Francelis Carupe.-
En Venezuela “se ha visto un crecimiento de la violencia e impunidad, no hemos mejorado y no se han acatado las recomendaciones”, sentencia el abogado Ronnie Boquier, miembro del equipo jurídico de la organización no gubernamental Cofavic, quien lamenta que el gobierno nacional no aproveche el espacio que significa el Examen Periódico Universal (EPU) para fortalecer el sistema democrático.
El EPU es un mecanismo diseñado por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para evaluar a los estados. Cada cinco años los países tienen la oportunidad de demostrar ante el mundo su desempeño y recibir las observaciones que le permitan mejorar.
El primer examen de Venezuela se realizó en el 2011 y obtuvo como resultado un total de 148 recomendaciones de 47 países. Ronnie Boquier. Sin embargo, acorde con el representante de Cofavic, desde ese momento no se han podido constatar avances importantes.
La semana pasada Venezuela fue evaluada por segunda vez. En el encuentro se presentaron 102 delegaciones, que tuvieron la oportunidad de expresar sus opiniones sobre el cumplimiento de los derechos humanos, análisis llevado a cabo mediante el estudio de tres documentos principales: los informes de la sociedad civil, la participación de los órganos de las Naciones Unidas y el informe presentado por el Estado.
En entrevista con Pluma Carlos Correa, director ejecutivo de la organización no gubernamental de Espacio Público, afirmó que en esta ocasión Venezuela recibió más de “250 recomendaciones”. El  Estado tiene que decir cuales acepta y cuales va a ejecutar.
“Entre los temas más presentes están la independencia del Poder Judicial y la libertad de expresión. Después se planteó con mucha fuerza el tema de la violencia y las tasas de criminalidad. Jamaica que es un país que tiene buenas relaciones con Venezuela, también planteó la situación de inseguridad y de la violencia en las cárceles”, indicó.
Correa resaltó que los países miembros de la ONU también mostraron su preocupación por el derecho a la salud y a la alimentación.
Boquier manifestó que Cofavic hizo énfasis en la necesidad de garantizar el derecho a la vida y a la integridad personal. “Buscar la prohibición de ejecuciones extrajudiciales, de desapariciones forzadas y de torturas. Lamentablemente tenemos una crisis de violencia e inseguridad”, apuntó.
“Pedimos al Estado que de las cifras claras con respecto a las diferentes violaciones de derechos humanos que existe en el país; que se tome una política de reparación integral a las víctimas de violaciones de derechos humanos sin discriminación de género; que se garantice que los cuerpos policiales tengan una formación en materia de derechos humanos”, agregó.
Según las cifras emitidas por esta organización, en el 2015 se registraron 1510 casos de presuntos violaciones a los derechos humanos.
Correa lamentó que el Estado venezolano no se muestre abierto a recibir las críticas que recibe. “Es muy ofensivo. Cuando le dicen que tiene que trabajar la independencia del Poder Judicial tiende a negar los hechos”, refirió.
Destacó que el EPU permitió que los países “se hayan dado cuenta de los graves problemas del país”.
Subrayó que la situación de los derechos humanos en Venezuela muestra las “debilidades de la institucionalidad pública”. Enfatizó que es muy difícil no relacionar la calidad de la democracia, la justicia social, la inclusión social y económica de las personas “si no se trabaja en una verdadera garantía de los derechos humanos”.
Boquier indicó que el Estado debe recuperar el “orden constitucional”, porque los derechos humanos “no son una eslabón perdido”. Insistió en que se deben fortalecer las capacidades de gestión y buscar soluciones.
Correa señaló que las recomendaciones constituyen una agenda para la “reinstitucionalización del país para que la mayoría de las personas que vivimos en este territorio de alguna manera tengamos dignidad y paz”.
* Francelis Carupe es estudiante de Comunicación Social de la UMA.
