Isabella Blanco.-
Fotografía: Cortesía.-
Cerca de cinco mil venezolanos salen del país diariamente debido a la situación económica que enfrenta la nación; desde el 2015 hasta la fecha se han contado más de tres millones de inmigrantes dispersos en toda la región americana y en distintas zonas de la Unión Europea, primordialmente, según los cálculos de la Organización de Naciones Unidas, éxodo que obliga a cambios, restricciones por parte de los países vecinos para aminorar el impacto.
Entre el 2015 y el 2017, los países americanos que albergan a los migrantes venezolanos son: Colombia, Estados Unidos, Chile, Argentina, Ecuador, Panamá, Brasil, México, Perú, Canadá, Costa Rica y Uruguay, siguiendo España, Italia y Portugal, según la información obtenida por los medios.
Las difíciles condiciones que vive Venezuela, con un salario mínimo equivalente a nueve dólares mensuales y una hiper inflación que el año pasado alcanzó el millón porcentual, obligan al venezolano a buscar oportunidades más allá de sus fronteras, hecho que causa desbalances en los países que los reciben, sobre todo los más cercanos.
Boa Vista, ciudad cercana a la frontera venezolana, alberga a cuarenta y cuatro mil migrantes, cerca de un 10% de su población, distribuidos en campamentos construidos para decenas de personas, que ya no dan abasto debido a que la cantidad de migrantes excedió las expectativas.
Brasil, a través del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), solicitó más alimentos, campamentos, y acceso a la educación para los menores.
Por su parte, Ecuador activó el año pasado el estado de emergencia en tres provincias debido al flujo de venezolanos que optan por la residencia. En su momento las autoridades ecuatorianas justificaron la acción al señalar que poseen “recursos limitados”.
La situación en Colombia es más dramática; tomada como país de tránsito, a diario recibe a 35 000 venezolanos que llegan mediante la frontera con la ciudad de Cúcuta, ya sea para transitar o permanecer dentro de la nación, siendo esto último algo de preocupación debido a las condiciones en las que llegan los emigrantes.
Debido a la falta de medicinas y de control sanitario que vive el país, la migración venezolana ha traído la dispersión de enfermedades ya erradicadas, desde hace años, en la región, tales como: difteria, poliomelitis, sarampión, rubeola, sífilis, malaria, dengue, tuberculosis. Padecimientos que hoy tienen presencia en Colombia y Brasil, además de otros países, por la llegada de venezolanos, según han denunciado en reiteradas oportunidades las autoridades vecinas.
La propia Organización Panamericana de la Salud constató la presencia en 23 estados y en la capital de la república venezolana de difteria en el primer semestre del año pasado. En septiembre la organización en cuestión y la OMS gestionaron el arribo de 16 toneladas de medicinas distribuidas a 16 estados del país, incluido el Distrito Capital, para atender a cuatrocientos mil pacientes.
Incuso la situación sanitaria del país obligó a mediados del 2018 la visita de los representantes de la OPS, quienes instaron a un mayor control sanitario en beneficio de los países vecinos.
Previo a la Declaración de Quito Sobre Movilidad Humana de ciudadanos Venezolanos de la Región, realizada el tres de septiembre, países como EE.UU, Chile, Panamá, Nicaragua, Honduras, Guatemala y Nicaragua poseían medidas especiales para controlar la entrada de los venezolanos en su país: los países centroamericanos exigen visas americanas para poder optar a los permisos de trabajo y de permanencia legal, temiendo actos delictivos.
Chile, por su parte, ofrece facilidades a través de la Visa de Responsabilidad Democrática que permite a los venezolanos residir y trabajar por un año con derecho a prórroga, solidaridad recíproca tras el golpe militar de Augusto Pinochet; sin embargo, los procesos para obtenerla se han dilatado con el paso del tiempo, según denuncian algunas personas que optan por este documento.
Países como Estados Unidos han manifestado su solidaridad, de distintas maneras, incluso económica. En abril pasado prometió 16 millones de dólares a la ACNUR y a comunidades ubicadas en Colombia y Brasil para atender lo concerniente a los inmigrantes venezolanos.
Posteriormente, los países regionales presentes en la reunión convocada por la república ecuatoriana y que firmaron dicha declaración, en sumatoria acordaron: aceptar pasaportes vencidos debido a la dificultad de adquirir este documento, darle prioridad a la población vulnerable (niños, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad y afectados por enfermedades graves); combatir la intolerancia y xenofobia, violencia sexual y de género, el tráfico ilícito, la trata de personas y la protección de menores.
Asimismo, acordaron acudir a la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Internacional para las Migraciones y la Organización de Estados Americanos para combatir dichos problemas y para asesoramiento relacionado con la crisis migratoria venezolana y sus amplias consecuencias, debido a lo inédito de esta situación en el continente americano.
En la 73º Asamblea General de las Naciones Unidas, del 24 de septiembre, las autoridades de los distintos países expresaron su preocupación por la situación que aflige al pueblo venezolano.
Países como Brasil, Chile, Perú, Panamá, Costa Rica, EE.UU, Argentina y Colombia señalaron su apoyo y solidaridad con los migrantes que huyen de la situación y residen en sus tierras, así como exigen la restitución de orden constitucional y del progreso mediante el diálogo y la democracia.
Desde el gobierno de Venezuela, distintos voceros han negado esta crisis y tildan todos los señalamientos como una campaña para desprestigiar a las autoridades nacionales. Jorge Rodríguez, como ministro de Comunicación e Información, denunció “ataques” de los países de la derecha para alimentar el plan intervencionista contra la nación. “Intentaron instalar un expediente de crisis humanitaria sobre todo países que adolecen de la defensa de los derechos sociales”, aseguró desde el canal Telesur.
Con una proyección inflacionario de 10 000 000% para el 2019, según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, la situación interna de Venezuela se complicará aún más, con lo cual se acentuará la crisis interna, lo que impulsará aún más la salida de connacionales, lo que hace poco probable que las cifras registradas hasta este momento mejoren, muy por el contrario la migración venezolana seguirá siendo un factor de inestabilidad regional en este 2019.
*Isabella Blanco es estudiante de la Universidad Monteávila
