Defensorí­a no vela por derechos humanos de los venezolanos

Laura Méndez.-

En los últimos años han aumentado las  protestas y la represión en Venezuela. Foto: Cortesí­a

La Defensorí­a del Pueblo en Venezuela nació como una lucha producto del sueño democrático de organizaciones encargadas de promover los derechos humanos en el paí­s, las cuales se inspiraron en la figura del ombudsman, un mecanismo de control de la administración pública fundado en Suecia en el siglo XVI.

En 1999 la Asamblea Nacional Constituyente resolvió introducir este organismo en la actual Constitución.

Dentro de las competencias de este organismo se encuentran promover, defender y  vigilar los derechos y garantí­as establecidos en la Carta Magna y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Su misión es actuar como un organismo comprometido a lograr “pleno reconocimiento y protección de la dignidad de todas las personas, fundamentalmente de aquellas en situación de discriminación, marginalidad y vulnerabilidad”.

Actualmente el paí­s se enfrenta con una de las más duras crisis a nivel polí­tico, social y económico. Según el informe de Human Rights Watch de 2017, desde el 2014 hasta la actualidad la escasez de medicamentos; insumos médicos y alimentos se ha intensificado, sin que hasta ahora el gobierno haya podido dar respuestas que solucionen el problema. El estudio indicó que la situación en Venezuela se ha agravado con las detenciones arbitrarias a manifestantes, abusos cometidos por fuerzas de seguridad, redadas policiales y militares en sectores populares y la pérdida de la independencia judicial.

En el informe anual del 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuestionó la situación de los derechos humanos en Venezuela. En el 2016, por falta de pronunciamiento interno sobre las violaciones de derechos humanos en el paí­s, el subcomité de acreditación de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la ONU degradó a la Defensorí­a del Pueblo venezolana de clase A a clase B, la cual implicó la pérdida de su derecho de palabras en el organismo.

El coordinador de la organización no gubernamental Una ventana a la libertad, Carlos Nieto Palma, aseguró que la Defensorí­a del Pueblo, hoy dirigida por Tarek William Saab, no ha asumido ningún rol a favor de los ciudadanos y, a su juicio, se ha decantado por amparar al gobierno.

“La Defensorí­a del Pueblo está actuando como un militante polí­tico y no como un organismo de Estado encargado de la defensa de los derechos humanos de todos los ciudadanos”, denunció.

Un grupo de ONG exigió renuncia del defensor Tarek William Saab. Foto: Cortesí­a

Nieto subrayó que este organismo debe promover la vigencia de los derechos humanos sin ningún tipo de exclusión ya sea de í­ndole social, sexual económica y menos por razones de cohorte polí­tico.

El coordinador de la organización no gubernamental Un Mundo Sin Mordaza, Oscar Patiño, aseveró que la postura asumida por la Defensorí­a “versa entre lo ilegal-inconstitucional y lo irresponsable”. Indicó que su verdadero rol deberí­a ser el de proteger  los derechos humanos consagrados en la Constitución y los tratados internacionales, así­ como velar por el buen funcionamiento de los servicios públicos y combatir las arbitrariedades y los desví­os de poder.

Ambos activistas señalaron que todos los venezolanos se ven afectados por la crisis que atraviesa el paí­s. Los derechos humanos se violan en Venezuela a todo el mundo, independientemente de su condición polí­tica. A los presos en Venezuela se le violan sus derechos humanos todos los dí­as y los presos no son actores polí­ticos; a los enfermos que asisten a un hospital y no son atendidos porque no hay medicinas se le violan sus derechos humanos y ahí­ no influye la condición polí­tica; igual al que hace cola todos los dí­as para comprar comida porque no se consiguen los alimentos, se le violan sus derechos humanos y yo te aseguro que el 80% de ellos no militan activamente en un partido polí­tico”, comentó Nieto.

Patiño aseguró que la falla principal de la actual gestión de la institución es la falta de imparcialidad, a pesar de los intentos del actual defensor en generar un mayor acercamiento hacia los grupos contrarios al gobierno. Sin embargo, aseguró que Saab no cumple sus funciones correctamente ya que, según anotó, deberí­a recopilar la mayor cantidad de denuncias y multiplicar los esfuerzos para garantizar igualdad de condiciones e igual respeto de los derechos para todos.

Nieto afirmó que a pesar de que el venezolano reclama sus derechos no hay instituciones públicas a las cuales pueda acudir para su defensa. Señaló que las ONG atienden y asesoran a las ví­ctimas, pero reconoció que no tienen la capacidad de intervenir más allá ya que no disponen de los recursos para eso.

A juicio del coordinador de una Ventana a la libertad, Saab no está cumpliendo con su trabajo y esa es la principal razón que motivó a distintas organizaciones no gubernamentales de Venezuela a exigir su renuncia a través de una carta en donde se enfatiza que no está calificado para el cargo.

* Laura Méndez es estudiante de Comunicación Social de la Universidad Monteávila.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Pluma