Jamal Khashoggi, escándalos sin consecuencias

Isabella Blanco.-

Fotografía: Cortesía.-

 Principe Arabia

El año pasado la figura de Mohamed bin Salmán, príncipe heredero de Arabia Saudita, estuvo en el ojo del huracán, tras el dantesco homicidio del periodista disidente Jamal Khashoggi. A pesar del escándalo mundial, las consecuencias parecieran no marcar una diferencia en el proceder del reinado. Los derechos humanos dan pie a este resumen informativo del 2018.

Arabia Saudita es una monarquía absoluta regida bajo el Corán y el Sunna, es parte de la Organización de las Naciones Unidas y convive con los lineamientos que esta dicta. Al finalizar el 2018 se encontraba ubicada en el puesto 169, de 180, en la lista de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, ofrecida por Reporteros sin Fronteras.

La libertad de expresión es un privilegio que medianamente los saudíes pueden gozar fuera de su país. A pesar de la persecución, tanto dentro del país como a disidentes en el exterior, durante los regímenes anteriores a Salmán bin Abdulaziz, no había dado lugar a la participación de la comunidad internacional ante la violación de los derechos humanos, pero con Mohamed bin Salman, se ha vuelto posible.

Designado ministro de Defensa en el 2015,  llevó a Arabia Saudita a la guerra en Yemen además de empezar un bloqueo económico contra Qatar y ser nombrado príncipe heredero en 2017, Bin Salman formalizó el proyecto “Saudi Vision 2030”, el cual, económicamente, busca vender activos públicos, reinvertir los fondos y recaudar ingresos a través de canales contrarios al petróleo. El inicio del plan es ser la parte flotante de Saudi Aramco, la compañía petrolera nacional.

A pesar de cautivar a parte de la  población, surgieron críticas. Essam Al Zamil, economista, se mostró en desacuerdo. Alegó, a través de sus redes sociales, que el Aramco vendido a $2 billones demandaría la unión de las reservas de petróleo en las ventas. Seguidamente, conjunto con otras personalidades críticas a  Salmán, fue encarcelado en el mes de septiembre del año pasado sin poseer ningún cargo judicial hasta un año después que fue acusado de terrorismo, según reseñó en su momento la agencia Reuters.

El padre Salman Al- Awda, el poeta Ziyad bin Nacheet y el escritor académico Abdullah al-Maliki,  además de activistas en materia de derechos humanos, como Louljain Al-Hathloul, Waleed Abu al-Khair, y Mohammed al-Qahtani, son algunos de los retenidos en esta ola de arrestos que “apunta a los últimos vestigios de la libertad de expresión”, según denunció Amnistía Internacional el año pasado.

Para finales del 2017 el gobierno saudí razonaba su proceder, cuestionado por instancias internacionales, como la creación de un movimiento para monitorear “las actividades de un grupo de personas en beneficio de las partes extranjeras contra la seguridad del reino y sus intereses, metodología, capacidades y paz social para estimular la sedición y perjudicar la unidad nacional», conforme a la institución llamada “Seguridad del Estado”, encargada del control antiterrorista y de la inteligencia nacional.

En noviembre del año pasado el príncipe heredero dio inicio a la cuestionada “campaña anticorrupción”, donde se privó de libertad a centenares de empresarios, príncipes, funcionarios y exfuncionarios del gobierno dentro del lujoso hotel Ritz Carlton, ubicado en la capital Riyadh, bajo la excusa de haber robado del Estado grandes sumas monetarias. La mayoría eran personajes principales del reinado de Abdalá bin Abdulaziz.

Los acusados fueron forzados a pagar una cantidad acordada con el gobierno la cual se cifró en más de 106 mil millones de dólares en efectivo, además de los bienes materiales de los procesados, según Reuters.

Mientras Mohamed bin Salmán, a inicios de año, realizaba campañas internacionales obteniendo una imagen positiva de su gestión y control sobre el país gracias al alejado alzheimer de su padre, Jamal Khashoggi, quien se consideraba leal a la corona, en su columna para The Washington Post,  además de apoyar a los levantamientos sirios iniciados en el 2011, se dedicaba a refutar las políticas represivas, el manejo de la política exterior y el uso de términos del príncipe saudí al referirse a los críticos de sus gestión como “extremistas”.

Omar Abdulaziz, activista político residenciado en Canadá, en una entrevista para The Washington Post, admitió trabajar en un proyecto con Khashoggi que consistía en desafiar a simpatizantes del gobierno saudí, vía internet, además de gestionar la producción de un cortometraje. “Un sitio web de seguimiento de los derechos humanos y un proyecto a favor de la democracia”, afirmó.

A pesar de temer su arresto por parte del gobierno tras haber huido en 2017, Khashoggi se dirigió al consulado saudí en Turquía para obtener la certificación de divorcio de su primer matrimonio para casarse nuevamente con su prometida Hatice Cengiz. El dos de octubre, alrededor de la una y media de la tarde,  ingresó a las instalaciones para no volver a ser visto.

Desde ese momento todos los ojos del mundo se centraron en Arabia Saudita y propios y extraños se horrorizaron ante el crimen que ocuparía primeras páginas y llamadas telefónicas del altísimo nivel.

Fuentes cercanas a Khashoggi dijeron que oficiales de la corona lo habían contactado meses previos a su desaparición para ofrecerle un trabajo de alto prestigio dentro del gobierno si retornaba. Sin embargo, dadas a las circunstancias en las que suelen desaparecer a enemigos del estado, este decidió no confiar en las intenciones de los oficiales.

Tras semanas de posiciones ambiguas, gracias a la presión internacional, oficiales saudíes admitieron la muerte del periodista y acusaron a grupos clandestinos cuyo objetivo era llevarlo a Arabia Saudita nuevamente.

A pesar del gran escándalo que se creó tras la muerte de Khashoggi, las intereses políticos y económicos de Mohammed bin Salman parecieran no haber sido afectados. El aumento de las persecuciones y las restricciones impuestas a sus críticos no está cerca de parar como las políticas aplicadas hacia países en la región, pues para el príncipe, futura figura de Arabia Saudita para las próximas décadas, el control dentro de sus fronteras y de la región es esencial para sus proyectos en desarrollo.

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