Laura Méndez.-
La Defensoría del Pueblo en Venezuela nació como una lucha producto del sueño democrático de organizaciones encargadas de promover los derechos humanos en el país, las cuales se inspiraron en la figura del ombudsman, un mecanismo de control de la administración pública fundado en Suecia en el siglo XVI.
En 1999 la Asamblea Nacional Constituyente resolvió introducir este organismo en la actual Constitución.
Dentro de las competencias de este organismo se encuentran promover, defender y vigilar los derechos y garantías establecidos en la Carta Magna y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Su misión es actuar como un organismo comprometido a lograr “pleno reconocimiento y protección de la dignidad de todas las personas, fundamentalmente de aquellas en situación de discriminación, marginalidad y vulnerabilidad”.
Actualmente el país se enfrenta con una de las más duras crisis a nivel político, social y económico. Según el informe de Human Rights Watch de 2017, desde el 2014 hasta la actualidad la escasez de medicamentos; insumos médicos y alimentos se ha intensificado, sin que hasta ahora el gobierno haya podido dar respuestas que solucionen el problema. El estudio indicó que la situación en Venezuela se ha agravado con las detenciones arbitrarias a manifestantes, abusos cometidos por fuerzas de seguridad, redadas policiales y militares en sectores populares y la pérdida de la independencia judicial.
En el informe anual del 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuestionó la situación de los derechos humanos en Venezuela. En el 2016, por falta de pronunciamiento interno sobre las violaciones de derechos humanos en el país, el subcomité de acreditación de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la ONU degradó a la Defensoría del Pueblo venezolana de clase A a clase B, la cual implicó la pérdida de su derecho de palabras en el organismo.
El coordinador de la organización no gubernamental Una ventana a la libertad, Carlos Nieto Palma, aseguró que la Defensoría del Pueblo, hoy dirigida por Tarek William Saab, no ha asumido ningún rol a favor de los ciudadanos y, a su juicio, se ha decantado por amparar al gobierno.
“La Defensoría del Pueblo está actuando como un militante político y no como un organismo de Estado encargado de la defensa de los derechos humanos de todos los ciudadanos”, denunció.
Nieto subrayó que este organismo debe promover la vigencia de los derechos humanos sin ningún tipo de exclusión ya sea de índole social, sexual económica y menos por razones de cohorte político.
El coordinador de la organización no gubernamental Un Mundo Sin Mordaza, Oscar Patiño, aseveró que la postura asumida por la Defensoría “versa entre lo ilegal-inconstitucional y lo irresponsable”. Indicó que su verdadero rol debería ser el de proteger los derechos humanos consagrados en la Constitución y los tratados internacionales, así como velar por el buen funcionamiento de los servicios públicos y combatir las arbitrariedades y los desvíos de poder.
Ambos activistas señalaron que todos los venezolanos se ven afectados por la crisis que atraviesa el país. “Los derechos humanos se violan en Venezuela a todo el mundo, independientemente de su condición política. A los presos en Venezuela se le violan sus derechos humanos todos los días y los presos no son actores políticos; a los enfermos que asisten a un hospital y no son atendidos porque no hay medicinas se le violan sus derechos humanos y ahí no influye la condición política; igual al que hace cola todos los días para comprar comida porque no se consiguen los alimentos, se le violan sus derechos humanos y yo te aseguro que el 80% de ellos no militan activamente en un partido político”, comentó Nieto.
Patiño aseguró que la falla principal de la actual gestión de la institución es la falta de imparcialidad, a pesar de los intentos del actual defensor en generar un mayor acercamiento hacia los grupos contrarios al gobierno. Sin embargo, aseguró que Saab no cumple sus funciones correctamente ya que, según anotó, debería recopilar la mayor cantidad de denuncias y multiplicar los esfuerzos para garantizar igualdad de condiciones e igual respeto de los derechos para todos.
Nieto afirmó que a pesar de que el venezolano reclama sus derechos no hay instituciones públicas a las cuales pueda acudir para su defensa. Señaló que las ONG atienden y asesoran a las víctimas, pero reconoció que no tienen la capacidad de intervenir más allá ya que no disponen de los recursos para eso.
A juicio del coordinador de una Ventana a la libertad, Saab no está cumpliendo con su trabajo y esa es la principal razón que motivó a distintas organizaciones no gubernamentales de Venezuela a exigir su renuncia a través de una carta en donde se enfatiza que no está calificado para el cargo.
* Laura Méndez es estudiante de Comunicación Social de la Universidad Monteávila.
