Economí­a para la gente | ¿Es justa y social la Justicia Social? (I)

Rafael J. Avila D.-

Todos somos diferentes; iguales en dignidad, pero diferentes en talentos, en inteligencia y voluntad. Foto: El venezolano

Introducción

Esta reflexión nace de una conversación con un gran amigo, como hermano, además profesor de Ética de nuestra querida y prestigiosa UMA (que no es cualquier cosa), ambos interesados en conciliar polí­ticas y teorí­as económicas con nuestra fe católica, defensora de la libertad y dignidad humana.

La discusión con este entrañable amigo, me animó a escribir esta humilde reflexión.

La ignición del asunto está en una frase de la carta encí­clica CentessimusAnnus, en la que Su Santidad Juan Pablo II, exhorta a la sociedad a entender la importancia de que el trabajador disfrute de un salario suficiente. Creo que nadie estarí­a en desacuerdo con lo loable de este propósito.

Ahora, tratemos de reflexionar cómo logramos esto. Recordemos que la intención de nosotros (mi amigo y yo) es en todo momento tener nuestra consciencia tranquila, pues ante todo, somos cristianos católicos; de forma desinteresada, con la mejor de las intenciones, queremos conciliar teorí­a económica con nuestra consciencia, con nuestra fe católica.La economí­a, y así­ la polí­tica, están para servir a la persona, y no al revés.

Antes de ello, creo importante definir y comentar en torno a dos conceptos: salario suficiente y salario justo.

Salario suficiente y salario justo

¿Habrá manera de calcular el salario suficiente de cada quién? Creo que no. ¿Podrá saber alguien cuánto es el salario suficiente de otro? Creo que no, y por una condición natural: somos de mente limitada. Humanamente no es posible tener, poseer, captar, manejar, toda la información necesaria y suficiente, presente y futura, para poder calcular objetivamente el salario suficiente de un tercero. Si esto es cierto, por lo tanto, sólo la misma persona puede conocer mejor esta información y decidir el salario que en un momento es suficiente para ella.

¿Será suficiente un salario que sólo cubra el alimento, vestido y servicios básicos del mes? o, ¿Por qué no mejor uno que alcance para además de ello, adquirir un vehí­culo por cuotas? Pero, ¿Cuál vehí­culo? ¿Uno pequeño porque si es grande y lujoso ya serí­a más que suficiente? ¿Por qué no? ¿Por qué sí­? ¿Y si la familia está a dieta, ingiere menos alimentos, podemos reducir lo que serí­a un salario suficiente? ¿Y si compra salmón? ¿O ya serí­a eso superior al suficiente?… Ya el cálculo se nos complicó, ¿cierto?

Por supuesto un trabajador podrí­a tratar en una negociación de obtener más que su salario suficiente, pero ya allí­ entramos en un tema ético. De igual forma podrí­a tratar un patrono en una negociación de pactar un salario menor que el suficiente del empleado. Pero de nuevo, hay un problema ético. Sin embargo, creo que hay forma de regular esta situación, o el aparecimiento de esta situación: permitiendo que se auto-regule. ¿Y cómo se lograrí­a esa auto-regulación? En breve lo abordaremos…

Ahora acerca del salario justo: ¿Habrá manera de objetivamente calcularlo? ¿Justo para quién? Depende de a quién le preguntemos. Si le preguntamos al trabajador, muy probablemente dirá que mientras más elevado, más cuantioso, más justo será. En cambio, si le preguntamos al patrono, con alta probabilidad dirá que mientras más bajo, más justo será. ¿Y entonces? ¿El justo será el punto medio? Creo que no necesariamente será ese. Entonces, ¿Cómo lo definimos? ¿Quién lo define?

Ví­as para definir el salario

Planteo una primera ví­a: el gobierno define el salario suficiente y justo.

La primera reflexión es, ¿Podrá el gobierno, es decir, los funcionarios de turno, no olvidar, personas, tener toda la información necesaria y suficiente, presente y futura, para conocer y determinar el salario suficiente y justo de cada uno de los miles y miles de trabajadores? Mi intuitiva respuesta es que no, porque aunque pudiera tener más y mejor información que otros, nunca la tendrá absoluta, pues también son humanos, igual que nosotros, los que no somos gobierno.

Si a pesar de esta natural limitación, de la que no hay que sorprenderse ni lamentarse, el gobierno decide dar el paso y definir un salario determinado como suficiente y justo, simplemente será una imposición. Si decide colocar un monto único y especí­fico, igual para todos los casos, pues simplemente será injusto; suficiente posiblemente para algunos casos, insuficiente para otros. Y además tendrá que revisarlo con frecuencia, pues la inflación, generada por el mismo gobierno, se “comerá” el poder de compra de ese salario afectando el bienestar del trabajador. Y aunque imaginemos que se define un salario como justo para cada profesión, seguirá siendo injusto, pues aun siendo de la misma profesión, cada persona es diferente. Si ahora nos ponemos en la posición de la empresa contratante, también será injusto, pues tal vez algunas podrán pagarlo y tal vez otras no.

Es como tratar de ir en contra de una condición natural, que es todos somos diferentes; iguales en dignidad, pero diferentes en talentos, en inteligencia y voluntad. Seguir por este camino es caer en la fatal arrogancia de creer que se posee todo el conocimiento necesario para hacer ese preciso cálculo; cosa simplemente imposible, pues el conocimiento es disperso.

Esta situación se da cada vez que el gobierno establece su polí­tica laboral, o leyes laborales: salario mí­nimo, inamovilidad laboral, entre otras medidas; que aunque tengan las mejores intenciones, terminan imprimiendo rigidez al mercado laboral, lo que se traduce en “des-estí­mulo” a emplear personas, causando desempleo. Son leyes que protegen tal vez a la persona que ya está disfrutando de un empleo, pero que seguramente perjudica a quien sale a la calle a buscar trabajo. Ganan los que ya están empleados y el gobierno (polí­ticamente), y pierden los que están desempleados y quieren trabajar.

Planteo una segunda ví­a que intente resolver el punto de la definición del salario justo y suficiente: se sientan a negociar el patrono y el empleado.

… pero intentemos desarrollarla en el próximo artí­culo.

*Rafael J. Avila D. es Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Universidad Monteávila

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