El 2021 empezó con anuncios sobre posibles controles de precios por parte del Ejecutivo, además de acciones que limitan costos sobre servicios.
Adrián Rodríguez / Andrés Solórzano / Oriana Vargas
Entre enero y marzo de este año el Gobierno nacional se ha encargado junto con la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos de Venezuela (Sundee) de regular los precios de las tarifas de la empresa por suscripción SimpleTV, los seguros clínicos en casos de covid 19 y víveres de algunas cadenas de supermercados, lo cual hace temer a nuevos escenarios fiscalizadores.
En el Exelsior Gama de San Bernardino a finales de marzo llegó una comisión de la Sundee a bajar el precio de todas las verduras y obligó a que el pago en divisas sea exacto, ya que no permiten el vale como vuelto. “En cada caja hay una hoja de papel, donde recalca que no hay cambio ni vuelto en dólares para ningún usuario”, dijo Marisol Torres, trabajadora de este supermercado.
Así mismo, Astrid Mujica, gerente del supermercado Central Madeirense de la avenida Fuerzas Armadas, aseguró que desde enero no ha llegado  ninguna entidad reguladora a revisar nada, a pesar de los anuncios del Ejecutivo, y en esa oportunidad bajaron el precio de los huevos, vegetales y frutas, montos que ya se han incrementado por los proveedores.
No es secreto que el uso del bolívar como moneda oficial está marginado ante la creciente dolarización; sin embargo, las mayores exigencias del Banco Central de Venezuela (BCV) es que se respete el cambio oficial en el caso de las divisas.
«La inspección de precios es una medida distorsionante de la economía que  causa perturbación en los mercados e impide que el comercio transmita información a los agentes económicos, porque los precios los decide el Gobierno y todas sus señales son claras. En Venezuela no funcionó ni va a funcionar estos controles”, afirmó José Guerra, economista y diputado.
Guerra indicó que las actividades regulatorias posibilitan “actos arbitrarios y de corrupción” en el comercio lo que alimenta el mercado negro.
A su vez, explica que el comerciante se ve afectado con la regulación de costo porque se baja el margen de ganancia y el consumidor cree que el precio es más barato, pero realmente no lo es. “Tiene que hacer colas de tres, cinco, hasta 10 horas para obtener el producto deseado”.
Preocupación latente
El descontento con la inestabilidad de precios se hace notar entre algunos consumidores. Ada Vivero asegura que no le gustaría volver al 2017: “Me levantaba a las 5 am para recorrer los supermercados más cercanos y hacer mi respectiva cola diaria a ver si encontraba harina pan, leche para mi sobrina, crema dental, jabón, champú y había otras cosas que las compraba bachaqueadas. Prefiero que dejen los precios así y compre el que pueda”.
Vivero dice que todos los precios son en dólares y el equivalente en bolívares es muy duro. “Cada vez que mi hermano me envía dinero de Estados Unidos, tiene que aumentar la tarifa, él no lo entiende pero yo le digo que aquí nada se mantiene y la comida aumenta a diario”.
Mismo sentir lo tiene Riguey Espinoza, de 70 años, quien pasada hasta las 12 del mediodía en las colas de los supermercados tratando de comprar productos regulados con su sueldo de docente. Llegaba a las cuatro de la mañana, salía sola de su casa, caminaba cerca de 10 cuadras y aguardaba, ligando poder comprar los productos que correspondían a ese día.
“Ha sido de las cosas más humillantes que he vivido en mi vida, no había respeto de ningún tipo. Estoy negada a regresar a esa época, prefiero poder comprar lo poco que puedo comprar con la miseria que gano a volver a vivir lo que ya viví”.
La crisis obligó
Guerra recuerda que la Ley Orgánica de Precios Justos (LOPJ) siempre estuvo vigente. Acotó que en la actualidad hay una flexibilización en el uso del control de precios con su aplicación y “esa es una diferencia fundamental de otros años con este, a pesar que tienen varias inspecciones en algunas empresas privadas y públicas”.
Para el especialista, el gobierno nacional sobrevaloróÂ Â la escasez, ya que “era peor la subida de precios porque gracias a eso es que los anaqueles actualmente están llenos y las personas compran menos”.
Por su parte, el economista Carlos Carpio explica una de las principales diferencias de la dualidad  de los precios que vive Venezuela es que este año se incrementó el porcentaje de la población que pertenece a la dolarización desorganizada, lo cual ha hecho –a su parecer- que la mayoría de los precios se mantengan estables en divisas.
“También es cierto que con 100 dólares el año pasado compraban la cesta básica, ahora con 200 dólares compran la mitad de los productos”, reconoció.
A juicio de Carpio,  no es un tema de inflación en dólares, es que cada vez las distorsiones económicas se han ido rompiendo día a día y el mercado va asumiendo los costos para no perder  la ganancia de lo que vende, “aunque es notoria la brecha de desigualdad por la minoría de la población que cobra en divisas”.
Afirmó: “En el ámbito político, el Estado venezolano ya no tiene control  ni poder en la economía,  si antes se abocaron en dar bonos con programas de ayuda y misiones que no alcanzaban, ahora lo que hacen es que todo el gasto público va destinado a la defensa militar, ya que la única manera de continuar con el poder es con la fuerza”.
Carpio se remonta a 1940 para esquematizar la situación del país, cuando se produjo la caída del 50%, aproximadamente, en los suministros económicos ya que los ingresos deberían estar divididos entre la cantidad de población y el llamado Producto Interno Bruto per cápita.
“Con tantos años de hiperinflación y un crecimiento negativo con la misma cantidad de habitantes, el Estado ya no tiene para sostener tantos subsidios por ello es que hay fallas en todos los servicios públicos y las obras están paradas. Lo único que nos queda es continuar con nuestras funciones como ciudadanos”.
El especialista explica que en la actualidad existe un mayor estado de bienestar, porque “se ha roto de manera natural muchas restricciones y controles que tenía el Gobierno en la economía”.
Adrián Rodríguez / Andrés Solórzano / Oriana Vargas son estudiantes de la Universidad Monteávila
