Francelis Carupe.-
Actualmente Venezuela presenta graves trastornos económicos y esto ha tenido como consecuencia el desgaste de los derechos humanos. La situación de la salud pública, la crisis en la educación y los índices de violencia se han agravado en los últimos dos años, problemas que, según destacó el coordinador general de la organización no gubernamental Provea, Rafael Uzcátegui, deben ser atendidos con urgencia.
“Una buena hoja de ruta seria comenzar a cumplir lo que está establecido en la Constitución. Hay una serie de elementos, de indicadores, de herramientas que si comenzamos por ahí puede ser un buen camino para mejorar en un corto plazo la situación de derechos humanos en el país. Además la Constitución cuenta con el consenso de toda la sociedad”, comentó.
Uzcátegui advirtió que “la crisis que se vive actualmente en el país ha generado una reacción de desesperación en las personas. En los últimos meses han ocurrido los llamados linchamientos, hay  indignación y una situación de violencia generalizada que dice que el sistema actual de justicia en el país no está funcionando. Se tienen que tomar medidas democráticas para garantizar la seguridad ciudadana”.
Destacó que la conflictividad política está agravada a nivel social por la situación de crisis económica y la escasez crónica de alimentos. “La gente está comiendo menos, los niños están comiendo menos”, alertó.
“Le hacemos un llamado a la gente que ahora en estado de excepción se reúna, se exprese y manifieste de manera pacífica”, afirmó.
Al momento de puntualizar sobre violaciones de derechos humanos, registrados en el informe anual 2015 que recientemente presentó la agrupación, el vocero de Provea subrayó que la ausencia de independencia del Poder Judicial venezolano es uno de los problemas más cuestionados por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y el Comité de Derechos Humanos del Alto Comisionado de Naciones Unidas.
Con relación al cierre de los distintos medios de comunicación, las denuncias de censura y la represión de las manifestaciones, Uzcátegui aseveró que existe un giro preocupante que  deja el espacio democrático cada vez más reducido. Uno de ellos es la posibilidad de que el pueblo exprese su opinión. “Derecho que no se defiende es un derecho que se pierde”, recalcó.
Según el informe anual de Provea, en 965 casos de violaciones al derecho a la integridad personal ocurridos en 2015 se identificó a los organismos responsables.
Insistió que los funcionarios que sean acusados de cometer violaciones de derechos humanos o señalados de participar en delito deben ser sancionados o desincorporados de su labor.
El estudio elaborado por la ONG resaltó que en el periodo de enero a diciembre del 2015 hubo 3.719 denuncias sobre deficiencias en salud, Â un aumento de 40% en relación a 2014; mientras que el presupuesto deficitario a universidades provocó deterioro generalizado de la calidad educativa.
* Francelis Carupe es estudiante de Comunicación Social.
