Presos polí­ticos aún aguardan por amnistí­a

Claudia Buffi.-

A pesar de la recolección de firmas, el TSJ anuló la Ley de Amnistí­a aprobada por la AN. Foto: Cortesí­a Ernesto Garcí­a
A pesar del apoyo de algunos ciudadanos el TSJ frenó la amnistí­a. Foto: Cortesí­a Ernesto Garcí­a

La mayorí­a opositora en la Asamblea Nacional presentó en febrero el proyecto de la Ley de Amnistí­a y Reconciliación Nacional, cuya finalidad “es que se les de la libertad a todas esas personas que se les han hecho juicios injustos, juicios amañados, donde se ha demostrado que el mismo gobierno a través de testigos y pruebas falsas le ha construido expedientes a estas personas”, según señala la diputada de la Mesa de la Unidad Democrática Yajaira Castro, quien es esposa del comisario Lázaro Forero, detenido en el 2004 y que actualmente se encuentra bajo medida humanitaria debido a que padece cáncer.

La ley fue aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional y pasada al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), donde la Sala Constitucional la declaró ilegal.  

El diputado Earle Herrera, del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), explica que “esa ley cubre delitos que van más allá de las razones que ellos consideran polí­ticas, ampara a quien cometió cualquier tipo de delito, no se especifica realmente lo que se quiere amnistiar y se violan hasta las técnicas legislativas.”

Según el parlamentario oficialista,  la ley ampara delitos que sean cometidos a futuro. Afirma que es “una de las leyes más disparatadas que han pasado por la Asamblea Nacional.”

Castro argumenta que la ley fue declarada inconstitucional “por instrucciones del presidente Nicolás Maduro” y asevera que no se pretende que haya impunidad, como el gobierno alega. “Todos los casos que están incluidos en la ley fueron revisados y se pudo verificar y constatar que han sido manipulados por parte del gobierno, del TSJ y por jueces que obedecen a órdenes directamente del Ejecutivo Nacional.”

La ley fue anulada debido a la decisión del TSJ, aunque Herrera aclara que “se puede presentar una ley de amnistí­a cuando la Asamblea lo consideren pertinente, pero hacerla como manda la ley, como manda la Constitución.”

La diputada de la MUD considera que esta normativa no tiene posibilidades mientras no haya un cambio de gobierno, ya que la pasada Asamblea Nacional, con mayorí­a oficialista, nombró a última hora magistrados del TSJ que, según asegura, responden al gobierno y que por razones polí­ticas declararán inconstitucionales las leyes que presente el actual Parlamento.

“Lo que nos queda a los familiares de los presos polí­ticos es seguir luchando para que en Venezuela haya un cambio de gobierno a través de las ví­as que establece la Constitución, y se pueda hacer justicia en Venezuela, se pueda liberar a los presos polí­ticos y pueda haber una reconciliación nacional para todos los venezolanos”, subraya.

Situación de presos polí­ticos

En Venezuela existen, según datos del Foro Penal Venezolano, 101 presos polí­ticos, de los cuales 35 padecen problemas de salud.

El director ejecutivo del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, afirma que la falta de atención médica ha sido utilizada como mecanismo de sanción hacia los presos polí­ticos con problemas graves de salud, padecimientos que, según el abogado, en su gran mayorí­a son consecuencia de las condiciones de la reclusión.

Cita el caso de Efraí­n Ortega como uno de los presos polí­ticos que se encuentra en un estado de salud crí­tico. Sufre de trombosis en su pierna derecha debido a la situación de la División de Capturas del CICPC en el Rosal, donde no se le permití­a sentarse por lo cual debí­a dormir de pie. Actualmente se encuentra en el Rodeo II y padece hepatitis C como consecuencia de las mí­nimas condiciones de salubridad.

“Hay personas como por ejemplo Vladimir Araque, que tienen tumor cerebral y la atención médica no se le ha suministrado correctamente. Hay múltiples casos con problemas serios de salud  que han sido denunciados en la Defensorí­a del Pueblo pero también ante Fiscalí­a y ante el tribunal, pero la gran mayorí­a de los casos, en especial últimamente, no han tenido ningún tipo de respuesta” comenta.

Romero explica que la mayorí­a de los presos polí­ticos son procesados, es decir, se encuentran detenidos pero aun no han sido condenados. “Hay muchos casos como el de Marcelo Crovato, que lleva más de dos años en proceso judicial y ni siquiera se ha culminado la audiencia preliminar; o el caso de estudiantes que fueron detenidos en la Francisco de Miranda, frente a la sede de la ONU, que han pasado más de dos años y medio y todaví­a no ha culminado el juicio. En la gran mayorí­a de los casos hay un retardo importante”, acota.

Romero denuncia que se utiliza el retardo procesal como otra sanción hacia los presos polí­ticos, ya que a pesar de que en Venezuela existe la presunción de inocencia, de igual forma, según subraya, son tratados como culpables sin haber sido condenados.

También existen personas que aunque fueron liberadas presentan medidas provisionales, como prohibición de salida del paí­s o de la ciudad, presentación periódica ante el tribunal o prohibición de declarar ante la prensa. El director ejecutivo del Foro Penal Venezolano explica que “estas medidas no tienen un tiempo especí­fico, existen más de 1800 casos con personas procesadas y con medidas restrictivas a su libertad. Hay que insistir constantemente en que les revoquen las medidas, pero muchas veces no lo hacen”.

* Claudia Buffi es estudiante de Comunicación Social de la UMA.

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