Marianella Cremi.-
En su más reciente informe, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) aseguró que la tortura a manos de funcionarios militares y policiales aumentó en 508,25% con respecto al año pasado.
Se puede leer en el texto que en los primeros 9 meses de 2019 se denunciaron a nivel nacional 34 casos de torturas con un total de 554 víctimas.
“Es el registro más alto documentado por Provea en 31 años de monitoreo del derecho a la integridad personal en el país, superando a las 185 víctimas registradas en 2014”, señala el escrito.
En el informe se establece que entre los meses de enero y septiembre de 2019 murieron 21 personas a consecuencia de las torturas propinadas por agentes de la fuerza pública y que esto representa un aumento de 161,53% frente a las cifras registradas en 2018.
“En medio de un acelerado deterioro de la calidad de vida y de la extinción del Estado de Derecho, la tortura en Venezuela se ha convertido en una práctica generalizada y sistemática que se comete a diario en la mayoría de las cárceles y centros de detención del país”, expresó Provea..
De acuerdo con la investigación, el Cicpc encabeza la “penosa lista de torturadores de Venezuela” con un 46,57% del total de las violaciones, que supone ocho denuncias con 258 víctimas, y el Dgcim se ubica en segundo lugar, con 124 víctimas para un 22,38%.
“La mayoría de las personas torturadas fueron hombres, jóvenes y pobres, manteniéndose así el perfil histórico de las víctimas de este delito”, señala la organización. También agrega que las torturas generalmente consisten en “golpes; culatazos; descargas eléctricas; crucifixión; patadas e insultos”.
La ONG explica que en “la Venezuela de Maduro”, el poder del Estado se utiliza para cometer violaciones a los derechos que este “debe respetar y garantizar”. También señala que los abusos son respaldados por “la construcción de un marco jurídico que favorece la ejecución de crímenes contra los derechos humanos”.
“Las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos revelan la existencia de una política o plan de Estado dirigida a promover, tolerar y encubrir la comisión de abusos contra las garantías ciudadanas mediante prácticas dirigidas a causar terror en la población”, se lee en el informe.
*Marianella Cremi es estudiante de la Universidd Monteávila
Fotografía: Cortesía Provea
