Félix Alberto Allueva.-
“No podemos exigir un comportamiento pacífico y legal de los ciudadanos si el Estado toma decisiones que no están de acuerdo con la ley”. Esas fueron las palabras de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, el pasado 3 de mayo cuando denunciaba los hechos de violencia generados por los cuerpos de seguridad.
Quien en 2013 hacía un llamado a consolidar el poder popular y el “legado de Chávez”, hoy se opone abiertamente a la propuesta constituyente del presidente Nicolás Maduro. “Esta Constitución es inmejorable”, sentenció la fiscal.
Su pronunciamiento sobre los fallos 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) representó un punto de quiebre en el discurso oficialista. Al día siguiente Ortega Díaz se reunió con Maduro cuando convocó al Consejo de Defensa de la Nación pero, a pesar de ello, previo a las manifestaciones pautadas para el 19 de abril, hizo un llamado a los organismos de seguridad exigiéndoles garantizar el derecho del pueblo a manifestar de manera pacífica.
A Blanca Rosa Mármol, ex magistrada del TSJ, le sorprende la nueva postura de Ortega Díaz y estima que se trata de un «despertar súbito».
“Durante muchos años el Ministerio Público ha estado detrás de criminalización de la disidencia en Venezuela; ha estado detrás de los presos políticos que hoy tenemos, detrás de los presos de consciencia; ha estado indiferente a la tortura que se vive en la cárceles venezolanas; y no ha actuado en muchas situaciones que han sido absolutamente contrarias al Estado de Derecho”, señala Mármol.
Sin embargo, abre los brazos a quien se encuentre en favor del Estado de Derecho y reproche la ruptura del hilo constitucional en el país.
Para la ex magistrada no basta la mera condena al abuso y a la ruptura del hilo constitucional, y considera necesario que la fiscal actúe en el mismo sentido, es decir, que haga uso de sus atribuciones consagradas en el artículo 285 de la Carta Magna.
Mármol asegura que, más que una tendencia hacia la autonomía institucional, la postura de la fiscal representa la intención de desmarcarse de las infracciones constitucionales y legales en las cuales está incurso el régimen.
Sobre las repercusiones que pudiera tener este nuevo discurso de la cabeza del Ministerio Público, la ex magistrada estima que debería “poner a reflexionar a las autoridades policiales, al presidente de la República, al ministro de la Defensa, al ministro del Interior y, por lo menos, suprimir el uso de las armas contra la población”.
* Félix Alberto Allueva es estudiante de Comunicación Social de la Universidad Monteávila.
