Según JusticiaVE, 256 efectivos se encuentran detenidos
Sabrina Machado.-
No son barajita de canje, ni sus familiares los mencionan a viva voz, sobre ellos se ciñe un patrón que con el paso de los años se hace más certero y eficaz, a la fecha ya suman 256 militares presos políticos. En las últimas semanas a este grupo marcado por la “saña gubernamental”, según abogados y familiares, se unieron 37 nuevos detenidos, vinculados con la Operación Gedeon, la llamada Toma de Macuto y Chuao.
Los uniformados aprehendidos se suman, pero poco se mencionan. Según la organización civil JusticiaVE el grupo más afectado por la persecución oficial es el Ejército, que hasta abril contaba con 108 detenidos, seguido por la Guardia Nacional con 62, la Armada con 25 y la Aviación con 24. Hasta el momento no determinan la procedencia de los oficiales que pasaron a engrosar la lista los últimos días.
De acuerdo con declaraciones recientes del fiscal general, Tarek William Saab, se libraron 99 órdenes de captura y se han detenido a 66 personas, vinculadas presuntamente con los hechos de principios de mayo.
“Opacidad” es una condición señalada por igual por representantes de JusticiaVE y la Coalición por los derechos humanos y la democracia cuando se trata de procesos penales de presos políticos. Esta última organización contabiliza 214 detenidos, sin embargo, advierte Alonso Medina Roa, “cualquier cifra es referencial” por la poca información con la que se cuenta.
Tanto Medina como Yonathan Mustiola coinciden que con el paso del tiempo el gobierno ha marcado un patrón muy puntual en torno al trato hacia el militar señalado en participar en hechos irregularidades que supuestamente atentan contra la seguridad nacional.
Este esquema parte con la desaparición de los detenidos, la exposición a torturas, imputaciones sin la debida representación judicial, privativas de libertad y retardo procesal y el no otorgamiento de beneficios procesales por el cumplimiento de la pena. El estado de derecho es un elemento ausente en todo el proceso, afirman los especialistas.
Modus operandi
“Podemos decir con absoluta responsabilidad que uno de los derechos más humillados al día de hoy en los procesos judiciales contra presos políticos es el derecho a la defensa, aparte del tema de la tortura”, señala el representante de la Coalición por los derechos humanos y la democracia.
Apunta que una de las situaciones más graves que se vive en la actualidad es la limitación al ejercicio de la defensa. “Prohíben el ingreso de los defensores a la sede de los tribunales para la realización de las audiencias de presentación y, en complicidad con la Defensa pública, se realizan las actuaciones, a pesar que los abogados privados estén en las puertas de los tribunales sin que les permitan el acceso”.
En este mismo sentido, Mustiola agrega que hasta el momento al único grupo presentado en tribunales por la Operación Gedeon se le violentó el derecho a la defensa. “A todos los imputados se les impuso una representación pública”, dijo.
Desconoce si los 37 detenidos ya fueron presentados, ya que otro elemento que se repite en torno al proceso de los presos políticos –a su parecer- es la “desaparición” de las personas, aunque “es un secreto a voces que están en la sede de la Dgcim, en Boleíta, y aparecen unos cinco o seis días después y son llevados a tribunales”. En ocasiones este tiempo puede ser mayor.
En la mayoría de los casos los detenidos presentan signos de torturas, lo cual convierte en cómplices de violación de los derechos humanos a todos los organismos del sistema de justicia, desde el Ministerio Público, garante del proceso, el tribunal y la Defensoría del Pueblo, de acuerdo con los especialistas.
“Lo más grave es que nos hemos encontrado con el silencio cómplice de las instituciones, teniendo en cuenta que muchos de estos oficiales han llegado con evidentes rasgos de tortura”, advierte Medina Roa, abogado defensor del capitán Acosta Arévalo, quien falleció pocas horas después de su presentación ante tribunales el año pasado. La mayoría de los detenidos no denuncia los malos tratos por temor a mayores represalias, según un informe de la organización Una ventana a la libertad sobre la condición de los privados de libertad en la Dgcim, publicado en abril
más grave es que nos hemos encontrado con el silencio cómplice de las instituciones, teniendo en cuenta que muchos de estos oficiales han llegado con evidentes rasgos de tortura”, advierte Medina Roa, abogado defensor del capitán Acosta Arévalo, quien falleció pocas horas después de su presentación ante tribunales el año pasado. La mayoría de los detenidos no denuncia los malos tratos por temor a mayores represalias, según un informe de la organización Una ventana a la libertad sobre la condición de los privados de libertad en la Dgcim, publicado en abril.
