Economí­a para la gente | ¿Es justa y social la justicia social? (II)

Rafael J. Avila D.-

En el artí­culo pasado, ya habí­amos planteado y analizado una primera ví­a para definir el salario: aquella en la que el gobierno decide qué nivel de salario es suficiente y justo.

Ahora, planteo una segunda ví­a que intente resolver el punto de la definición del salario justo y suficiente: se sientan a negociar el patrono y el empleado.

Bajo la óptica de quién tiene mejor información y conocimiento (aunque no sea absolutamente completo), para saber el salario que para sí­ es suficiente, dirí­amos que sólo el trabajador sabe mejor el monto que en un momento es suficiente para cubrir su costo de vida, y además que le permita ahorrar para sus planes futuros. También podemos decir que, del lado del patrono, sólo la empresa tiene el mejor conocimiento, aunque naturalmente incompleto, para saber cuál es el salario que puede ofrecer a un potencial empleado; el salario que considera justo y conveniente, el que no le afecta.

De esa negociación, si se da el acuerdo, resultará un salario: ¿Será justo? ¿Será suficiente? No me atrevo a aseverarlo categóricamente, pues también soy humano, y trato de no caer en la arrogancia. Pero creo que sí­ puedo decir que pareciera que serí­a más justo y más cercano al suficiente que si lo fija o impone el gobierno. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que quienes lo pactaron son los dolientes directos y los que manejan de mejor forma el conocimiento necesario para llegar al acuerdo.

Si se generaliza esta situación, considero que con mayor probabilidad se reducirí­a el desempleo, alcanzando quizás el tan anhelado pleno empleo.

Ahora pensemos un poco en esa negociación patrono-empleado. Qué importante es que a la mesa de negociación ambos se sienten sin estar coaccionados; es decir, que negocien de forma libre y voluntaria. Si ese acuerdo se alcanza de manera libre y voluntaria, sin que una parte obligue (coaccione) a la otra, podrí­amos decir que ambas partes salen ganando, pues si así­ no lo sintieran, si no estuvieran satisfechas, pues simplemente no llegarí­an a un acuerdo. Lo recuerdo: sólo si es libre y voluntaria la negociación.

Esta condición ya hecha por tierra aquella antiquí­sima idea de que en todo acuerdo necesariamente hay un ganador y un perdedor.

También es cierto que es casi imposible que en esa negociación ambas partes tengan exactamente el mismo poder para negociar. Alguna tendrá más poder que la otra: en ocasiones el patrono, en ocasiones el empleado. Con frecuencia se ve al empleado como el débil en esta negociación; como la parte desvalida. Y esa razón suele justificar que personas de buen corazón y buena voluntad, se pongan de parte del empleado, apoyando cualquier medida o polí­tica de gobierno que «equilibre» esa condición de desventaja que tiene el empleado negociando con su patrono. Ni siquiera pensemos en quién protege a la empresa si la situación fuera la contraria; una en la que el empleado tenga mayor poder para negociar. Reflexionemos sobre la situación en la que el empleado es el débil en la negociación.

Podrí­amos decir que siempre el patrono tendrá más poder para negociar que el empleado, y asumamos que aprovechándose de esta ventaja el patrono impone lo que le es conveniente: un salario bajo, tan bajo que es insuficiente desde la óptica del empleado.

Entonces, ¿Cómo protegemos al empleado para que no le ocurra esto?

Lo primero que llega a la mente es que si tanto el empleado como el patrono quisieran ser éticos y moralmente correctos, y se reconocieran el uno al otro como personas, con dignidad, hijos de Dios, no tratarí­an de perjudicar a la contraparte, alcanzando acuerdos satisfactorios para ambos. Esta situación es la ideal, es la mejor. Pero dada la crisis de valores que vivimos actualmente, tal vez esperar que esto ocurra así­ en todas las negociaciones nos defraudarí­amos al ver los resultados. Esta es una solución de largo plazo, una lucha que nunca hay que dejar de dar: que en nuestra sociedad reinen los valores, la moral, la ética.

