Claudia Buffi.-
La Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP) consiste, según la Gran Misión A Toda Vida Venezuela, en “la coordinación de los organismos de seguridad del Estado para acabar con la delincuencia y el paramilitarismo”.
Esta operación se lleva a cabo desde julio de 2015 y según el informe Poder sin Límites, realizados por las ONG Provea y Human Rights Watch, han efectuado desde entonces 135 operativos en los que han participado la Guardia Nacional, la Policía Nacional Bolivariana, las policías estatales, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).
Inti Rodríguez, coordinador de monitoreo, investigación y difusión de la Provea, afirma que el operativo debe su nombre a que “desde un primer momento el Ejecutivo Nacional intentó posicionar la idea de que el fenómeno de la inseguridad y la violencia en Venezuela era consecuencia de la actuación de los paramilitares que estaban vinculados a sectores de la derecha y de la oposición venezolana”
El criminólogo Javier Gorriño asegura que no ha generado casi ningún efecto en la reducción del fenómeno delictivo y que “el único efecto es la parte efectista, es decir, el efecto publicitario que pueda tener, el efecto comunicacional”. Luis Izquiel abogado penalista y criminólogo coincide en que “las OLP no han disminuido el delito pero lo que sí han hecho es violar masivamente los Derechos Humanos de los venezolanos”.
La falta de resultados de estas operaciones se debe, según Izquiel, a que no parece haber una determinación de objetivos previos a la operación, pues los jefes de las bandas de los lugares donde se realizan las OLP normalmente huyen y no son capturados.
Otro elemento a tomar en consideración es la pretensión de solucionar el problema de la inseguridad solo con acciones policiales. Izquiel explica que hay más factores que inciden como la impunidad, un sistema carcelario que multiplica delincuentes o los problemas sociales como el embarazo precoz y la deserción escolar.
“Hay una cantidad de factores que son distintos a la policía y que tampoco están siendo abordados por el gobierno nacional. Sí atacas uno solo de estos aspectos no vas a tener éxito, tienes que abordar la inseguridad de forma integral, como corresponde”, señala.
Gorriño considera que la OLP tiene un gran problema legal, pues la Constitución establece que solo se puede detener a quienes estén cometiendo el delito en el momento o a quienes sean solicitados por un juez. “No existe ninguna parte legal en la que se pueda apoyar”, indica el experto.
En estos operativos se han presentado múltiples casos de violaciones a los derechos humanos. Rodríguez informa que han registrado “un total de 976 viviendas destruidas por agentes de la fuerza pública, más de 1500 desalojos y desahucios en organismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, cerca de 17 mil detenciones arbitrarias, ilegales y que sin embargo permanecieron detenidos entre 14 y 45 días”. 245 personas perecieron a manos de agentes de seguridad durante las OLP del 2015, según refirió el Ministerio Público.
La coordinadora de la Red de Apoyo por la Justicia y Paz, Laura Roldán, considera que la OLP “no garantiza la seguridad de nadie, porque va dirigido y criminaliza a los sectores más populares”. Asegura que la agrupación maneja muchas denuncias de detenciones arbitrarias, hurto y allanamientos por parte de los funcionarios que llevan a cabo estas operaciones. Precisa que se está sustentado la denuncia sobre dos asesinatos presuntamente registrados en el marco de uno de estos operativos, así como la desaparición de 12 personas en una acción ejecutada en octubre en Barlovento.
Los voceros de las ONG lamentan que las denuncias de violación a los derechos humanos han tenido respuestas muy escazas por parte del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo, instancias que, según Rodríguez y Roldán, no se han tomado medidas para evitar esta situación.
Izquiel, Rodríguez y Roldán coinciden en que la OLP debe ser eliminada ya que no incide en la disminución de la delincuencia en el país y viola los derechos humanos de los venezolanos.
“Son operativos concebidos bajo la lógica de mano dura que siempre va a generar violaciones a los derechos humanos, pero esas violaciones se amplifican cuando son alentadas por las propias autoridades del Estado venezolano”, advierte Rodríguez.
* Claudia Buffi es estudiante de Comunicación Social de la UMA.