Temor a las represalias
El director de la organización civil, Carlos Nieto Palma, asegura que el organismo militar se ha convertido en los últimos años en el mayor cuerpo represivo del país, superando al Sebin en relación con el trato a los detenidos políticos.
Afirmación que respalda la ong Provea, que en su informe anual 2019, señaló que “el Cicpc y la Dgcim lideraban la lista de torturadores en el país”. En esta publicación se indicó que solo en el 2019 las denuncias de tortura aumentaron 509%, en relación con el 2018.
En el informe de Una ventana a la libertad de este año se recogen declaraciones del director del Foro Penal, Alfredo Romero, quien señala que a partir de 2017 “las acciones represivas del Ejecutivo han estado enfocadas particularmente hacia los militares”, lo que ha generado mayores exigencias hacia el cuerpo policial, lo que obligó a una reestructuración de su sede de Boleíta el año pasado.
De acuerdo con la publicación en diciembre culminó la transformación del sótano dos de esta edificación para añadir 16 celdas, algunas emulan la llamada Tumba del Sebin de Plaza Venezuela: luz incandescente blanca, bajas temperaturas e incomunicación. Estas son llamadas La casa de los sueños. En este espacio se calcula un hacinamiento de 80%.
Según la información que pudo recolectar la organización civil para el primer trimestre de este año en estas instalaciones se encontraban entre 100 y 110 personas recluidas, lo que representa un incremento de aproximadamente 70% en cuanto a la población reclusa promedio calculada para la presentación del primer informe del año 2017. También se acota el acondicionamiento de un espacio en Fuerte Tiuna, que fue estrenado con el exministro Miguel Rodríguez Torres y el vicepresidente de la Asamblea Nacional Timoteo Zambrano.
El defensor de los derechos humanos reconoce el silencio que se cierne sobre el detenido y su propia familia, a pesar de las vivencias que se tejen en torno a su proceso. Defiende la necesidad de la denuncia, ya que “igual se lo hacen (los torturan), pero respeto a los familiares que se quedan callados y no dicen nada”, porque hay mucho miedo.
“La situación militar es más grave, por su misma esencia de ser militares son más agresivos, más torturadores, usan mecanismos que a lo mejor no los usan con un preso común, aunque hemos visto tácticas con presos que están en el Sebin que son verdaderamente lamentables”.
“Fui una de las primeras en alzar la voz“
Mariluz Guevara coincide con Nieto Palma y –aunque hoy se encuentre fuera del país por protección propia y la de su hijo menor- no se cansa de denunciar los atropellos que vive Peter Moreno, su hijo mayor, detenido el 12 de febrero de2015, tras implicarlo en la Operación Azul.
Cada vez que puede tuitea consciente que la mayoría de las personas no conocen la realidad del militar preso político. Asegura que durante muchos años fue una situación inexistencia para el común de las personas, por ello exhorta a los familiares a que hablen y denuncien las situaciones que ella sabe que ocurren.
“A mí el gobierno me marcó la vida de una manera terrible, desde que empecé mi lucha por la libertad de él, fui una de las primeras que empezó a alzar la voz por los militares. Cuando todo el mundo tenía miedo me hice una franela y la mandé a estampar con la foto de él. En todos lados me presentaba con mi foto, mi papel pidiendo libertad, parecía una barajita repetida”, dice la mujer entre sollozos.
Hoy, exige desde Chile la libertad para el teniente coronel de la Aviación, quien cumplió la pena impuesta por la corte marcial de cuatro años y siete meses de prisión el pasado 20 de octubre. Todavía no se le entregue la boleta de excarcelación, otro factor común entre los presos políticos.
Asegura que en Ramo Verde hay al menos cuatro efectivos a la espera de la boleta, su hijo es el que más tiempo tiene en esta tarea de contar los días.
“Mi hijo no está preso, está secuestrado, con la diferencia que yo sé dónde está y todo el mundo sabe dónde está, pero ahí está, sin su boleta de excarcelación, porque hay una orden de arriba para que no se la lleven, todo porque es militar”.
La mujer, costurera, de Maracay, se sabe sola en esta lucha particular, sabe que la causa militar no mueve afinidades automáticas, su tránsito por marchas, encuentros políticos se lo ha dejado claro, por eso no calla, por eso “sigo y seguiré”.
Los militares presos políticos no entran en el juego del canje con el gobierno en los procesos de negociación, en enero con la liberación de nuevos presos políticos no salió ni un solo militar, apunta Mustiola, mientras Medina Roa es contundente: “Lejos de buscar la verdad, de buscar justicia, en el caso de los presos políticos pareciera que lo que se pretende es buscar una especie de venganza política, la justicia pareciera que pasa a un segundo plano”.
*Sabrina Machado es coordinadora de Pluma
