Anabella Abadi M. y Carlos García Soto.-
La presentación del informe “Empresas propiedad del Estado en Venezuela. Un modelo de control del Estado”, preparado por Transparencia Venezuela pone la atención en uno de los problemas principales del modelo económico venezolano, agravado a niveles alarmantes en los últimos años: el tamaño del “Estado empresario” en Venezuela.
La gestión pública en materia económica comprende, fundamentalmente, dos aspectos básicos: la regulación económica de la actividad privada y la participación del Estado en la actividad económica. La primera, es propia de todo gobierno administración pública contemporánea y resulta en ocasiones necesaria para responder a fallas del mercado. La segunda, es de carácter instrumental para el cumplimiento de objetivos propios del Estado. Si bien ambas son comunes a todo gobierno central, se convierten en un problema de gestión pública pasan a ser un problema e incluso contraproducentes cuando los objetivos que las encaminan no responden a los intereses del que debería atender Estado y la población al respeto de los derechos de los ciudadanos.
En el caso venezolano, y específicamente bajo el modelo económico al que usualmente se le denomina como “del Socialismo del siglo XXI”, la gestión pública en materia económica ha sido utilizada para la promoción de un modelo basado en la planificación centralizada y el impulso de la propiedad estatal o quasi-estatal a costa de la libertad económica y de la propiedad privada.
Una de las expresiones fundamentales de ese modelo ha sido el incremento del “Estado empresario”, entendido como el conjunto de empresas que son de propiedad mayoritaria del Estado. Este incremento se ha producido en el marco del grave crecimiento del tamaño de la administración nacional en los últimos años, a lo que ya nos referimos en una oportunidad.
¿Cuántas empresas son hoy propiedad del Estado?
En el estudio señalado “Empresas propiedad del Estado en Venezuela.: Un modelo de control del Estado”, elaborado por Transparencia Venezuela, se advierte  que entre 2001 y 2017 el Estado venezolano pasó de ser propietario de 74 empresas públicas a 526. Resalta que el total actual de empresas propiedad del Estado venezolano es hoy cuatro veces el de Brasil (130) y diez veces el de Argentina (52), si sólo se toma en cuenta el dato cuantitativo: es preciso recordar que tanto en Brasil como en Argentina, el Estado debe atender a una población sustancialmente mayor a la de Venezuela.
Mayor participación no se ha traducido en mayores aportes efectivos al PIB
Aunque es indiscutible que ha aumentado la participación del sector público en la economía, también es cierto que dicho aumento no se ha traducido en aportes efectivos al PIB. En términos macroeconómicos, data del BCV refleja que el PIB público pasó de representar 34% del total (excluyendo impuestos) en 1998 a 38% en 2015. Por ello, el aumento del Estado empresario ni siquiera ha sido eficiente en términos macroeconómicos.
A nivel microeconómico, los sectores en los que el gobierno central ha aumentado su participación no presentan resultados alentadores. Esto se debe, en gran medida a que -tal y como como precisa Roberto Casanova -, “es infrecuente que una empresa estatal se halle sometida a los incentivos asociados a una competencia” y, por tanto, en general, las empresas públicas no están “realmente orientadas al logro de beneficios, al aumento de la calidad y variedad de productos, a la atención a los clientes, a la innovación”, entre otros.
No sorprende pues que el propio gobierno central haya tenido que admitir –a regañadientes- el fracaso de la política expropiatoria. En junio de 2014, el para entonces diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) ante la Asamblea Nacional, Freddy Bernal admitió que el gobierno había “cometido errores en la aplicación del modelo económico”; y agregó: “por alguna razón no supimos gerenciar adecuadamente” las empresas expropiadas “y las llevamos al fracaso”.
Dos años después, en julio de 2016, Bernal –ahora en su rol como vicepresidente sectorial para la activación productiva y los Consejos Locales de Abastecimiento y Producción (Clap)- reiteró que “las empresas expropiadas no funcionaron, por diferentes motivos y es una responsabilidad que ha asumido el Presidente [Nicolás Maduro]”. (Globovisión, 2016)
A manera de ejemplo, en agosto de 2017 el Cenda registró problemas de escasez para 14 de los 58 productos de la canasta alimentaria normativa, resaltando:
- Arroz: 40% de la capacidad instalada (14 instalaciones) para su producción está en manos del Estado. Además, 51% -al menos- de la capacidad de almacenamiento de cereales que se producen en el país está en manos del Estado.
- Azúcar: 10 de las 16 centrales azucareras del país están en manos del Estado.
- Aceite de maíz, margarina y mayonesa: 26% de la capacidad instalada para su producción está en manos del Estado.
- Café: 80% de la capacidad instalada (8 instalaciones) para su producción está en manos del Estado.
- Harina de maíz: 42% de la capacidad instalada (18 plantas) para su producción está en manos del Estado.
- Harina de trigo, pan y pastas alimenticias: el Estado tiene el monopolio para la importación de la materia prima. A mediados de septiembre de 2017, el presidente de la Federación Nacional de la Industria de la Harina (Fetraharina), Juan Crespo, afirmó que la importación de trigo que realiza el Gobierno para abastecer el mercado nacional era insuficiente.
- Leche en polvo: 80% de la leche en polvo que se comercializa en el país la compra la empresa CASA (una Corporación estatal)–Estatal- a proveedores internacionales.
Vale decir, tal y como reporta Transparencia Venezuela, las empresas propiedad del Estado venezolano arrojaron pérdidas por Bs. 1,29 billones en 2016, siendo Pdvsa y Corpoelec los casos más emblemáticos, con saldos negativos estimados en Bs. 775 millardos y Bs. 149,3 millardos, respectivamente. En 2017, Transparencia Venezuela estima que las empresas propiedad del Estado venezolano presentarán pérdidas de Bs. 481 millardos, cifra menor que 2016 por no considerar la información de Pdvsa y sus filiales.
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En otra nota, más adelante, intentaremos señalar algunas líneas esenciales para acometer una reforma del Estado empresario en Venezuela, que permita reducirlo significativamente, como una de las diversas aristas que requiere la reforma del sistema económico venezolano. Una reforma para la cual este trabajo de Transparencia Venezuela será muy necesario.
*Carlos García Soto es profesor de la Universidad Monteávila
*Anabella Abadi M. es profesora de la Universidad Monteávila.
