El 19 de abril de 1810, un movimiento civilista, legí­timo y muy caraqueño

Ricardo Ciliberto Bustillos.-

19 de abril
19 de abril de 1810, obra de Juan Lovera

Las causas que generaron los históricos acontecimientos del 19 de abril de 1810 no fueron consecuencia de una improvisada rebelión de los patricios criollos. De tiempo atrás, en la vieja Europa, vení­an discutiéndose en casi todos los cí­rculos polí­ticos e intelectuales las innovadoras tesis de Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, por mencionar algunos, además de los planteamientos de los enciclopedistas y de otros importantes pensadores sobre los conceptos y ejercicio de soberaní­a, representación, formas de gobierno, derecho a la rebelión, el pacto polí­tico con el monarca y los alcances y fundamentos de la igualdad y la libertad.

ívidos de estudiar y asimilar estas novedosas teorí­as, a pesar de las prohibiciones de rigor, nuestras más encumbradas élites comprendieron a la perfección el necesario e impostergable cambio que requerí­a el régimen hispánico, y más cuando este “gozaba” de un gran desprestigio y menosprecio general.

De hecho, la corte de Carlos IV (quien reinó desde 1788-1808) era el centro de las más acerbas crí­ticas, de la iracundia de los españoles y de las burlas y epí­tetos de sus súbditos más atrevidos. La monarquí­a, desde todo punto de vista, daba muestras de enorme fatiga y debilidad.

No cabe la menor duda que la obra de Thomas Paine, “El Sentido Común” (1776), ejerció una influencia determinante en los fundadores de la nación norteamericana. Igual consideración tuvo el escrito del inglés Adam Smith: “Investigación sobre la Naturaleza y Causa de la Riqueza de las Naciones” (1776), de manera que en las postrimerí­as del siglo XVIII se impondrá una inédita concepción de la polí­tica, el gobierno y una nueva filosofí­a social y económica que quiebra, definitivamente, lo que quedaba del monolí­tico absolutismo europeo.

Un hecho sobresaliente es que adaptándola a sus realidades polí­ticas y sociales, América del Norte copia un tanto de los ingleses la “Declaración de Derechos” (Bill of Rigths de 1689), documento que será fundamental para su futura constitución (1787). Más aún, la Declaración de Virginia del 12 junio de 1776, antecedente de la Declaración de Independencia del 4 de julio, tendrá en aquel texto una gran inspiración y facilitará a nuestros mantuanos genuinos fundamentos para zafarse de las amarras borbónicas.

A todo esto, habrí­a que agregar la concepción y puesta en práctica de la “constitución escrita”, tan copiada por los revolucionarios franceses y por las incipientes naciones hispanoamericanas, así­ como la figura del “presidente” como Jefe de Estado y del Poder Ejecutivo. Una verdadera innovación que tendrá cruciales e insospechados resultados en la organización polí­tica en las neo-natas repúblicas, una vez independizadas de España.

La Revolución Francesa de 1789 sepulta el “ancien régime” con todo su andamiaje de poder y divinidad. Las aclamadas Liberté, Égalité y Fraternité tuvieron una espectacular resonancia universal. Sobre todo en el otro lado del Atlántico. Redondeando un poco, los brillantes filósofos, la extensa y atrayente literatura liberadora; las discusiones y controversiales posiciones, y, en definitiva, la actividad polí­tica casi febril, tuvieron en América y especí­ficamente en Venezuela, una repercusión de primer orden.

Simultáneamente, habrí­a que tomar en cuenta la insurrección del zambo Andresote (1732); la del negro Miguel en Yare (1742); la de Juan Francisco León (1751); el levantamiento en Coro de José Leonardo Chirino (1795); la conspiración de Juan Picornell, Manuel Gual y José Marí­a España (1797) y –por supuesto- las invasiones de Francisco de Miranda en 1806. Estos sacudones a la “pax hispana” configuraron una seria advertencia a la ya frágil tranquilidad colonial.

