Carla J. Mendoza.-
 Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia de México con el 53% de los votos. Es el presidente electo con mayor votación en el México contemporáneo. Logró mayoría en Diputados y Senadores, apoyado por su partido Morena (Movimiento Regeneración Nacional). Atrás quedó el PRI, el PAN y el PRD. La participación superó el 60% de la población electoral, siendo una de las más grandes de los últimos procesos electorales.
La contundente victoria de López Obrador ha encendido las alarmas en América, tanto en el norte como en el sur, pues ante los ojos del mundo México -la segunda economía de América Latina- experimenta un giro a la izquierda. AMLO asegura que las acusaciones en su contra son infundadas y que su gobierno será respetuoso.
En sus dos primeras semanas como presidente electo, AMLO sostuvo su intención de implantar un programa de austeridad para, según sus propias palabras, combatir la corrupción y acabar con los excesivos privilegios de la alta burocracia.
La primera medida a tomar será la reducción en un 60% de su propio sueldo, pasando de los 270.000 pesos mensuales que cobra el mandatario saliente Enrique Peña Nieto a 108.000. La reducción salarial no será una acción aplicable sólo para el presidente electo, las nuevas políticas de gobierno incluyen la reducción en un 50% de los sueldos de los funcionarios públicos que ocupen altos cargos; con ingresos que superen el millón de pesos anuales, a fin de disminuir la brecha salarial entre estos y sus empleados.
Sin embargo, estos anuncios no han sido precisamente celebrados por diversas organizaciones vinculadas al funcionamiento del Estado. Los consejeros electorales del INE (Instituto Nacional Electoral de México) han instalado una comisión temporal de presupuesto para contactar al equipo de transición de AMLO, pues aseguran que por la complejidad de su labor muchos de ellos tienen ciertos derechos que no son simples “privilegios”. }
También serán ejecutadas otras medidas para desarrollar lo que López Obrador ha llamado la nueva “austeridad republicana”, como cancelar las pensiones a los expresidentes, limitar los viáticos de los burócratas, suprimir los seguros de gastos médicos privados, eliminar los guardaespaldas, limitar los viajes al extranjero y prohibir los vuelos en aviones o helicópteros privados.
Con este orden de ideas, el grupo que se convertirá próximamente en el Gabinete del nuevo presidente de la república mexicana ha comenzado a desarrollar un nuevo orden administrativo que implicará un importante recorte al Gobierno federal. Los próximos secretarios ya han anunciado algunas de las subsecretarías que van a desaparecer, ajustando más de 6.000 plazas de la alta burocracia, lo que generaría, según los propios cálculos de Morena, un ahorro mensual de 863.000 millones de pesos.
El periodista mexicano Raymundo Rivas Palacios, actualmente director general del periódico digital Eje Central, aseguró para el diario El Financiero que estas nuevas políticas de austeridad no son más que una fachada para ocultar la intención primordial de centralizar el control político y económico del Estado, lo cual le permitirá gobernar verticalmente el país sin contrapesos ni horizontalidades de por medio.
Entre otros aspectos que caracterizan al nuevo gobierno que iniciará el próximo primero de diciembre en México se puede observar cierta aura de esperanza condensada alrededor del electo mandatario. Las clases populares de la región han manifestado tener todas sus expectativas puestas sobre la gestión de AMLO, siendo concebido este como el único hombre capaz de solucionar los problemas que enfrenta actualmente la población y el país en general.
Esta clase de admiración por parte del pueblo se ha visto con inquietante similitud en políticos anteriores, como la que tuvo el expresidente Hugo Chávez durante gran parte de su gobierno.
López Obrador llega a la presidencia con una propuesta de justicia social y oportunidades para los menos afortunados justo cuando México se encuentra experimentando una de las crisis de corrupción más grandes de su historia.
En los últimos 12 años el narcotráfico extendió por cada rincón del territorio mexicano un régimen de terror fortalecido con la complicidad de buena parte de las autoridades regionales, incluidos los comandos de policía, hecho que se ha visto manifestado, entre muchos otros casos, por lo ocurrido con los 43 estudiantes de Ayotzinapa que fueron asesinados en 2014, suceso que despertó indignación a nivel mundial.
Según los ciudadanos mexicanos, ni el Ejército ni ningún otro organismo de seguridad nacional se ha encargado de afrontar la situación, detener a los grupos violentos y generar un nuevo orden de convivencia pacífica en la sociedad, de acuerdo con los medios locales.
Del mismo modo, han sido develados casos de corrupción que permean a todas las instancias del Estado con escándalos como la compra de lujosas propiedades privadas con dinero del gobierno por parte de funcionarios públicos de alto renombre; a lo cual se le suma el notable estancamiento de la actual economía mexicana.
Así, las propuestas de cambio vociferadas por López Obrador calaron con facilidad en la mente de un pueblo fatigado y abrumado por la violencia, un pueblo que ha puesto sus esperanzas de desarrollo y prosperidad en manos de un hombre carismático con un nuevo discurso revolucionario, que pudiera ser o no la solución a sus problemas. Lo cierto es que después de tres intentos AMLO convenció, caló y ganó, ya tendrá cuatro años de gestión para analizar su trabajo.
*Carla Mendoza es estudiante de la Universidad Monteávila
