Roxgeilys Achique.-
Fotografía: Mary Ann González.-
El problema jurídico de la actual Venezuela es una circunstancia inédita; es decir, nunca antes vista. Se reconoce una situación anormal y tensa. En los episodios históricos anteriores del país solía encontrarse una constante en donde dos poderes enfrentados uno siempre ganaba y el otro perdía. Hoy se vive un desorden jurídico donde no hay imperio del Derecho. Hoy prevalece un conflicto institucional donde existen dos corrientes de pensamientos lógicos, según sea tu inclinación.
Orden Constitucional I. Básicamente se hará referencia a la Separación de Poderes original promulgada por Montesquiev: Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Desde las elecciones de abril del 2018. Existe un Poder Ejecutivo en mando de Nicolás Maduro, un Poder Legislativo en cabeza de una Asamblea Nacional Constituyente y un Poder Judicial en donde destaca el Tribunal Supremo de Justicia. Siendo este orden reconocido por un número de países del Caribe, Rusia y China. Además de contar con el poder físico.
Orden Constitucional II. Desde inicios del 2019 existe en paralelo un Poder Ejecutivo dirigido por el Presidente (E) Juan Guaidó, un Poder Legislativo en manos de la Asamblea Nacional de 2016 (en desacato según el TSJ) y un Poder Judicial integrado por el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Así, esta estructura también es reconocida por la Unión Europea, países de Latinoamérica y potencias como Alemania, Estados Unidos y Francia. En donde sus actos ejecutivos son reconocidos y respaldados.
Entre el orden constitucional I y II existe un conflicto, ambos co-existen en espacio, tiempo y territorio, con representantes distintos, lo que resulta incompatible con la teoriza del órgano, las instituciones quedan, las personas pasan. Hay instituciones que solo requieren a una persona en su representación, verbigracia, la presidencia de la republica.
Hoy en Venezuela se vive una situación atípica, en donde existen dos presidentes, dos asambleas nacionales (o parlamentos) dos Poderes Judiciales que genera un desorden jurídico, político y social.
¿Qué hace el ciudadano? Acatar el orden constitucional I y/o II. Existen algunos que reconocen un hibrido, en donde reconocen representantes de ambos ordenes y lo integran convirtiéndolo en el orden III.
Solución. La Fuerza Armada Nacional es la garante de la institucionalidad del país, y estos deben decidir y definir a quienes responderán, si al orden I y II, ya que en ellos está el poder definitivo, son estos quienes sostienen a cualquiera de los órdenes anteriormente descritos.
La única forma de obtener coherencia institucional nuevamente es que, objetivamente, alguno de los dos ceda.
*Roxgeilys Achique es estudiante de la Universidad Monteávila
*Mary Ann González es estudiante de la Universidad Monteávila