En 1808 hubo un incidente que la historia patria conoce como la “Conjura de los Mantuanos”, un movimiento de poca trascendencia y sin mayores consecuencias que una reprimenda y encarcelación momentánea de sus principales dirigentes. Sin embargo, constituyó otro alerta y aviso.

Súmese – igualmente – que en muchas reuniones clandestinas se analizaba y debatí­a el problema que ocasionaba los inocultables intereses contrapuestos entre criollos y españoles. La superioridad en el trato, e incluso la abierta y descarada preferencia por las gestiones y solicitudes de los europeos, alteraba notoriamente la cotidianidad y desenvolvimiento pací­fico de estas poblaciones.

Desde luego que no pueden obviarse las propias conveniencias de la oligarquí­a vernácula, no solo desde el punto de vista económico y comercial, sino también el polí­tico- administrativo. Más poder y autonomí­a –en resumidas cuentas- eran las principales exigencias y reclamos que ante las autoridades españolas planteaban nuestros “blancos” criollos.

Obviamente, el ascenso de Napoleón Bonaparte al trono de Francia (1804) trajo enormes desajustes en las realezas del viejo mundo. A este respecto, y como antesala a su coronación, la escritora uruguaya Carmen Posadas deslizó este acertado comentario: “El triunfo y la popularidad de un militar resultan siempre inquietantes en tiempos polí­ticamente precarios”.

Y así­ fue. Ante el desorden, la anomia y el hastí­o de los franceses, sobre todo de la clase polí­tica parisién, no le quedó otro camino al prestigioso corso que fomentar, y desde luego llevar a cabo, algunos facciosos movimientos y sediciosas diligencias para colmar su ambición: asirse la corona de Francia y con esta, la pretensión de crear una especie de confederación de reinos y naciones de Europa cuyo centro de gobierno y poder estuviese en Parí­s.

De paso, exigir que los principios de la revolución rigieran en todos sus territorios. Para lograrlo, serí­a necesario derrotar la poderosa y enemiga Inglaterra, por lo que apelarí­a a la estrategia del bloqueo de las costas de tierra firme y sobre todo las correspondientes a España y Portugal.

A este respecto, aplica para la corona lusitana una polí­tica de marcada lí­nea imperial, posesiva, amenazante, obligando al rey Juan de Braganza a trasladar toda la fastuosa y descomunal corte a sus posesiones en Brasil.

Con España, la conducta será más radical: Bajo la excusa de invadir Portugal, para reforzar el bloqueo y tomar el absoluto control de esa monarquí­a, requiere enfática y contundentemente el paso de sus ejércitos por suelo español y, por consiguiente, la imposición de que esta corona le fuese transferida.

El caso es que Carlos IV, por su descrédito y palaciegos episodios (el motí­n de Aranjuez, como intento de golpe de Estado en su contra) abdica en marzo de 1808 a favor de su hijo Fernando VII, a la sazón prí­ncipe de Asturias. Ante la exigencia de Napoleón, este la devuelve a su padre y el maltrecho Borbón la cede al impetuoso invasor el 5 de mayo del mismo año, para que a su vez este la ofreciera a su hermano José Bonaparte, quien para entonces era rey de Nápoles. (Tratados de Bayona)

Se dice que Diego Jalón (militar de origen español, ascendido al grado de coronel, decapitado luego por órdenes de Boves en junio de 1814) y José Félix Ribas (militar venezolano, héroe de la batalla de La Victoria, fusilado en Tucupido en enero de 1815) armaron todo un alboroto cuando se enteraron que una delegación francesa habí­a arribado a Caracas mes y medio después, para informar que ya no éramos súbditos de Fernando VII sino de la familia Bonaparte.

