José Ignacio Arcaya.-
Desde hace no pocos años el tema de la Carta Democrática Interamericana ha estado en boca de muchos sectores de la sociedad venezolana. Decenas de manifestaciones y protestas han girado en torno a ella. La Carta, para algunos, es la solución de todos los problemas; y para otros, un placebo innecesario.
El secretario general de la OEA solicitó el 31 de mayo la activación de la Carta. Mucho se dice de ella, pero algunas preguntas quedan por responder.
¿Qué es la Carta Democrática Interamericana?
La Carta Democrática Interamericana es una resolución especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobada el 11 de septiembre de 2001 con la intención de hacer de la democracia un requisito indispensable para la permanencia en el organismo continental. Es un documento corto y conciso, que en sus apenas 28 artículos tipifica lo necesario. Se firmó luego de la caída de la “última” dictadura de América Latina, la de Alberto Fujimori en Perú.
En su mayoría la Carta Democrática describe las características de un gobierno democrático y las obligaciones de los Estados en esa materia, y establece una posible sanción a los regímenes que incumplan su mandato, imponiendo una separación del organismo y de muchos otros tratados de cooperación entre países miembros.
¿Quién puede aplicar la Carta Democrática Interamericana?
Según el artículo 20 de la Carta Democrática, cualquier miembro de la OEA puede invocarla. Ahora bien, la diferencia entre invocar y aplicar reside en que la primera solo alerta sobre una posible violación y pone el tema en discusión en el Consejo Permanente. Lo puede hacer un Estado miembro o el secretario general de la organización.
La aplicación, en cambio, ocurre cuando hay la voluntad requerida de los Estados para ejercer las acciones contenidas en la Carta en defensa de la democracia. Para aplicarla es necesaria una votación de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea General de la OEA, es decir, 24 países.
¿Cómo se aplica la Carta Democrática Interamericana?
El primer paso para la aplicación de la Carta Democrática y todas sus consecuencias es que sea invocada. Una vez que algún Estado miembro o el secretario general lo haya hecho el Consejo Permanente de la OEA pasa a estudiar la decisión. Este Consejo Permanente revisa la situación, la discute, y en caso de considerarlo necesario llamará a que el tema sea introducido en la Asamblea General, pero para ello será necesaria la votación afirmativa de más de la mitad de los miembros, es decir 18 estados, aunque otros juristas expertos afirman que pudiera ser necesaria la votación de dos tercios.
Una vez que el tema está introducido en la agenda de la Asamblea General de la OEA se realizará una votación para decidir sobre la aplicación de la Carta Democrática. Para que se apruebe esta resolución deberá ser por una mayoría de las dos terceras partes de los miembros, es decir, son necesarios 24 votos afirmativos. Desde ese momento, en caso de ser afirmativa la votación, el país queda suspendido de la OEA.
Una vez aplicada la Carta Democrática será labor del organismo realizar tareas de investigación de la situación en el país intentando corroborar la situación. Esto puede ocurrir con la visita de una delegación de la OEA o del secretario general. En caso de que la violación sea muy evidente el organismo puede decidir no enviar una misión diplomática. Puede ocurrir que, sin ser aplicada la Carta, se envíen las misiones diplomáticas correspondientes.
Importante: solo la Asamblea General puede aplicar la Carta Democrática con mayoría de dos tercios, no el Consejo Permanente.
¿Será la Carta aplicada a Venezuela?
Una vez que fue invocada la Carta por el secretario general del organismo se abrió el proceso de aplicación. Pero hay que preguntar qué puede pasar en el camino a la aprobación de dicha medida. Es evidente que el secretario general es uno de los principales promotores, pero hay que recordar que es necesaria la aprobación de los dos tercios de la Asamblea General de la OEA para ser efectivamente aplicada. Entonces, es oportuno revisar los últimos procesos de votación que tuvieron lugar en el organismo continental sobre el caso Venezuela. Una situación que ocurrió en marzo del 2014 para someter a votación la posibilidad de que la sesión, en la cual se iba a hablar de Caracas, fuese pública o privada. Los resultados fueron los siguientes:
Sesión pública: EE.UU, Chile, México, Guatemala, Colombia, Panamá, Costa Rica, Perú, Canadá.
Sesión privada: República Dominicana, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Venezuela, Antigua y Barbuda, Argentina, Dominica, Ecuador, El Salvador, Grenada, Haití, Jamaica, Belice, Brasil, Guyana, Nicaragua, Saint Kitts, Bolivia, San Vicente y las Granadinas, Uruguay.
Barbados se abstuvo.
El 31 de agosto de 2015, en marco de la crisis fronteriza entre Colombia y Venezuela, el tema se discutió en el Consejo Permanente y Colombia pidió que se tratara en la Asamblea General. Eran necesarios 18 votos a favor y Colombia se quedó corto por uno:
En contra de Colombia: Bolivia, Ecuador, Haití y Nicaragua.
Abstenciones: Antigua y Barbuda, Argentina, Brasil, Belice, Granada, Panamá, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.
A favor de Colombia: Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Paraguay, Perú, Santa Lucía, Uruguay, Bahamas, Barbados, Canadá, Chile y Colombia
Viendo estos números se puede resaltar que no hay ningún resultado escrito en piedra previo a la votación. Ahora bien, se puede  concluir que hay alrededor de 12 países que siempre votarán en contra de Venezuela en estos temas. También se puede destacar que tanto Argentina como Brasil tuvieron cambios de gobiernos, los cuales eran anteriormente favorables al ejecutivo venezolano.
Tomando como referencia las votaciones de 2015, no debería ser un problema para el secretario Almagro que el tema Venezuela logre pasar la primera ronda de votaciones, en caso de que sean necearios 18 votos afirmativos. El verdadero reto se encuentra en el voto de los 24 países para poder activar la Carta.
Hay que recordar que desde 1999 Venezuela ha adquirido el apoyo tradicional de los 16 miembros de Petrocaribe: Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica, El Salvador, Guatemala, Guyana, Granada, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, República Dominicana, San Vicente y Granadinas, y Surinam. Esos podrían considerarse el voto a favor del gobierno de Venezuela, junto con Bolivia y Ecuador.
¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la aplicación de la Carta Democrática?
Se podrían decir algunas ventajas que tendría la oposición venezolana sobre la aplicación de la Carta Democrática. En primer lugar, sería un triunfo internacional de los sectores disidentes para dejar expuesto el régimen. También aumentaría la moral de muchos grupos desesperanzados. Como se dijo anteriormente, activar la Carta limitaría la capacidad de actuar del gobierno internacionalmente ya que podría quedar aislado y su gestión estaría en tela de juicio.
Pero la aplicación de la Carta Democrática no quedaría libre de aspectos negativos. Ser aislados de la comunidad internacional podría traer toda cantidad de problemas. Muchos expertos incluso hablan de un cese de importaciones de alimentos y medicinas que pudiesen tener gravísimos efectos en la población. También pudiera ocurrir que la aplicación de la Carta no tuviese ningún efecto práctico para los sectores democráticos, ya que el gobierno pudiera no importarle la decisión del organismo e incluso utilizarla como la excusa que necesita para salirse de la OEA y liberarse de muchos incómodos compromisos.
¿Y ahora qué?
Ahora queda ver qué pasará. Un interesantísimo proceso de lobby y negociación está ocurriendo en este momento entre muchos Estados para lograr el resultado que más les convenga. Sectores democráticos intentarán persuadir a los 24 países necesarios para activar la Carta.
Nada está escrito en piedra y todo puede pasar.
* José Ignacio Arcaya es estudiante de Derecho.
