Derecho y revés | Algunas lecciones del juicio a CAP

Carlos García Soto.-

Pérez dejó la presidencia un año antes de culminar su gobierno. Foto: photopin (license)

Entre los distintos aspectos tratados en el muy buen logrado documental CAP 2 intentos, resalta el juicio al cual fue sometido el presidente Pérez y que marcó el fin de su segunda presidencia. Hay cierto consenso en que tal juicio terminó siendo muy desafortunado para el futuro político del país. El enjuiciamiento del presidente Pérez supuso un duro golpe para la institucionalidad venezolana.

Para inicios de 1993 el presidente Pérez había enfrentado tres sucesos de enorme gravedad social y política: a veinticinco días del inicio de su período presidencial tuvo lugar El Caracazo y en febrero y noviembre de 1992 enfrentó dos intentonas de golpe de Estado, como es sabido.

Para el momento Pérez enfrentaba una crisis de popularidad importante. No solo de una crisis de popularidad en sentido estricto. Buena parte de las “élites” hacía responsable a Pérez de la situación del país y públicamente exigían su salida anticipada del poder. Ante el ambiente de corrupción que se denunciaba, muchos querían mostrar a alguien como responsable de parte de esa corrupción. Mirtha Rivero ha dibujado de forma magistral ese período de la historia contemporánea en su libro La rebelión de los náufragos.

El segundo período presidencial de Pérez terminaba precisamente en ese año 1993. Solo le quedaba poco menos de un año en la presidencia cuando se le somete a juicio ante la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, ese anhelo de mostrar a Pérez como el responsable único de la crisis, para de alguna manera centrar en él las responsabilidades, hizo que se diera fin a su gobierno mediante una de las peores formas posibles: usando al Poder Judicial para terminar un mandato que había sido otorgado a Pérez con los votos, es decir, apoyándose en el Poder Judicial para resolver un conflicto que era de carácter político. A partir de una acusación realizada por el fiscal general de la República por malversación y peculado, la Corte Suprema de Justicia encontró méritos para enjuiciarlo y el Senado autorizó la continuación del  proceso judicial, lo cual implicó la suspensión y posterior destitución de Pérez de la Presidencia.

El país vio claramente cómo todo el proceso fue forzado para apartar a Pérez de la Presidencia, con lo que la Corte Suprema de Justicia asumió un rol político de verdugo que no le correspondía. Ya después de eso, violentar la institucionalidad democrática en posteriores ocasiones parecería menos grave al país, como efectivamente ocurrió.

Para nuestros ojos contemporáneos, asombra cómo Pérez asumió un proceso que él consideraba injusto, siendo el presidente de la República en funciones, como ha resaltado el propio abogado defensor de Pérez en ese juicio, el profesor Alberto Arteaga. Es por ello célebre la frase pronunciada por Pérez en su discurso cuando conoció la decisión de la Corte Suprema de Justicia por la cual ésta encontró méritos para enjuiciarle, y que implicaba que debía separarse del cargo de Presidente: “si no abrigara tanta convicción en la transparencia de mi conducta que jamás manchará mi historia, y en la seguridad del veredicto final de justicia, no tengo inconveniente en confesar que hubiera preferido otra muerte”.

El juicio al presidente Pérez deja, entre otras, dos lecciones.

La primera lección, que utilizar al Poder Judicial para resolver conflictos políticos que deben ser resueltos en el marco del pluralismo y de las mayorías electorales debilita sustancialmente al propio sistema democrático, que pierde así la instancia final objetiva para la aplicación de la justicia.

La otra lección, histórica, es que hubo una etapa de la historia de Venezuela en la que el sistema implicaba que el poder podía ser sometido en algunas circunstancias al Derecho. El presidente se sometió a un juicio que consideraba injusto, pero no interfirió en la actuación de ese Poder Público representado en la Corte Suprema de Justicia.

Usar las instituciones de la democracia para socavar a la propia democracia nunca es un juego inocuo. Ahí está el juicio al presidente Pérez para recordarlo.

* Carlos García Soto es profesor de la Universidad Monteávila.

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