Mariana Yánez.-
En un sistema democrático la separación de poderes implica instituciones con un marco claro de actuación: el parlamento aprueba las leyes, el presidente las ejecutar y el tribunal supremo las interpreta y dirime controversias. Así está establecido en casi todas las constituciones, incluyendo la venezolana.
Sin embargo, en algunos países de Latinoamérica esta no es la forma como el gobierno funciona y cada vez se han más comunes las desviaciones de lo previsto en la Carta Magna.
Esto no solo sucede en Venezuela sino que también es moneda corriente en la región, donde es común la falsa separación de poderes. Algunos casos son más resaltantes que otros. Por ejemplo, en el marco político, la separación de poderes de Chile dista mucho a ser igual a la de Cuba, dónde ya de plano no existe.
Otro caso relevante es el de Brasil: la separación de poderes garantizó un juicio político a la ex presidente Dilma Rousseff, que terminó en su destitución y en la instauración del nuevo gobierno de Michel Temer, actual mandatario brasileño.
Aún más reciente fue lo ocurrido en Paraguay, donde el congreso quiso reformar la Constitución para permitir la reelección presidencial, ocasionando graves disturbios civiles y la quema de la sede del propio parlamento guaraní. Después de varios días de incertidumbre política, Horacio Cartes públicamente anunció que no presentará su candidatura para un nuevo mandato y prometió que en el 2018, cuando vence su período, dejará el cargo.
Durante los últimos quince meses el mundo ha visto cómo el gobierno de Nicolás Maduro ha desconocido al parlamento democráticamente electo de Venezuela, amparado en una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que declaró en desacato al legislativo. El máximo juzgado incluso llegó a asumir las responsabilidades de la Asamblea Nacional, solo para que después el gobierno se arrepintiera de esta decisión.
Un estado democrático debe gozar de una separación de poderes notoria, el cual, según el internacionalista Jesús Yánez, puede llegar de la siguiente manera: “se debe garantizar por ley el equilibrio de poderes, todas personas ejerciendo los cargos deben tener edades mínimas y máximas, el periodo de ejercicio debe tener un límite de 7 años, sin opción a la reelección, las decisiones del poder legislativo deben tomarse por mayoría y las del ejecutivo por sus altos funcionarios, de igual manera, el presidente debe tener un tiempo de gobierno que no exceda los 5 años, con derecho a una sola reelección”, comentó.
El especialista aseveró que una institución estatal, cuya labor sea vigilar a las otras instituciones del estado, es una redundancia que demostraría falta de confianza en los órganos gubernamentales de un país y que, a la larga, podría acarrear problemas.
Teóricamente un poder debe ser capaz de debatir o en algunos casos enfrentarse al otro, Â sin que esto ponga en riesgo el orden ni el civismo de una nación.
Sin embargo, dada la situación que actualmente atraviesa Venezuela, ninguno de estos objetivos se cumple como debería ser, llevando a un estado de completa incompetencia por parte de los poderes gubernamentales, sumándole casos de corrupción y abuso de poder atentando directamente contra a democracia.
Por el panorama que se vislumbra a futuro pasarán muchos años antes de que se pueda decir que en Venezuela, en comparación con otros países de la región, hay una separación de poderes que trabajan conjuntamente por el beneficio del país y amparados por la Constitución.
* Mariana Yánez es estudiante de Comunicación Social de la Universidad Monteávila.