Pero, ¿cómo podemos hacer en las circunstancias actuales de crisis de valores, para que los acuerdos lleguen a ser lo mejor posibles para ambas partes y en especial para el empleado?

Hay quienes propondrí­an que, dado que siempre el patrono tendrí­a ventaja y el empleado está desvalido, y si dejamos que esta negociación se dé libremente, el empleado saldrí­a derrotado recibiendo unos beneficios inconvenientes, se justifica, ante esta «falla de mercado», que el gobierno intervenga regulando la relación laboral con sus polí­ticas para este sector. Pero resulta que persiguiendo ese anhelo de protección al empleado, con la mejor de las intenciones, termina ocurriendo lo que ya comentábamos más arriba y por las razones que exponí­amos: peores condiciones para el trabajador, desempleo, salarios injustos. Es decir, terminamos sustituyendo una supuesta «falla de mercado» por una clara «falla de gobierno».

Entonces, ¿Qué nos queda? ¿Está el empleado condenado a vivir derrotado?

¿Cómo podemos hacer para que el empleado tenga mayor poder de negociación con su potencial patrono, que de alguna manera incentive, asegure, mejores resultados? Es decir, ¿cómo podrí­a llegar a obtener beneficios más justos?

La respuesta pareciera estar en que lo primero que nosotros debemos garantizarnos, propiciar, propugnar, como sociedad, es que esa negociación patrono-empleado sea libre y voluntaria, sin coacción, por aquello de que los acuerdos que se alcancen serán aquellos en los que ambas partes sienten que ganan, están satisfechos. Y luego, habrí­a que apoyar esto con algo que le dé más poder al empleado en la negociación.

Conclusión

Si ya sabemos que la ví­a no es mayor regulación, imposición, por parte del gobierno, nos queda reflexionar sobre esta: que haya cada vez más y más empresas demandando los servicios de este trabajador; así­, con un empleado que tenga más opciones de donde escoger, tendrá la oportunidad de seleccionar aquella que mejores beneficios y condiciones laborales ofrezca, según su criterio. De esta forma, generalizándola, y con el paso del tiempo, tendremos más y más trabajadores satisfechos, recibiendo salarios «suficientes» y «justos». Y los empleadores sabrán que si desmejoran o maltratan al empleado, este simplemente se les va a otra de las tantas opciones que tendrá. Así­ que debe ser una relación armoniosa, de ganar-ganar.

Por lo tanto, como sociedad debemos velar porque nuestros gobiernos, y exigirles, apliquen polí­ticas que incentiven la creación de empresas, y por lo tanto empleos, y la competencia entre estas. Así­, los trabajadores resultarán beneficiados, y los que salen a buscar empleo, lo conseguirán más rápido.

Entonces, visto lo anterior, podemos preguntarnos: ¿Es justa y social la justicia social? Entendiendo esta como la serie de condiciones que impone el gobierno a la sociedad, y que pretenden dar «protección» al trabajador, creo que lamentablemente la respuesta es que no es justa. Es una imposición en la que a unos les hacen creer que ganan, cuando realmente son perdedores: los trabajadores, sus familias y la sociedad en general, en el largo plazo.

Por lo tanto, ¿Cuál parece ser el arreglo que propicie una mayor «justicia social»? ¿Cuál es la mejor protección que podemos tener los trabajadores? ¿Cómo podrí­amos abonar para dar cumplimiento a esa sana petición que nos hace nuestro queridí­simo San Juan Pablo Magno? Creo que la respuesta está en no más fallas de gobiernos, sino en propiciar un entorno en el que haya cada vez más y más acuerdos libres y voluntarios, y más y mejores opciones para que los trabajadores tengamos de donde elegir.

Entender de economí­a polí­tica, identificar ganadores y perdedores, nos permite entender por qué es difí­cil cambiar el statu quo.

*Rafael J. Avila D. es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Monteávila