A los 70 años del Instituto de Derecho Público de la UCV

Carlos García Soto.-

En toda sociedad democrática, o que al menos tenga aspiración a serlo, es necesario que algunas instituciones y personas se dediquen a la reflexión sobre el Estado y los ciudadanos y las relaciones, tensas muchas veces, que se establecen entre el poder y las personas.

Una de las instituciones fundamentales de la vida académica venezolana en la que se ha estudiado al Estado venezolano ha sido el Instituto de Derecho Público de la Universidad Central de Venezuela, que este año cumple 70 años de su fundación. Vale la pena por ello conocer la historia del instituto, y celebrar su nuevo aniversario, precisamente hoy, cuando la situación de la universidad venezolana y de sus profesores es tan precaria, como ha quedado gráficamente relatado aquí en Prodavinci en el especial Soy una profesora en Venezuela.

Si bien el Derecho Constitucional y el Derecho Administrativo se comenzaron a estudiar en la universidad venezolana hace más de cien años, sólo sería con la llegada de la democracia cuando se podrían implementar controles jurídicos verdaderos al Estado venezolano. De tal manera, desde 1958 y hasta 1999 el Derecho Público fue un instrumento que, con sus fallos, permitía confrontar las decisiones estatales ante un conjunto de principios y normas que debían ser aplicados por los jueces. Ese proceso se interrumpió a partir de 1999, cuando comenzó el desmantelamiento de los controles jurídicos al Gobierno, y que ha implicado una crisis general para todo el Derecho Público.

Durante el período democrático la Constitución fue la norma fundamental para la organización del Estado y la protección de los derechos de los venezolanos, y se dictaron las normas fundamentales para el Derecho Administrativo, como la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, la Ley Orgánica de la Administración Central, la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, la Ley de Carrera Administrativa, Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público y tantas otras. Por supuesto, la jurisprudencia que interpretó esas Leyes en la Corte Suprema de Justicia y en la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo también contribuyó a establecer los perfiles del control de la actuación de la Administración Pública.

En todo este proceso jugaría un papel determinante el Instituto de Derecho Público de la UCV. El Instituto sería fundado en 1948, si bien la bajo la denominación original de Seminario de Derecho Público hasta 1953, según el régimen jurídico vigente para la época. Desde su inicio estaría bajo la dirección del profesor español Antonio Moles Caubet con el apoyo del profesor italiano Juan De Stefano.

Tal y como ocurre décadas después con profesores venezolanos, estos profesores salieron de sus países en los que se sentían oprimidos para ir al extranjero a estudiar y enseñar con libertad. Luego el Instituto sería dirigido por los profesores Allan R. Brewer-Carías, Gustavo Urdaneta Troconis, Jesús Cabellero Ortíz, Alfredo Arismendi y de nuevo Gustavo Urdaneta Troconis, quien es el actual director de instituto.

Tal y como advierte quien fuera su director en el período 1978 y 1987, el profesor Allan R. Brewer-Carías:

“Entre todas las instituciones universitarias que contribuyeron a ese desarrollo del derecho administrativo en el período del Estado democrático de derecho, sin duda, el rol determinante lo jugó el Instituto de Derecho Público de la Facultad de Derecho (luego transformada en Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas) de la Universidad Central de Venezuela, el cual durante buena parte de la segunda mitad del siglo XX, fue la institución que asumió el liderazgo en la materia. Ese proceso, sin embargo, no surgió de la nada sino que tuvo sus raíces una década anterior a la Revolución democrática de 1958, al producirse la primera etapa, aunque fallida, de la democracia contemporánea venezolana (1945-1948)”.

El Instituto de Derecho Público sería un semillero de investigadores e investigaciones en torno al Estado venezolano y sus formas de control jurídico. En ese sentido, haría una labor paralela a la realizada por el Instituto de Estudios Políticos, también en la Universidad Central de Venezuela. En el Instituto se formarían las nuevas generaciones de profesores de Derecho Constitucional y Administrativo, se impulsarían investigaciones y la salida al extranjero de jóvenes profesores para su formación, además de eventos académicos con invitados nacionales e internacionales, junto con la publicación de muchos estudios en torno al Derecho Público.

Hoy el Instituto de Derecho Público sigue impulsando la investigación y la divulgación del Derecho Público, a través de ciclos de charlas y publicaciones, que son reseñadas, por ejemplo, en su cuenta de Twitter: @idpUCV. En esos eventos y estudios se intenta mantener el espíritu crítico ante las actuaciones del Estado venezolano, ofreciendo además pistas para la reconstrucción de nuestra institucionalidad

Es muy estimulante constatar que a pesar de la demolición del Estado de Derecho en Venezuela, el Instituto de Derecho Público sigue allí, como un testimonio de los principios del Estado de Derecho frente al desenfreno del Poder. 70 años de constante prédica sobre la necesidad de la sujeción jurídica del Poder político y de propuestas para la organización y funcionamiento del Estado venezolano.

Aun cuando ello parezca hoy una ingenuidad.

*Carlos García Soto es profesor de la Universidad Monteávila

 

 

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