Carla J. Mendoza.-Â
Desde hace más de dos meses Nicaragua atraviesa la crisis más sangrienta en su historia desde 1980, también con Daniel Ortega como presidente, que ha segado hasta ahora la vida de 285 personas, incluidos 20 menores de edad, según cifras ofrecidas por la Asociación Nicaragí¼ense Pro Derechos Humanos (ANPDH).
El conflicto comenzó cuando, tras varias etapas de negociación durante 2017, el Gobierno aprobó el 16 de abril del presente año la reforma al Instituto Nicaragí¼ense de Seguridad Social (INSS), que suponía nuevas tasas de aportes al seguro social. Esta medida fue recibida con un total rechazo por parte de diferentes sectores de la población.
¿En qué consistió la reforma? Los ajustes promovidos por el INSS estipulaban un aumento del 6,25% al 7% de las deducciones jubilatorias de los salarios de los trabajadores. Por su parte, los empleadores pasarían de pagar del 19% al 22,5% de los salarios de sus trabajadores al seguro social. Asimismo, la reforma previó una reducción del 5% en las pensiones, monto con que los jubilados tendrían que contribuir al seguro social.
Ante esta situación, estudiantes y jubilados salieron a las calles para mostrar su rechazo al aumento del monto de las cotizaciones para los trabajadores, así como a los aportes que tendrían que realizar los jubilados al seguro social.
Las protestas que comenzaron el 18 de abril contra la fallida reforma a la seguridad social, que terminó siendo abolida el 22 de abril, se convirtieron rápidamente en un reclamo que pide la renuncia del mandatario Daniel Ortega, tras 11 años consecutivos en el poder, con acusaciones de abuso sexual y corrupción en su contra.
La represión del estado contra el pueblo no sólo se ha visto reflejada en los ataques de los organismos de seguridad nacional y grupos paramilitares contra los manifestantes, se encuentra también en la proliferación de la censura a medios de comunicación independientes en los últimos meses, y en el discurso cínico de los políticos con respecto a la situación crítica que afronta el país.
En sus inicios, Ortega fue un líder de la revolución de 1979 que levantó la bandera de los oprimidos contra la dinastía de los Somoza. Ahora, es un ex-guerrillero de 72 años admirador del Che Guevara, cercano a los líderes de la izquierda latinoamericana como Nicolás Maduro, Miguel Díaz-Canely, Evo Morales. Actualmente gobierna su país con un profundo autoritarismo, de la mano de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, a la que en ocasiones califican como el verdadero poder detrás del trono. Los dos mantienen un control férreo sobre todas las instituciones del Estado, incluyendo el Ejército, la policía, el Congreso y el Tribunal Electoral.
El avance de las protestas, a pesar de la abolición de la reforma, ha traído como consecuencia la pérdida de cientos de vidas, la mayoría de jóvenes y estudiantes universitarios, lo que aumenta cada día el resentimiento de los ciudadanos contra el régimen, por lo que exigen fervientemente la renuncia del primer mandatario y el restablecimiento de la democracia en su país.
Las trancas, trincheras y enfrentamientos entre civiles y cuerpos policiales persisten diariamente en la ciudad capital Managua, y en otras localidades como Masaya y Carazo. Incluso las madres de las víctimas menores de edad han salido a las calles en variadas ocasiones para reclamar justicia por la muerte de sus hijos. Una de las mayores tragedias se produjo justamente en la Marcha del Día de las Madres, con un saldo de 18 muertos y decenas de heridos.
A parte de los fallecidos, la ANPDH estima que las confrontaciones durante los últimos dos meses han dejado aproximadamente 1200 heridos de gravedad y 43 niños huérfanos. Grupos de encapuchados no identificados, asesinatos a sangra fría, incendios y niños fallecidos por quedar atrapados en medio de un tiroteo son algunas de las situaciones bélicas que se viven diariamente en la región.
El cardenal nicaragí¼ense Leopoldo Brenes, quien se encuentra en Roma para explicar en persona al Papa Francisco sobre la crisis en Nicaragua, dijo en declaraciones que la situación que vive su país “es mucho más duro que una guerra”.
La posición de la Iglesia Católica ha sido absolutamente frontal. Participa en marchas y pide colaboración para los jóvenes universitarios. Clama por justicia y paz. Ha sido promotora oficial de intentos dirigidos por ellos para un diálogo entre las partes interesadas.
Por su parte, los líderes políticos insisten en calificar a los manifestantes como vándalos o “delincuentes organizados financiados por la derecha” que buscan desestabilizar la paz y destruir la imagen de Nicaragua.
Varios líderes mundiales han expresado su descontento con la postura tomada por el régimen de Daniel Ortega, y diversas organizaciones internacionales como la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Unión Europea se han ofrecido para mediar en un nuevo diálogo que contribuya a adelantar unas elecciones presidenciales transparentes y justas, ya que los diálogos anteriores que tuvieron lugar en mayo y junio no arrojaron resultados positivos.
José Luis Velásquez, ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, declaró recientemente que Daniel Ortega “ha implantado un terrorismo de Estado sistemático” en el país.
Para el ex diplomático, la situación de Nicaragua llegó a un estado de gravedad que necesariamente requiere de la intervención de los mecanismos mediadores que tiene el sistema internacional, dado que es el propio Estado el que se encuentra atentando contra los derechos humanos de sus ciudadanos.
Lo cierto es que con el paso de los días las movilizaciones en contra del gobierno no cesan y los lamentables resultados en cuanto a número de víctimas no se revierten, a pesar de las decisiones de organismos en materia de derechos humanos. Ortega decidió jugársela con todo en este proceso por mantenerse en el poder, sin importar las consecuencias.
*Carla Mendoza es estudiante de la Universidad Monteávila
