Cuando el presidente se sienta en el banquillo del juicio político

Fabiana Ordóñez.-

Rousseff fue destituida tras ser sometida a juicio político. Foto: photopin (license)

El mecanismo que permite la destitución de un presidente empezó en el siglo XVII, en las colonias inglesas de América del Norte. Las asambleas legislativas usaban frecuentemente el “impeachment” -también conocido juicio político- para remover a los gobernadores. El primero de estos casos que llevó a deponer de su puesto a un alto funcionario fue el del gobernador real de Virginia, John Harvey, en 1635.

Alexander Hamilton, uno de los redactores de la Constitución de Estados Unidos, argumentó a favor de un juicio político diseñado a partir del Poder Legislativo con exclusión del Poder Judicial: la Cámara Baja obraría como órgano acusador y la Cámara Alta como órgano judicial.

En la historia política de los Estados Unidos solo tres presidentes han sido sometidos a un juicio político: Andrew Johnson, Richard Nixon y Bill Clinton.

En los casos de Johnson y Clinton las acusaciones no trascendieron ante el Senado; mientras que Nixon renunció a la presidencia antes de ser imputado.

En Latinoamérica son conocidos los casos de destitución de Fernando Collor de Mello en Brasil, Carlos Andrés Pérez en Venezuela, Alberto Fujimori en Perú, y, recientemente, Dilma Rousseff, también en Brasil.

Un gobierno puede enfrentarse con frecuencia a numerosas crisis políticas originadas por diferentes causas y se señala la dificultad de su resolución dentro de los mecanismos internos del sistema. Si por ejemplo un presidente a lo largo de su mandato ha perdido la legitimidad mínima y no ha logrado una eficacia suficiente en su gestión como para garantizar una estabilidad del régimen, el único recurso que se plantea dentro del presidencialismo (fuera de la poco esperada renuncia) es el juicio político.

El juicio político no tiene el mismo diseño en todos los países. En muchos de ellos —y con maneras diferentes— son las cámaras del Congreso las que acusan y juzgan a los funcionarios imputados, y si los encuentran culpables pueden destituirlos de sus cargos y remitirlos luego a la justicia para el juzgamiento del presunto delito cometido.

Para tener una visión concreta sobre el tema habría que evaluar cada caso en particular, ya que el juicio político varía por sus condiciones en cada país, pero en cualquier escenario afecta la estabilidad del sistema político.

El internacionalista Gustavo Paniz recuerda el caso de Carlos Andrés Pérez, juicio político que, según señala, fue muy grave porque no estaba dentro de las formulas constitucionales, se realizó a través de los tribunales y no se respetó el voto popular.

El éxito de un juicio político radica en el diseño y estructura institucional de cada país, la impopularidad del presidente, el conocimiento de un escándalo o prueba que ponga en evidencia al acusado, el papel de la prensa que propaga los detalles del caso, y la movilización ciudadana que retroalimenta la función de los periodistas y el compromiso de los legisladores.

Históricamente, después de que un país atraviesa un juicio político, suele incrementar su eficacia gubernamental y social, reflejándose en los manejos de posteriores gobiernos en los que la ciudadanía e instituciones trabajan por mantener la democracia.

Paniz afirma que en un país como Venezuela, donde impera un régimen presidencialista, las condiciones cambian en comparación a otro donde se implemente un sistema parlamentario, porque en este último la estabilidad política reside en el partido que obtuvo más votos, mientras que en el primero está atado a la figura del jefe de Estado.

* Fabiana Ordóñez es estudiante de Comunicación Social de la UMA.

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