Los problemas y las controversias no se hicieron esperar. La integración de una Junta Suprema en Sevilla con el objeto de defender la independencia española y desde luego la corona de Fernando, acarreó la inmediata división de posiciones entre los blancos criollos respecto a reconocer esta Junta o en su defecto, organizar una propia, defensora a ultranza de los fueros reales del monarca retenido en Bayona.

Más adelante, la sevillana junta es trasladada a Aranjuez (septiembre de 1808) y finalmente a Cádiz. Sin embargo, la cosa no termina allí­. Después de unas cuantas peripecias legales, electorales y polí­ticas, se arriba a la integración de un Consejo de Regencia, autoridad que los criollos se niegan a reconocer y acatar.

Los hechos sobrevinieron de una manera incontrolable. En todo caso, el 19 de abril está a la vuelta de la esquina. Vicente Emparan ha sido designado Gobernador y Capitán General de Venezuela (mayo de 1809) en sustitución de Juan De Las Casas.

Más tarde, los incidentes en la Plaza Mayor de Caracas, el intempestivo regreso a Cabildo y la renuncia (no destitución) de Emparan aquel Jueves Santo, junto a una algarabí­a protagonizada por una poblada frenética, insegura e ignorante de su futuro inmediato, abrieron las compuertas hacia la modernidad polí­tica y posteriormente a la Venezuela independiente.

El acta que se firma (35 nombres, incluido el de Emparan) en el salón del Cabildo de Caracas resulta ser un documento de suma importancia. En el fondo el mismo establece, aparte de otras razones, que el ví­nculo de estas tierras no es con la institución de la corona sino directamente con las “personas” de los monarcas. Por eso se habla de orfandad y vací­o de poder ante la ausencia del rey.

Todos sus argumentos polí­ticos y jurí­dicos tendrán una repercusión enorme en el futuro congreso a instalarse en marzo del siguiente año y en el que, luego de interesantes y enjundiosos debates, se declarará definitivamente nuestra independencia. Por cierto, las opiniones de Juan Germán Roscio tendrán una influencia determinante en la hechura y redacción de estos históricos escritos.

Incluso, el que se aprueba el 1ero de julio del mismo año 11 acerca de los “Derechos del Pueblo”, de indudable influjo norteamericano y francés, y al aporte del ya citado Bill of Rights inglés de 1689, tendrá en Roscio la mano del autor y la mente del preclaro jurista. Para mayor precisión, en 1817 se publica su famosa y trascendente obra “El Triunfo de la Libertad sobre el Despotismo”, la cual recoge todo su ideario republicano y filosofí­a polí­tica. Un gran hombre, sin duda.

En conclusión, fueron varios factores externos que incidieron en los sucesos del 19 de abril de 1810. Por lo tanto, no fue un asunto abrupto, imprevisible, local y aislado. En verdad fue un movimiento auténticamente civilista, legí­timo, pero también muy caraqueño, como lo han asentado reconocidos historiadores, además con una indiscutible e inocultable aspiración de extenderlo a todos los confines de la Capitaní­a General de Venezuela, y más allá.

En efecto, las relaciones exteriores de la Provincia de Caracas (o de Venezuela) se iniciaron con los despachos y diligencias que se emprendieron a partir de estos sucesos dirigidos, principalmente, por el ya citado jurisconsulto Juan Germán Roscio. Las comisiones enviadas a otras provincias locales y al exterior son suficientemente conocidas. Sobre todo la que integraron Simón Bolí­var, Andrés Bello y Luis López Méndez con destino a Londres.

Visto así­, resulta que esta excepcional fecha se inserta -como todo hecho histórico relevante- dentro una larga secuencia de episodios, ideas y tiempos más allá de nuestras fronteras. Tan trascendental fue este evento que, como bien lo ha apuntado la destacada historiadora Inés Quintero, el Congreso de Venezuela en 1834 lo declaró fecha patria junto al 5 de julio de 1811.

 Ricardo Ciliberto Bustillos es profesor de la Universidad Monteávila

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