Claudia Buffi.-
La mayoría opositora en la Asamblea Nacional presentó en febrero el proyecto de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, cuya finalidad “es que se les de la libertad a todas esas personas que se les han hecho juicios injustos, juicios amañados, donde se ha demostrado que el mismo gobierno a través de testigos y pruebas falsas le ha construido expedientes a estas personas”, según señala la diputada de la Mesa de la Unidad Democrática Yajaira Castro, quien es esposa del comisario Lázaro Forero, detenido en el 2004 y que actualmente se encuentra bajo medida humanitaria debido a que padece cáncer.
La ley fue aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional y pasada al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), donde la Sala Constitucional la declaró ilegal. Â
El diputado Earle Herrera, del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), explica que “esa ley cubre delitos que van más allá de las razones que ellos consideran políticas, ampara a quien cometió cualquier tipo de delito, no se especifica realmente lo que se quiere amnistiar y se violan hasta las técnicas legislativas.”
Según el parlamentario oficialista, Â la ley ampara delitos que sean cometidos a futuro. Afirma que es “una de las leyes más disparatadas que han pasado por la Asamblea Nacional.”
Castro argumenta que la ley fue declarada inconstitucional “por instrucciones del presidente Nicolás Maduro” y asevera que no se pretende que haya impunidad, como el gobierno alega. “Todos los casos que están incluidos en la ley fueron revisados y se pudo verificar y constatar que han sido manipulados por parte del gobierno, del TSJ y por jueces que obedecen a órdenes directamente del Ejecutivo Nacional.”
La ley fue anulada debido a la decisión del TSJ, aunque Herrera aclara que “se puede presentar una ley de amnistía cuando la Asamblea lo consideren pertinente, pero hacerla como manda la ley, como manda la Constitución.”
La diputada de la MUD considera que esta normativa no tiene posibilidades mientras no haya un cambio de gobierno, ya que la pasada Asamblea Nacional, con mayoría oficialista, nombró a última hora magistrados del TSJ que, según asegura, responden al gobierno y que por razones políticas declararán inconstitucionales las leyes que presente el actual Parlamento.
“Lo que nos queda a los familiares de los presos políticos es seguir luchando para que en Venezuela haya un cambio de gobierno a través de las vías que establece la Constitución, y se pueda hacer justicia en Venezuela, se pueda liberar a los presos políticos y pueda haber una reconciliación nacional para todos los venezolanos”, subraya.
Situación de presos políticos
En Venezuela existen, según datos del Foro Penal Venezolano, 101 presos políticos, de los cuales 35 padecen problemas de salud.
El director ejecutivo del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, afirma que la falta de atención médica ha sido utilizada como mecanismo de sanción hacia los presos políticos con problemas graves de salud, padecimientos que, según el abogado, en su gran mayoría son consecuencia de las condiciones de la reclusión.
Cita el caso de Efraín Ortega como uno de los presos políticos que se encuentra en un estado de salud crítico. Sufre de trombosis en su pierna derecha debido a la situación de la División de Capturas del CICPC en el Rosal, donde no se le permitía sentarse por lo cual debía dormir de pie. Actualmente se encuentra en el Rodeo II y padece hepatitis C como consecuencia de las mínimas condiciones de salubridad.
“Hay personas como por ejemplo Vladimir Araque, que tienen tumor cerebral y la atención médica no se le ha suministrado correctamente. Hay múltiples casos con problemas serios de salud que han sido denunciados en la Defensoría del Pueblo pero también ante Fiscalía y ante el tribunal, pero la gran mayoría de los casos, en especial últimamente, no han tenido ningún tipo de respuesta” comenta.
Romero explica que la mayoría de los presos políticos son procesados, es decir, se encuentran detenidos pero aun no han sido condenados. “Hay muchos casos como el de Marcelo Crovato, que lleva más de dos años en proceso judicial y ni siquiera se ha culminado la audiencia preliminar; o el caso de estudiantes que fueron detenidos en la Francisco de Miranda, frente a la sede de la ONU, que han pasado más de dos años y medio y todavía no ha culminado el juicio. En la gran mayoría de los casos hay un retardo importante”, acota.
Romero denuncia que se utiliza el retardo procesal como otra sanción hacia los presos políticos, ya que a pesar de que en Venezuela existe la presunción de inocencia, de igual forma, según subraya, son tratados como culpables sin haber sido condenados.
También existen personas que aunque fueron liberadas presentan medidas provisionales, como prohibición de salida del país o de la ciudad, presentación periódica ante el tribunal o prohibición de declarar ante la prensa. El director ejecutivo del Foro Penal Venezolano explica que “estas medidas no tienen un tiempo específico, existen más de 1800 casos con personas procesadas y con medidas restrictivas a su libertad. Hay que insistir constantemente en que les revoquen las medidas, pero muchas veces no lo hacen”.
* Claudia Buffi es estudiante de Comunicación Social de la UMA.
