Francelis Carupe.-
La Universidad Monteávila (UMA) fue sede del VI Congreso Internacional de Derecho Procesal Constitucional y IV Congreso de Derecho Administrativo, evento que se realizó el 10 y 11 de noviembre y en el que se debatió sobre diálogo judicial, derechos humanos, estado de excepción, y las competencias del juez constitucional y administrativo.
La ocasión fue propicia para que el profesor Gonzalo Pérez Salazar, coordinador académico de la UMA, rindiera homenaje a Carlos Ayala Corao, experto en derecho constitucional y promotor de derechos humanos, a quien calificó como uno de los juristas venezolanos con “mayor proyección y respeto a nivel internacional”.
El eje central fueron los derechos humanos bajo el contexto de la realidad venezolana y latinoamericana; así como también el control de convencionalidad del diálogo judicial. “Es un tema de circulación de ideal de nuestras altas cortes en toda Latinoamérica y Europa” resaltó Pérez Salazar.
El congreso contó con la presencia de más de 25 invitados nacionales e internacionales, entre los que destacaron Francisco Javier García Roca, director de Doctorado de la Universidad Complutense de Madrid; Humberto Nogueira Alcalá, director del Doctorado de la Universidad de Talca en Chile; y Néstor Pedro Sagí¼és, presidente emérito de la Asociación Iberoamericana del Derecho Procesal en Argentina. Entre los ponentes venezolanos se encontraban Cecilia Sosa Gómez, Antonio Canova, Gerardo Fernández, Rafael Chavero y Rafael Badell Madrid.
En el encuentro María Amparo Grau, abogada y profesora de la Universidad Monteávila, planteó el tema de los derechos económicos de los particulares como límite a la actividad empresarial del estado. Manifestó que hay que exponer y destacar cómo hacer un “replanteamiento de la actividad del Estado en la economía”.
Insistió que se debe instar y exhortar al Estado para que se adecue a las “normas constitucionales”. Advirtió que en Venezuela se tiene que crear conciencia sobre los problemas que están afectando al país.
Durante esta conferencia el abogado Antonio Canova desarrolló el tópico de los derechos sociales y la pobreza. Subrayó que la situación que atraviesa Venezuela “no es un tema fácil”. “Existen problemas en los servicios públicos, en la salud, la educación, la vivienda, el desempleo, la seguridad”, anotó.
Resaltó que los derechos sociales están sujetos a la persona y por lo tanto “son exigibles” y el Estado tiene obligaciones con los ciudadanos.
Manuel Corado de Paz, director general del Centro Iberoamericano de Investigaciones Jurídicas y Sociales de México, abordó el tema del derecho a un ambiente sano. Hizo énfasis en el carácter internacional del mismo y cómo se ha ido interiorizando en cada uno de los estados. “Independientemente del lugar donde nos encontremos, los problemas ambientales se generan, no tienen fronteras, entonces de ahí la trascendencia”, señaló.
Durante la ponencia de Henry Isaza, director del Centro de Investigaciones Jurídicas y director del Departamento del Derecho Procesal de la Universidad Autónoma de Chiriquí de Panamá, se analizó cómo se han incorporados los tratados internacionales a nivel de las constituciones latinoamericanas.
Explicó cómo los Estados que hacen parte del sistema interamericano de protección de los derechos humanos tienen que adecuar su derecho interno a los estándares de lineamientos y principios que “han sido fijados por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos a través de su jurisprudencia y a través de sus opiniones consultivas”.
Recordó que Venezuela “denunció” la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero destacó que el artículo 23 de la Carta Magna establece que “los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorable a las establecidas por esta Constitución y la ley de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del poder público”.
Añadió que todos los tratados en derechos humanos “tienen rango constitucional”
El jurista aseveró que “hay un espíritu que recorre toda América, y es el espíritu de los derechos humanos”. Añadió que los docentes universitarios y todos los ciudadanos deben pensar en proteger, divulgar los derechos humanos, sobre todo “pensando en las futuras generaciones”.
“Si tenemos ciudadanos y sociedades que entienden cuáles son sus derechos, por supuesto que los van a defender, van a reclamar y los van a exigir de una manera respetuosa o judicialmente“, enfatizó.
* Francelis Carupe es estudiante de Comunicación Social de la UMA.
* Luis Rodrigues es estudiante de Comunicación Social de la UMA. Â
