Es el único país que tiene una condena de la CorteIDH y que no las cumple, las desacata abiertamente (…) Hasta ahora no tiene ninguna consecuencia, pero más temprano que tarde esas personas que desacataron esa sentencia van a ser enjuiciadas y van a ser condenadas penalmente”, asegura Canova.
La violación a la Constitución supuestamente cometida al nombrar a los magistrados es una de las formas en las que el abogado demuestra la ausencia de independencia del poder judicial. Otro modo fue investigando sus antecedentes. “A veces se veían magistrados que habían realizado labores jurídicas muy pobres y que sin embargo eran asignados porque tienen familia dentro del gobierno”, refirió.
Las declaraciones ofrecidas por los magistrados, tanto antes como después de ocupar el cargo, es otra forma, según Camova, de demostrar la incondicionalidad del TSJ con el gobierno. “Un ejemplo claro fue en el acto de apertura judicial, al cual van los demás poderes y entre ellos estaba el presidente. Los magistrados designados hacían todo lo posible por quedar bien con Hugo Chávez, entonces hablaban de que ellos eran revolucionarios, socialistas e incluso lo llamaban ‘mi comandante presidente’ y coreaban ‘uh ah Chávez no se va”.
En caso de que el análisis de los magistrados dejara alguna duda sobre si en el poder judicial existe parcialidad política, los autores del libro también se dedicaron a estudiar las sentencias dictadas desde el 2004 hasta el 2013Â por la Sala Constitucional, la Sala Electoral y la Sala Político-Administrativa, ya que estas instancias son las encargadas de regular al Ejecutivo y a la Asamblea Nacional. “No utilizamos una muestra de las sentencias, analizamos todas, un total de 45.000 sentencias”, explica Canova.
El abogado señala que del análisis de todas esas sentencias consiguieron que “en los asuntos donde el gobierno tenía algún interés, y en aquellos asuntos que además de alguna forma estaban involucrados los derechos de personas de la oposición, en ninguno de esos asuntos el TSJ había sentenciado en contra del gobierno.”
Al analizar los criterios utilizados en las sentencias los investigadores encontraron un patrón: el gobierno anuncia cuando quiere llevar a cabo un proyecto y si este tiene alguna traba legal, por ser inconstitucional, acude al TSJ donde la decisión resulta favorable dejando el camino libre para realizarlo. “Había 51 casos concretos donde se asumieron criterios contrarios a los que había venido asumiendo el TSJ antes o que viene asumiendo siempre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (…) criterios que son contrarios a valores como la democracia, separación de poderes, derechos electorales, derechos políticos, o incluso que son contrarios a derechos sociales. (…) Estos no se corresponden con lo que en derecho debería haber decidido el tribunal”, acota Canova.
Aunque esta investigación llegó hasta el 2013, el abogado afirma que la imparcialidad de la alta corte se ha evidenciado aun más. Refiere que luego del nombramiento de magistrados en el 2015, justo antes del cambio a un Parlamento con mayoría opositora, se produjo una modificación en el comportamiento del máximo juzgado. “Antes no se anulaba ninguna ley de la Asamblea Nacional con mayoría chavista, ahora no hay ni una sola ley que no se anule por el TSJ”, apunta.
La investigación afirma que el TSJ está al “servicio de la revolución” pues, acorde con los autores, deja en evidencia la falta de autonomía del poder judicial venezolano. “No es un tribunal imparcial, de hecho ni siquiera se puede calificar como un tribunal porque su característica fundamental es que un tercero imparcial resuelve controversias y en este caso el TSJ es parte del gobierno. Así que ni Tribunal, obviamente no es Supremo porque decide el gobierno por él y mucho menos imparte Justicia. Es una farsa que habría que desconocer como autoridad y como poder público”, alega.
Canova afirma que la falta de garantías de existencia de un poder judicial independiente propicia la ausencia de un Estado de Derecho. “Obviamente que en Venezuela no hay Estado de Derecho, esto es una dictadura abierta. (…) En estas condiciones de un gobierno que hace todo con total impunidad, nadie va a venir a invertir, nadie va a generar empleos, nadie va a producir. (…) Las consecuencias son pobreza y miseria por un lado y opresión, coacción contra las personas opositoras por el otro.”
* Claudia Buffi es estudiante de Comunicación Social de la UMA.
* Rubén Sevilla es estudiante de Comunicación Social de la UMA.
